Además de numerosos factores externos, los anuncios del gobierno podrían aumentar la incertidumbre y desacelerar aún más el crecimiento de la economía colombiana. Así lo muestran las cifras.
Miguel Medellín*
Dos años de crecimiento
En 2021 la economía colombiana creció casi en un 11 %, y en 2022 en un 7,5 %.
El crecimiento del año pasado fue jalonado por las exportaciones y, sobre todo, por la demanda interna que se benefició de la laxitud de la política fiscal y monetaria. Como se observa en la gráfica 1, el consumo de los hogares fue el principal responsable del aumento de la demanda, seguido por la inversión bruta y las ventas al exterior. Claramente, el aumento del crédito y del empleo favorecieron el aumento del gasto doméstico.
El aumento de la demanda interna contribuyó a ampliar el déficit del sector externo el año pasado (de -9,4% a -11,9% del PIB, medido por las exportaciones netas; o de -5,6% a -6,3% del PIB, medido por la cuenta corriente) y también a presionar la inflación (13,3% anual en enero de 2023), que ya había recibido el impacto de varios choques de oferta.
Sin embargo, todas las proyecciones estiman una desaceleración pronunciada en 2023 que se reflejará en una tasa de crecimiento cercana al 1 %. Incluso el Banco de la República prevé un estancamiento este año (del 0,2%) que llevaría a la eliminación del exceso de demanda, de modo que la brecha del producto podría tornarse negativa el año entrante.
Como se observa en la gráfica 2, los sectores que más aportaron al crecimiento del valor agregado en 2022 fueron los de comercio, transporte, alojamiento, entretenimiento, industria, administración pública y actividades profesionales e información y comunicaciones. Con excepción de la administración pública, las tasas de expansión de estos sectores superaron la del PIB.
No obstante, en el transcurso del año, especialmente en el último trimestre, la actividad económica doméstica se redujo debido a la moderación de la demanda externa e interna. En el cuarto trimestre el PIB desestacionalizado se desaceleró (pasó de 7,8% a 2,9% anual) y todos los componentes de la demanda disminuyeron su aporte al crecimiento. Los descensos más importantes fueron los del consumo, las exportaciones y la inversión y la contracción del gasto público le resto al crecimiento. En ese sentido, el ajuste fiscal y monetario tuvieron un efecto en la demanda y en la reducción de la expansión del PIB.
Como se observa en la gráfica 3, pese a la desaceleración, todos los componentes de la demanda están muy por encima de las cifras prepandemia, lo cual explica que la actividad económica regresara rápidamente a la tendencia que marcaba en 2019 antes de la recesión. Sin embargo, hay una inclinación hacia la estabilización en todos los sectores y una sana inclinación a la disminución del gasto público.
Con excepción del sector de entretenimiento, en el último trimestre de 2022 se desaceleraron los demás, de modo que disminuyó su contribución al crecimiento. Los sectores más dinámicos en ese período fueron entretenimiento, financiero, información y comunicaciones y actividades profesionales, cuyas tasas de crecimiento superaron a la del PIB. El agropecuario (-4,3 % anual), el minero (-1,6 % anual) y la construcción decrecieron (-1,6 % anual), por lo cual le restaron a la actividad económica.
Empieza la desaceleración
Como se observa en la gráfica 4, al final del año solo los sectores de construcción y minas permanecieron por debajo de los niveles de antes de la pandemia. En ese período la moderación del exceso de demanda interna condujo a un ligero estrechamiento del déficit externo (de -12,8 a -11,4% del PIB). Sin embargo, todas las proyecciones estiman una desaceleración pronunciada en 2023 que se reflejará en una tasa de crecimiento cercana al 1 %. Incluso el Banco de la República prevé un estancamiento este año (del 0,2%) que llevaría a la eliminación del exceso de demanda, de modo que la brecha del producto podría tornarse negativa el año entrante.
Así pues, la economía colombiana experimenta un proceso de ajuste cíclico abrupto en el corto plazo forzado por las siguientes razones:
- Condiciones externas menos favorables producto de un entorno financiero internacional estrecho, tasas de interés externas elevadas, mayor aversión al riesgo, precios internacionales bajos de productos básicos exportados y un lento crecimiento mundial.
- La consolidación fiscal disciplinada que reducirá el déficit del Gobierno Nacional Central de 5,5 % a -3,8 % del PIB en 2023 para salvaguardar la sostenibilidad de la deuda pública –que bajaría de 59 % a 58 % del PIB–.
