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Criminalidad y delincuencia en 2020 y en 2021: balance y perspectivas

Escrito por Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz

En 2020 la delincuencia disminuyó debido a la pandemia, no a la gestión de las autoridades. La situación va a empeorar este año, y el gobierno no hará más que combatir el narcotráfico para cumplirle a Estados Unidos.

Juan Carlos Ruiz*

Un mérito que no es de ellos

El gobierno nacional y las administraciones locales muestran las cifras atípicas de disminución de los delitos en 2020 como una prueba de sus logros. Poco sirvió decirles que no era para menos: si las personas no pueden movilizarse, disminuyen el contacto social y las ocasiones para delinquir.

Los delitos no disminuyeron por la buena gestión del gobiernos nacional o los gobiernos locales, sino por la ausencia de transporte intermunicipal, la reducción en el uso del transporte público urbano, el cierre de los restaurantes y centros de ocio y el trabajo a distancia en los colegios y universidades.

Para reafirmar sus supuestos logros, las autoridades señalan que las cifras siguieron disminuyendo después de finalizar el confinamiento. Pero algunos sectores permanecen cerrados; y en todo caso el trabajo en casa, la educación a distancia, el comercio a media marcha, los repetidos toques de queda y la limitación de la movilidad todavía determinan el comportamiento criminal.

Los mandatarios locales se enorgullecen por la disminución del delito, ignoran la situación que se vivió en 2020 y evaden el aumento evidente de la criminalidad que azota al ciudadano de a pie. Es claro que la estadística criminal del año pasado será para siempre incomparable debido a la pandemia y al confinamiento.

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Tres desafíos en el 2021

En 2021 se va a desatar una tormenta en materia de seguridad por tres razones que se juntan. Desde ya, los ciudadanos perciben un deterioro acelerado de la situación, según confirman las encuestas más recientes.

  1. La primera razón es la violencia que siguió a la firma del Acuerdo de Paz. Como sucedió en otros países con conflictos resueltos en mesas de negociación, era de esperar que algunos de los antiguos combatientes se insertaran en nuevas redes criminales y otros delinquieran en las disidencias.Además, los antiguos territorios y negocios ilícitos de la guerrilla fueron copados violentamente por diversos grupos ilegales armados. Esta violencia propulsa nuevas formas criminales en las ciudades.
  2. A esta inseguridad pronosticada hace 4 años, se suma la migración masiva de venezolanos. Aunque no existen estudios detallados sobre su participación en las redes criminales en Colombia, los miembros de la fuerza pública expresan su preocupación por el aumento de ciudadanos venezolanos involucrados en asuntos criminales.Esto no lo afirman públicamente para evitar señalamientos de xenofobia. Pero seguramente la llegada atropellada de una población vulnerable, sin oportunidades ni trabajo y poco integrada es el caldo de cultivo para el delito.
  3. Para completar, el freno brutal a la economía y los récords de desempleo de 2020 garantizaron el aumento de la inseguridad. Mayor pobreza extrema y un paro desmedido siempre desembocan en el aumento del crimen.

El mal momento de la fuerza pública

Por si fuera poco, la fuerza pública está mal parada y el 2020 vivó un año de escándalos. La Policía estuvo en el ojo del huracán por el control de las manifestaciones del 21 de noviembre de 2019 y después sintió la embestida destructiva de los manifestantes por el asesinato de un ciudadano por parte de los policías.

Pero nuevamente el pésimo control de las masas en las manifestaciones del 9 de septiembre de 2020 dejó un saldo de más de una decena de ciudadanos asesinados por policías “gatillo fácil”. Esta situación no sucedía desde el paro cívico de 1977.

El liderazgo en el sector seguridad y defensa no pasa por sus mejores momentos. Los ministerios de Defensa, de Justicia, del Interior y la Consejería en la materia están descoordinados o desconectados.

la fuerza pública está mal parada y el 2020 vivó un año de escándalos.

Los comandantes de las Fuerzas Militares, el Ejército y la Policía no destacan ni son protagonistas como lo fueron algunos de sus antecesores, quienes gozaban de gran ascendiente entre la tropa y reconocimiento en la opinión.

Inclusive parece que la fuerza pública trabaja a media marcha en algunas regiones de Colombia donde se enraízan las bandas criminales que aumentan en número y primacía.

Foto: Pixabay Los alcaldes se verán superados por una criminalidad más grande, sofisticada y violenta.

