Costos y beneficios de la tasa de usura en Colombia: ¿es hora de eliminarla?

Suena un poco anatema la idea de revisar la figura de tasa oficial de usura. Pero los autores presentan buenos argumentos para responder: “Sí, pero…” a la pregunta del título.

¿Qué es la tasa de usura y por qué existe?

En Colombia la tasa de usura establece el límite máximo de interés que las entidades financieras pueden cobrar a los consumidores para algunas categorías específicas de crédito, por ejemplo, para las tarjetas de crédito. Este mecanismo busca proteger a los usuarios frente a prácticas abusivas y promover condiciones justas en el mercado financiero. Sin embargo, su aplicación genera un debate sobre sus efectos en la inclusión financiera y la dinámica del crédito en el país.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) es la entidad encargada de certificar mensualmente el Interés Bancario Corriente (IBC) para diferentes modalidades de crédito. La tasa de usura se calcula multiplicando el IBC por 1,5, para establecer el tope máximo de interés que puede cobrarse legalmente. Por ejemplo, para abril de 2025, la SFC certificó el IBC para créditos de consumo y ordinario en 17,08% efectivo anual, lo que sitúa la tasa de usura en 25,62% efectivo anual

Esta regulación, vigente desde 1990, tiene un propósito loable: evitar que los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, paguen tasas exorbitantes por acceder al crédito. Sin embargo, en la práctica, este techo puede convertirse en una barrera para quienes más necesitan financiación. ¿Es hora de repensar este instrumento de regulación financiera?

Los costos de la tasa de usura

Aunque la tasa de usura está pensada como un mecanismo de protección al consumidor, genera efectos secundarios importantes que en muchos casos terminan por perjudicar precisamente a quienes busca proteger: los hogares de bajos ingresos y los trabajadores informales. Su principal costo es la exclusión financiera.

Desde el punto de vista teórico, los efectos de la tasa de usura dependen de la estructura del mercado de crédito y, en particular, del nivel de competencia prevaleciente en dicho mercado. Si el mercado de crédito opera en competencia perfecta, es decir, si tanto oferentes como demandantes son precio-aceptantes, el efecto de un límite superior a la tasa a la cual los acreedores pueden prestar a los deudores nunca es positivo. Esto, ya que si la tasa máxima impuesta por el regulador se encuentra por debajo de la de equilibrio de libre mercado, el resultado sería un exceso de demanda de crédito que se traduciría en racionamiento del crédito y exclusión financiera. Es decir, los bancos optarían por no prestar a quienes representan un mayor riesgo, porque la tasa máxima autorizada no les permite cubrir adecuadamente los costos de originación, administración, morosidad y capital regulatorio. Así, los usuarios de mayor riesgo (informales, jóvenes, migrantes, sin historial financiero, entre otros) serían “racionados” o directamente excluidos del sistema financiero formal.

Por otro lado, si la tasa de usura se encuentra por encima de la que corresponde al equilibrio de libre mercado, dicho instrumento regulatorio sería inocuo ya que no tendría efecto alguno sobre el comportamiento de oferentes ni demandantes de crédito.

Ahora bien, ningún mercado de crédito opera en competencia perfecta, puesto que las condiciones para que esta competencia prevalezca no se cumplen en la vida real. Por ejemplo, en los mercados de crédito no hay libre entrada ni salida. De hecho, la regulación para fundar un banco es bastante exigente en términos de niveles mínimos de capital y otros requerimientos. Tampoco hay libre salida, pues los procesos de quiebra de bancos, así como los de fusiones y adquisiciones, son dispendiosos y costosos. Las tecnologías de producción disponibles para los bancos tampoco son idénticas. En general, los oferentes de crédito y los grandes demandantes de crédito (empresas grandes, por ejemplo) no son precio-aceptantes. En la vida real hay poder de mercado en los mercados crediticios. Por esa razón, el resultado de competencia perfecta que describimos hace un momento no se da.

