Colombia ha recibido préstamos millonarios de organismos internacionales para atender la pandemia. ¿En qué se han invertido? ¿Han sido suficientes los esfuerzos?*
Ómar Vanegas** y Andrés Camacho Murillo***
Un asunto ignorado
A raíz de la pandemia, el gobierno colombiano ha recurrido a créditos de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estos préstamos y la forma como han sido utilizados no han recibido hasta ahora la atención que se merecen, y por eso en este escrito abordamos tres preguntas:
- ¿Cuánto le han prestado al gobierno colombiano?
- ¿Cómo se han invertido esos recursos?
- ¿Han sido suficientes los esfuerzos para mitigar los efectos del virus?
Los préstamos del Banco Mundial
El pasado 31 de marzo, Colombia recibió un crédito de 250 millones de dólares del Banco Mundial. Este préstamo proviene del programa llamado Catastrophe Deferred Drawdown (CAT DDO), cuyo objetivo es apoyar las políticas de desarrollo en países con emergencias relacionadas con la salud pública o el medio ambiente.
Esta línea de crédito ya había sido utilizada por Colombia en 2011, cuando el Banco Mundial le desembolsó 150 millones de dólares para enfrentar la temporada de lluvias.
Hace apenas unos días, el Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo de 700 millones de dólares para respaldar tres acciones del gobierno colombiano:
- Aumentar el número de pruebas de laboratorio, aplicar protocolos de bioseguridad y, en consecuencia, reactivar más pronto la economía;
- Ampliar los programas para familias vulnerables y el número de hogares que reciben un apoyo monetario y de alimentación escolar por parte del Estado;
- Apoyar al sector empresarial mediante la ampliación de garantías, planes de liquidez y líneas de crédito. Esto, a su vez, busca proteger los empleos en el corto plazo.
En conjunto, estos dos créditos se proponen ayudar a proteger a los más vulnerables y fortalecer las políticas del gobierno mediante un endeudamiento “transparente y sostenible” en tiempos de pandemia.
Los recursos de los préstamos serán aportados por varias organizaciones, de la siguiente manera:
- 38,4% por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF);
- 41% por la Asociación Internacional de Fomento (AIF);
- 15,1% por la Corporación Financiera Internacional (IFC);
- y 5,3% por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).
Le recomendamos: ¿Qué tan acertadas son las predicciones del Banco Mundial?
Los préstamos del Fondo Monetario
Por otra parte, el 1 de mayo el Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó una línea de crédito para Colombia de 10.800 millones de dólares.
Esta renovación permite que el gobierno colombiano tenga la posibilidad de desembolsar el dinero en cualquier momento, con el propósito de enfrentar la crisis. Por eso, el uso de este crédito debe reservarse para el momento más crítico de la pandemia, que podría tener lugar en las próximas semanas.
Cabe resaltar que, según el FMI, Colombia obtuvo este crédito gracias a su buen desempeño en materia económica y en la implementación de políticas públicas.
¿Cómo se ha enfrentado la crisis?
El gobierno ha creado varios programas para ayudar a los hogares y empresas más vulnerables durante la pandemia. Entre los programas más destacados por su volumen de recursos se cuentan:
1. El Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME)
Creado en el primer decreto de emergencia, este Fondo es administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, y su objetivo es garantizar la disponibilidad de recursos para:
- Otorgar liquidez al sector financiero;
- Financiar a empresas privadas, públicas y mixtas que adelanten actividades de interés nacional;
- Proveer liquidez a la Nación cuando sea necesario.
EL FOME se financia principalmente por medio de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo de Pensiones Territoriales (FOMET). Según el gobierno nacional, el uso de estos fondos no pone en riesgo las pensiones, ya que únicamente se están usando los recursos destinados para las pensiones que se pagarán después de 2040; y el gobierno pretende saldar esta deuda en los próximos diez años.
2. Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)
Este programa ha apoyado a las empresas vulnerables con un aporte de 351.000 pesos por empleado. Las empresas que quieran recibir este beneficio deben cumplir los siguientes requisitos:
- Haberse constituido antes del presente año;
- Tener registro mercantil;
- Demostrar la necesidad del aporte —al mostrar que sus ingresos disminuyeron en un 20% con relación al año pasado-;
- Tener una cuenta de ahorros o corriente.
3. Ingreso Solidario.
A través de este programa, el gobierno nacional hace transferencias monetarias a los hogares que se encuentran en situación de pobreza, y que no hacen parte de otros programas, como familias en acción. El programa de ingreso solidario entrega a las familias vulnerables un total de 480.000 pesos en tres giros mensuales.
Lea en Razón Pública: ¿Qué ha hecho el gobierno Duque para sostener la economía?
Los esfuerzos son insuficientes
La creación de estos programas fue una respuesta necesaria para enfrentar la pandemia y sus impactos sociales y económicos. Pero infortunadamente estos esfuerzos han sido insuficientes para contener y mitigar los efectos del virus.
Aunque el PAEF se creó para proteger a las empresas y a sus empleados, no se ha establecido una línea de apoyo directa para las empresas informales. Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), antes de la pandemia había alrededor de 1,5 millones de microempresas en Colombia, que representaban el 92% del total de empresas del país.
El 95% de estas microempresas tienen menos de 5 empleados, el 33% no tiene registro mercantil, y cerca del 50% de sus empleados son trabajadores familiares sin remuneración, la gran mayoría sin aportes a seguridad social. Por lo tanto, estas empresas son probablemente las que más necesitan ayuda del Gobierno.
Por otro lado, aunque el programa de Ingreso solidario ha llevado ayudas monetarias a las familias más vulnerables, en muchos casos el aporte monetario no alcanza para cubrir las necesidades más básicas. Por eso, se ha propuesto garantizar un ingreso o una “renta básica” de emergencia con unos montos monetarios mayores: al menos un salario mínimo mensual por hogar. Aún hoy, no existe un consenso técnico sobre el concepto de “renta básica”.
Finalmente, el sector educativo no ha recibido suficiente apoyo por parte del Estado. La universidad de Antioquia y la Distrital anunciaron que el semestre entrante será gratuito para personas de estratos 1 y 2, pero los recursos utilizados para lograr esto provienen de los fondos departamentales o distritales. Por eso, se deben inyectar más recursos para garantizar la gratuidad de la matrícula en todas las universidades públicas del país.
Es importante que el Gobierno siga avanzando en los programas para minimizar los efectos económicos de la COVID-19. Para eso, se debe entender que los esfuerzos existentes no son suficientes, y que pueden ser complementados con otros programas que incluyan a los sectores olvidados.