Duque, el narcotráfico y la tasa de homicidios

Uno de los logros de la administración Duque en 2020 fue la erradicación de los cultivos de coca, un compromiso pendiente con la Casa Blanca. Si bien el 2020 no fue el año cuando más se erradicó, sí fue un año importante, ya que se alcanzó la erradicación más alta sin usar glifosato.

En el pasado, este método aportaba alrededor de un 50 % más de lo que aportaba la erradicación manual. Pero sin reiniciar la aspersión, el gobierno erradicó un 40 % más que en 2019.

Mientras que Santos erradicó durante sus ocho años en la presidencia alrededor de 386.000 hectáreas, Duque logró erradicar alrededor de 254.000 en apenas dos años y medio. Obviamente las cifras del gobierno colombiano no coinciden con las de la Casa Blanca, y este será siempre un punto de debate entre ambos países.

El 2020 fue un año importante, ya que se alcanzó la erradicación más alta sin usar glifosato.

Pero el panorama está lejos de mejorar. Parece ser que hay más hectáreas cultivadas con coca y son cada vez más productivas. En la primera década del siglo XXI, el promedio anual de cultivos de coca era de 87.000 hectáreas, mientras que en la segunda década el promedio aumentó a 105.000.

El Ministerio de Defensa resaltó otro logro: dar de baja a cuarenta cabecillas de bandas criminales y grupos ilegales armados. Para el gobierno, neutralizar los llamados “blancos de alto valor estratégico” afecta las operaciones de estos grupos ilícitos. Sin embargo, la historia de Colombia muestra que los cabecillas se suceden sin problema. Por eso, esta estrategia parece ser buena para la tribuna pero poco efectiva para desmantelar las bandas criminales.

Otro logro importante del gobierno Duque fue la disminución de los homicidios en 2020. Desde 1970, Colombia no tenía una tasa tan baja de homicidios: 21,6 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, según las estadísticas del 2019 la tasa de homicidio no ha disminuido sostenidamente desde los acuerdos de paz, simplemente mejoró en 2020.

Sin contar aún con cifras consolidadas para 2020, parece ser que los homicidios disminuyeron un 4% con relación a 2019. Es muy probable que el acumulado de homicidios para 2020 sea alrededor de 10.900 muertos. Entre enero y noviembre de 2019 Medicina Legal contó 10.466 homicidios mientras que en 2020 durante el mismo periodo se registraron 9.913, es decir 553 menos.

La ciudad más violenta de Colombia en las últimas dos décadas, Cali, tuvo una tasa de 42 homicidios por 100.000 habitantes, la más baja en su historia desde que se llevan registros del crimen. Nuevamente el confinamiento favoreció estas disminuciones.

Duque no será el presidente de la seguridad

El 2021 comienza la cuenta regresiva para que acabe el gobierno de Duque. La seguridad no parece ser el gran logro de su administración. No habrá cambios radicales ni resultados excepcionales en esta materia.

Quizás logre capturarse o abatirse a algún “objetivo de alto valor” para satisfacer al gobierno estadounidense en la lucha antinarcóticos, tanto en la erradicación como con la captura de algún cabecilla por el cual Washington ofrezca una jugosa recompensa.

Mientras tanto el colombiano de a pie está expuesto al robo común que cada vez es más violento.

El lanzamiento en 2019 de las políticas de defensa y seguridad y de convivencia y seguridad ciudadana no condujo a una ejecución conocida por la opinión. Aunque se anunció la llamada “política marco de convivencia y seguridad ciudadana”, esta no se hizo realidad. Este mal aqueja a la administración Duque, donde prevalecen los anuncios y la retórica en vez de la ejecución eficiente.

Los alcaldes serán desbordados por una criminalidad más intensa, sofisticada y violenta. La inseguridad erosionará la imagen y legitimidad de muchos y les pasará factura después del primer año de gobierno durante el cual se sintieron cómodos imponiendo restricciones de movilidad y controles policiales.

Por su parte, el gobierno nacional no parece ser capaz de resolver los problemas de violencia como el asesinato de los líderes sociales, las masacres o el control de las regiones fronterizas.

La administración Duque no pasará a la historia como el gobierno de la seguridad, pero podría cumplir sus promesas y prestarle más atención al colombiano promedio que a Washington.

Ante estas circunstancias no es de extrañar el retorno de la justicia por mano propia y los fenómenos de ‘vigilantismo’. La muerte de delincuentes atropellados o tiroteados por las propias víctimas es una situación recurrente en América Latina. Si el gobierno no garantiza la seguridad, los ciudadanos querrán defenderse de manera cada vez más violenta. Esta es la terrible ley del oeste.

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