Por estas razones, el tema de la conveniencia o no de las tasas oficiales de usura depende de los casos específicos en los cuales estas se consideren. Como decimos los economistas, la conveniencia o no de la tasa de usura es un problema empírico. 

Los efectos de las tasas de usura han sido ampliamente estudiados en la literatura. Por ejemplo, Helms y Reille (2004) señalan que los techos a las tasas “tienden a alejar a los prestamistas de los prestatarios más pobres” y limitan la sostenibilidad de las instituciones de microfinanzas. Más recientemente, el estudio de Cubillos-Rocha et al. (2021) ofrece evidencia sólida del caso colombiano: cuando en 2007 se liberó la tasa de usura para microcréditos y se permitió mayor flexibilidad, el número de nuevos préstamos aumentó hasta en 62% y el portafolio total creció entre 41% y 55%. Es decir, cuando el techo desaparece, el crédito crece.

Los efectos negativos de mantener una tasa de usura muy restrictiva son múltiples. Por ejemplo, la desbancarización: personas que antes accedían a algún tipo de crédito formal, como pequeñas libranzas o microcréditos, pierden esa posibilidad. También la segmentación del mercado, ya que los bancos solo prestan a quienes tienen ingresos estables, historial crediticio o garantías, lo que acentúa la desigualdad de acceso. Finalmente está la proliferación del crédito informal o ilegal: al cerrarse la puerta del sistema financiero, muchos recurren al “gota a gota” o a prestamistas informales, donde las tasas son exorbitantes y las condiciones, muchas veces, coercitivas.

Adicionalmente, al reducir el incentivo a innovar en productos financieros dirigidos a segmentos de mayor riesgo, la tasa de usura puede frenar el desarrollo de modelos alternativos como el microcrédito, el crédito digital o los esquemas de scoring alternativo, todos ellos clave para avanzar en inclusión financiera.

La conclusión es clara: en contextos donde la tasa de usura es restrictiva, los bancos prefieren no prestar antes que hacerlo a tasas que no compensen el riesgo. Esto afecta especialmente a poblaciones rurales, informales o jóvenes, quienes quedan por fuera del sistema financiero formal y terminan acudiendo a fuentes informales con condiciones mucho más gravosas.

Ahora… los beneficios de la tasa de usura

En entornos donde la competencia bancaria es limitada –como en muchas regiones de Colombia en las que tres grandes bancos concentran buena parte del mercado– la tasa de usura juega un papel fundamental como herramienta de protección al consumidor. Este tipo de regulación funciona como un “colchón legal” que impide que las entidades financieras cobren intereses desproporcionados, especialmente en productos de alto consumo como las tarjetas de crédito, los créditos de libranza y los créditos de libre inversión.

Estos productos suelen ofrecerse con muy poca claridad sobre sus verdaderas condiciones. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, es común que los consumidores no comprendan la diferencia entre tasa de interés nominal y tasa efectiva anual, o no conozcan los costos asociados a los avances, las compras diferidas o el pago mínimo. En ese contexto, la inercia de los usuarios, sumada a la asimetría de información (el banco sabe más que el cliente sobre los costos del crédito), puede dar lugar a abusos.

Distintos estudios han documentado que, en ausencia de techos legales, los prestamistas pueden aprovechar su poder de mercado para fijar tasas más elevadas, especialmente a poblaciones con poca capacidad de negociación o de comparación entre ofertas. Esta práctica ha sido observada tanto en países en desarrollo como en economías avanzadas.

Además, la existencia de un tope puede evitar la llamada “trampa de la deuda”: un fenómeno en el que los hogares de bajos ingresos toman créditos con tasas tan elevadas que deben refinanciar de manera recurrente, entrando en un ciclo de endeudamiento sin salida. Esta situación es particularmente grave cuando los préstamos se usan para cubrir gastos básicos o emergencias médicas, como ocurre frecuentemente entre las poblaciones más vulnerables.

