El gobierno pretende estimular la economía campesina con un programa que ya ha demostrado múltiples inconvenientes. ¿Qué otras opciones hay?
Juan Sebastián Bobadilla*
Agricultura por contrato
El pasado 7 de diciembre el gobierno nacional, encabezado por el presidente Iván Duque y el ministro de Agricultura y Desarrollo, lanzó el programa ‘Coseche y venda a la fija’, que busca fomentar la integración productiva entre los pequeños productores y la agroindustria a través del modelo de agricultura por contrato.
El programa ‘Coseche y venda a la fija’ no es nuevo, así como no lo es el modelo de agricultura por contrato. Este se basa en programas o estrategias similares de los gobiernos de Uribe y Santos.
Este modelo consiste en la suscripción de arreglos contractuales entre agricultores y firmas (agroindustrias, grandes superficies), en los que se establece la compra de productos agrícolas con determinadas condiciones de producción y comercialización acordadas por las dos partes.
Además del fomento de la suscripción de tales contratos, este programa tiene una serie de instrumentos dirigidos a los pequeños productores participantes:
- Una línea especial de crédito del 6 por ciento efectivo anual;
- Preferencia en la adquisición de seguros para la gestión de riesgos agroclimáticos y servicios de extensión agropecuaria para desarrollar habilidades de negociación;
- Adopción de paquetes tecnológicos; y
- Asociatividad en la producción y la comercialización.
Este programa busca, en palabras del ministro y del presidente, el desarrollo del campo con equidad y que los campesinos “puedan hacer una transición de ser productores de subsistencia a convertirse en grandes empresarios”.
Foto: Secretaría de Ambiente de Bogotá. |
Sin embargo, cabe preguntar: ¿son este tipo de estrategias adecuadas para el fortalecimiento económico y social de las comunidades campesinas? ¿Realmente sirven para permitir el desarrollo del campo con equidad?
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Los casos conocidos
Foto: Presidencia de la República. |
La agricultura por contrato en Colombia y en América Latina se ha impulsado desde finales de los años noventa a través de diferentes programas gubernamentales, especialmente con alianzas productivas (Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas –PAAP– en Colombia, Proviar en Argentina, Proyecto de Alianzas Rurales en Bolivia o el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra –ALIADOS– en Perú). Estas iniciativas han sido apoyadas con recursos del Banco Mundial o a través de los llamados negocios incluyentes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Al estudiar las experiencias de negocios incluyentes, alianzas productivas y otras formas de agricultura por contrato en Colombia y Latinoamérica, se puede ver que generalmente en aquellas en las que se integran grandes corporaciones con productores campesinos hay perjuicios sobre la estabilidad socioeconómica, la autonomía económica y la sustentabilidad ambiental de la economía campesina. Por su parte, las empresas logran externalizar o reducir costos –ambientales, económicos, de supervisión, de vigilancia y de transacción– al transferir los riesgos de la producción y financiación a los campesinos.
La estabilidad socioeconómica se afecta debido a que, generalmente, las empresas y los productores campesinos establecen planes de negocios (o contratos) que suponen enormes inversiones por parte de los agricultores y los comprometen a producir en altas cantidades (altos rendimientos) y con tecnologías dependientes de insumos externos.
Muchas veces los productores no tienen injerencia en la formulación ni en la ejecución de los planes de negocio.
Estas inversiones pueden convertirse en deudas enormes si no se logran cumplir los altos requerimientos de calidad (peso, acidez, homogeneidad) y cantidad que necesita la empresa contratante, pues la compra está condicionada al cumplimiento de estos requerimientos.
Los casos estudiados por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) muestran que estos requerimientos son muy difíciles de cumplir por parte de los campesinos. A esto hay que sumarle que los planes (o contratos) generalmente contienen cláusulas de exclusividad que comprometen a los campesinos a vender a la empresa entre el 50 y 100 por ciento de la producción.
Esta situación no les permite a las comunidades vinculadas diversificar sus salidas comerciales y, lo que es más preocupante, los precios a los que las empresas les compran la producción son iguales o incluso menores que los costos de producción.