- La contracción de la política monetaria para no elevar aún más las expectativas, lograr que la inflación disminuya y preservar la estabilidad financiera.
Ese ajuste abrupto llevaría la economía hacia una senda de crecimiento más sostenible en el mediano plazo, con un rebote en 2024 y una convergencia hacia la tasa potencial (entre 3 % y 3,5 %) a partir de 2025. Este año la persistencia de la inflación podría forzar aumentos adicionales en las tasas de inflación externas e internas, lo cual mantendrá la aversión al riesgo y obstaculizará la expansión de la demanda.
Además, el déficit externo y fiscal de la economía colombiana seguirán exigiendo financiación externa. Por consiguiente, es fundamental preservar la confianza de los inversionistas internacionales, los consumidores y los empresarios y para ello la disciplina monetaria y fiscal son indispensables. También es importante reducir la incertidumbre en torno a las grandes reformas propuestas por el gobierno, la exploración y exportación de hidrocarburos y la regulación de las tarifas de los servicios públicos.
Anuncios peligrosos
Hasta ahora, los anuncios sobre las reformas laboral y pensional, la reforma al sistema de salud, la intención de intervenir la fijación de las tarifas de los servicios públicos, las proclamas erráticas sobre la transición energética y algunos aspectos de la reforma tributaria podrían tener efectos adversos sobre el crecimiento de la economía, tanto en el corto como en el largo plazo.
En el corto plazo, la incertidumbre provocada por estos anuncios podría afectar la confianza de los agentes y su percepción del riesgo, lo cual podría ocasionar una disminución del consumo y la inversión. En el largo plazo, las sobretasas del impuesto de renta podrían convertirse en barreras para la entrada de competidores nuevos y podrían desestimular la inversión en algunos sectores, lo cual a su vez podría disminuir la capacidad productiva de la economía.
En el corto plazo, los anuncios sobre la reforma laboral podrían traducirse en un choque adverso de costos que a su vez podría conducir a una menor oferta y una mayor inflación. En el largo plazo, si no va acompañado de medidas para mejorar la productividad laboral, el mayor costo del trabajo formal podría elevar las tasas de desempleo e informalidad, lo cual también afectaría el crecimiento económico.
La intención de trasladar las contribuciones hasta cuatro salarios mínimos del régimen de pensiones privado al público para financiar los subsidios –loables– para los adultos mayores, podría disminuir el ahorro doméstico y afectar el mercado de capitales. Además de dificultar la acumulación de capital, esto podría aumentar la percepción del riesgo y aumentar los costos financieros. Dado que los subsidios son un gasto público corriente, sería mejor financiarlos con impuestos, que son un ingreso corriente del Estado.
Regular los servicios públicos podría desestimular la inversión en el sector de las tarifas establecidas no permiten una remuneración adecuada para los proveedores. En el mediano plazo, esto significaría tener una provisión insuficiente, lo cual afectaría el bienestar de los consumidores y el crecimiento económico.
Hasta ahora, los anuncios sobre las reformas laboral y pensional, la reforma al sistema de salud, la intención de intervenir la fijación de las tarifas de los servicios públicos, las proclamas erráticas sobre la transición energética y algunos aspectos de la reforma tributaria podrían tener efectos adversos sobre el crecimiento de la economía, tanto en el corto como en el largo plazo.
Trasladar la gestión de riesgo de las EPS a la ADRES –entidad que no cuenta con experiencia en esta materia– puede encarecer los servicios de salud pública y empeorar su calidad, lo cual afectaría el bienestar de la población y dificultaría la acumulación de la fuerza de trabajo en condiciones óptimas.
Finalmente, una transición energética apresurada e improvisada puede alterar gravemente la estabilidad macroeconómica porque ampliaría el déficit fiscal y aumentaría la necesidad de financiación externa. Esto causaría además una depreciación desmesurada de la moneda y los activos domésticos, elevaría el riesgo soberano y encarecería los costos financieros. De este modo, dificultaría la acumulación de capital, el aumento del producto potencial y desmejoraría el entorno macroeconómico, cuya estabilidad es un requisito para el crecimiento sostenido de la economía.
La discusión de las reformas propuestas debería tener en cuenta el criterio de los expertos, pues de lo contrario, los cambios institucionales que pretenden mejorar la calidad de vida de los colombianos podrían tener el efecto contrario al frenar el crecimiento económico.
* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones son responsabilidad de los autores.