Desde esta perspectiva, algunos defensores de los techos sostienen que, aunque imperfectos, los límites a la tasa de interés son un mal menor frente a los riesgos de desregulación total, en especial en países donde aún no existen mecanismos fuertes de protección al consumidor ni una competencia efectiva entre entidades financieras.

Además, el tope puede tener un efecto normativo o disuasivo: aun si no es siempre vinculante (es decir, si muchas tasas se sitúan por debajo del límite legal), su sola existencia impide que las entidades se desvíen excesivamente del promedio del mercado.

Estudios recientes

Un estudio reciente de Cubillos-Rocha et al. (2021) analiza los efectos de un cambio regulatorio en Colombia, en 2007 el Gobierno decidió liberar la tasa de usura para los microcréditos y la fijó en un tope más alto (33%), mientras mantenía la de otros créditos en torno al 20%. 

¿Qué ocurrió? Por cada punto porcentual que se aumentó el tope, el número de nuevos microcréditos creció en 4,5%. El portafolio total aumentó en 3,7%. Se generaron cerca de diez mil nuevos microprestamistas en tan solo un año. Y todo esto ocurrió sin que se deteriorara la calidad de la cartera.

Aunque los créditos individuales fueron más pequeños y de menor plazo, el balance general fue claro: mayor acceso al crédito para sectores vulnerables que antes estaban excluidos del sistema formal.

El caso del microcrédito en Colombia revela una verdad incómoda: los techos a las tasas de interés pueden excluir más que proteger. Cuando a los bancos no se les permite cobrar lo suficiente para cubrir el riesgo de ciertos perfiles –informales, sin historial crediticio, bajos ingresos–, simplemente no prestan. Y entonces, estas personas terminan en el gota a gota, donde las tasas no son del 25%, sino del 200%… y sin protección legal alguna.

Esto es particularmente preocupante en un país donde, según datos de Banca de las Oportunidades (2023), alrededor del 37% de los adultos no tiene acceso a servicios financieros formales, y donde la bancarización creció solo marginalmente en los últimos dos años. Además, el uso efectivo de productos como cuentas de ahorro y crédito formal sigue estando concentrado en los sectores de ingresos medios y altos.

¿Eliminamos la tasa de usura? Sí, pero con condiciones

Eliminar la tasa de usura suena arriesgado. Pero la evidencia indica que si se hace de forma estratégica y acompañada de reformas, puede abrir la puerta a una verdadera inclusión financiera. Eso sí, no basta con levantar el techo: hay que repensar el diseño institucional del sistema financiero.

Eliminar la tasa de usura podría promover la bancarización, como lo mostró la experiencia colombiana con el microcrédito. Pero para que esto no derive en abusos o en una concentración de poder por parte de unos pocos bancos, ¿qué medidas deben acompañar esa eliminación?

• Fomentar la competencia en el sistema financiero, al facilitar la entrada de bancos extranjeros o fintechs que puedan ofrecer productos innovadores y competitivos, más ajustados al perfil de los excluidos. Un mercado más competitivo reduce las tasas naturalmente. En este sentido, valdría la pena revisar la regulación cambiaria vigente, que puede desincentivar a los bancos extranjeros para entrar a Colombia.
• Fortalecer la regulación y la supervisión, especialmente en productos de consumo masivo como las tarjetas de crédito y los créditos de libranza. Lo que actualmente se conoce como regulación inteligente, no restrictiva: pasar de un enfoque penal (el que cobra más va a la cárcel) a uno centrado en transparencia, supervisión y calidad de información. Que el consumidor sepa exactamente cuánto va a pagar y por qué.
• Fortalecer la protección al consumidor, mediante mecanismos ágiles de queja y resolución de conflictos. Reforzar los mecanismos de defensa de usuarios financieros, como la Superintendencia, la Defensoría del Consumidor y los canales de reclamación digital.
• Promover la educación financiera para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y comparar alternativas. No basta con abrir el crédito. Hay que empoderar a los ciudadanos para que lo usen de forma informada. La libertad sin información es otra forma de exclusión.

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* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.