La autonomía económica se ve afectada pues los altos rendimientos esperados del producto contratado implican trabajo intensivo, lo cual crea una competencia entre esta actividad y las demás actividades campesinas por la mano de obra disponible, y reducen la capacidad de maniobra que tienen las familias para producir para el autoconsumo, el intercambio y la comercialización.
Además, los planes de negocio suponen la transferencia de paquetes tecnológicos altamente dependientes de conocimientos externos, que se realizan a través de una asistencia técnica vertical (es decir, en la que no se reconocen ni participan los conocimientos locales). Esto implica que los agricultores pierden la capacidad de decidir cómo producir en sus fincas.
Sumado a esto, muchas veces los productores no tienen injerencia en la formulación ni en la ejecución de los planes de negocio, es decir, son en la mayoría de los casos un actor pasivo en el plan de negocio.
Finalmente, la sustentabilidad ambiental se ve afectada ya que generalmente los planes de negocios (o contratos) inducen una producción altamente especializada con paquetes tecnológicos que incluyen altas dosis de agroquímicos, lo cual degrada la agrobiodiversidad y puede afectar la salud de la tierra, el agua, los animales y las personas.
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Ni tan a la fija
Foto: Presidencia de la República. |
Ante este panorama, conviene revisar un caso que ilustra las posibles implicaciones del programa ‘Coseche y venda a la fija’, que pone en evidencia la continuidad de esta estrategia en la política pública rural en Colombia. Una de las empresas que celebró un contrato con una organización de pequeños productores fue Alimentos Polar. Esta multinacional no es nueva en la agricultura por contrato, pues desde 2010 ha realizado acuerdos de compra-venta con productores para abastecerse de maíz cultivado en Colombia para la producción de harina precocida.
Algunas de las condiciones de los contratos que ha realizado Alimentos Polar son las siguientes: las comunidades se ven obligadas a comprar semillas transgénicas y agroquímicos con multinacionales como Syngenta o Monsanto o se crean incentivos a través de descuentos (del 10 al 15 por ciento) en la compra de estos insumos.
Este programa no fortalecerá las economías campesinas sino que las hará más frágiles.
Así mismo, la empresa realiza asesorías a los agricultores indicándoles cuáles son las mejores semillas y el mejor proceso de fertilización para aumentar el rendimiento de la producción. Tales condiciones implican, como se anotó antes, altos niveles de endeudamiento campesino (debido a los costos de producción) y fuerte competencia por la mano de obra disponible, mientras la empresa externaliza los riesgos de la producción a las comunidades.
Al revisar los antecedentes de ‘Coseche y venda a la fija’, se concluye que este programa no fortalecerá las economías campesinas sino que las hará más frágiles. Si el nuevo gobierno tiene voluntad de desarrollar el campo con equidad, es necesario que haga uso de estrategias favorables a la realidad campesina.
En ese sentido podrían aprovecharse los mecanismos pactados en la Reforma Rural Integral (RRI) y en la Resolución 464 de 2017, como los Circuitos Cortos de Comercialización (mercados campesinos, compras públicas locales y descentralizadas, sistemas participativos de garantía o ventas anticipadas).
Estos mecanismos, en contraste con las modalidades de la agricultura por contrato, han demostrado ser mucho más favorables para las comunidades campesinas en Colombia y Latinoamérica, porque:
(a) Garantizan la vinculación de la producción campesina al mercado en condiciones favorables (se asegura la compra a precios altos y estables, se financia la producción, se transfieren los riesgos a otros actores de la cadena como el Estado y los consumidores);
(b) Fomentan la producción diversificada y autosostenible (baja dependencia de insumos externos), a baja escala y con requerimientos de calidad y cantidad concertados entre productores y consumidores;
(c) Garantizan la apropiación campesina de valor agregado a través del control de la transformación por parte de la comunidad; y
(d) Fomentan la diversificación de ingresos y salidas comerciales.
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*Integrante del Grupo de Investigación Laboratorio de Espacio, Economía y Poder (LE2P). Este artículo es producto de la investigación “Apoyo a la apropiación técnica y social por parte de comunidades campesinas de los instrumentos de acceso a tierras y PDET en el Acuerdo de paz”, realizada por el LE2P.
