De unos años para acá, los índices de corrupción han aumentado significativamente en este departamento. ¿Cómo puede explicarse esta crisis y quiénes son los implicados?
Aurelio Suárez Montoya*
Una crisis de larga data
Las malas condiciones laborales impuestas a los peones y aparceros de las haciendas cafeteras, la caída de la cotización internacional del grano de café a 4 centavos de dólar por libra y la propagación del movimiento revolucionario hicieron que el 28 de julio de 1929 estallara la primera rebelión socialista en El Líbano, Tolima. Según Gonzalo Sánchez, ese estallido buscaba “transformar fundamentalmente la sociedad”, pero los jefes liberales y conservadores locales, unificados en torno al presidente Miguel Abadía Méndez, sofocaron el movimiento.
Tolima vivió cruentos episodios durante el período de la Violencia, esto es, el conjunto de enfrentamientos entre liberales y conservadores que tuvo lugar entre 1946 y 1966. Antonio Caballero lo ha caracterizado como “una suma de muchas y muy variadas violencias impulsadas por los gobiernos”.
En concordancia con Caballero, la antropóloga María Victoria Uribe asegura que en esos años se presentaron “masacres perpetuadas por policías, alcaldes militares y bandoleros liberales y conservadores”, especialmente contra la base gaitanista. Caballero señala que después de El Bogotazo, los “nueveabrileños” levantaron autodefensas en el Tolima, pero Rojas Pinilla y el Frente Nacional las extinguieron.
El conflicto armado dejó graves secuelas en este departamento: tras la mutación de grupos campesinos en guerrillas, se consolidaron cinco frentes de las FARC, se asentaron dos del ELN y en la década de los noventa, surgieron siete bloques paramilitares con centro en la cuenca alta del río Magdalena. Entre 1985 y 2015 se registraron 1.685 actos terroristas, 368 despojos de tierras, 268.822 desplazados, 23.798 víctimas de homicidio, 15.367 de amenazas, 982 de secuestro y 2.794 de desaparición forzada.
Como si fuera poco, por otra parte, las crisis agrícolas provocadas por la “apertura económica” afectaron a los productores de café, algodón, leche, arroz, sorgo y maíz, y la firma de varios TLC hizo que el sector agropecuario pasara de representar el 42 por ciento del PIB tolimense en 1990 al 14 por ciento en 2015, y que la industria pasara del 15 por ciento a porcentajes ínfimos. Esta crisis se ha extendido hasta el día de hoy, tanto así que Ibagué cerró el año pasado con la tercera tasa de desempleo (15,2 por ciento) e informalidad (54,1 por ciento) entre las 23 principales ciudades del país.
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Políticos corruptos
Juegos Deportivos Nacionales. |
En medio de esas tragedias, una clase política logró adueñarse del poder regional: los hermanos Mauricio y Guillermo Alfonso Jaramillo, herederos de Alfonso Jaramillo Salazar, dueño del Partido Liberal durante décadas; de hecho, Mauricio fue senador por varios periodos y Guillermo Alfonso ha sido senador, alcalde de Ibagué y gobernador; Óscar Barreto, jefe conservador, fue elegido gobernador dos veces; y Emilio Martínez, ex congresista destituido por distintos procesos irregulares de contratación y preso por parapolítica, es pieza clave en alcaldías de Honda, Mariquita, Líbano, Espinal y Guamo.
El panorama no es más alentador en la Cámara de Representantes: Carlos Edward Osorio y Jaime A. Yepes, dirigentes de la U, Ángel María Gaitán, de la cuerda de Jaramillo, y Elver Hernández, conservador y sucesor de Humberto Gómez Gallo, han sido (o son) representantes a la cámara; Aquileo Medina llegó por Cambio Radical y Ricardo Ferro por el Centro Democrático. El único senador actual de las maquinarias es Miguel Barreto, primo del gobernador.
Ibagué cerró el año pasado con la tercera tasa de desempleo (15,2 por ciento) e informalidad (54,1 por ciento) entre las 23 principales ciudades del país.
Las siguientes tablas muestran los prontuarios de los alcaldes de Ibagué y de los gobernadores de Tolima de los últimos dieciocho años. Sin lugar a dudas, dejan mucho que desear.
Alcaldía de Ibagué (2001-2019)
| Periodo | Nombre | Partido | Situación Jurídica |
| 2001-2003 | Jorge Tulio Rodríguez | Liberal- apoyado por Jaramillo y Carlos García O. | Salpicado por diseños de escenarios para los Juegos Nacionales. |
| 2004-2007 | Rubén Darío Rodríguez | Liberal | Separado del cargo por inhabilidad y reintegrado en 2005, vinculado al caso de la “avenida fantasma”; también alcalde en 1992. |
| 2008-2011 | Jesús Ma. Botero | Liberal | Procuraduría le formuló cargos por contratos viales; sancionado en primera instancia, absuelto en segunda. |
| 2012-2015 | Luis H. Rodríguez | Liberal | Acusado de prevaricato por omisión, interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplir requisitos legales y peculado por apropiación por Juegos Nacionales en 2015; preso. |
| 2016-2019 | Guillermo A. Jaramillo | MAIS | Pendiente por Procuraduría y Fiscalía de cargos por contrato para alumbrado navideño e irregularidades en convenio del proceso de nuevo predial. |
Gobernación del Tolima (2001-2019)
| Periodo | Nombre | Partido | Situación Jurídica |
| 2001-2003 | Guillermo A. Jaramillo | Polo Democrático Independiente (PDI) | Actual alcalde de Ibagué. |
| 2004-2005 | Jorge García Orjuela | Somos Colombia | Destituido por violación del régimen de inhabilidades. |
| 2006-2007 | Fernando Osorio Cuenca | Liberal | Imputado por contratos sin requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros, pendiente. Por el mismo caso (Convenio A. Bello) está Óscar Barreto. |
| 2008-2011 | Óscar Barreto Quiroga | Conservador- Autocalificado como “el gobernador más uribista” | Sancionado en primera instancia por irregularidades en la vía Líbano-Villahermosa, absuelto en segunda. Imputado por convenio con empresa Egetsa y otorgamiento de cupos estudiantiles “fantasmas” e investigación por fallido “banco de los tolimenses”. |
| 2012-2015 | Luis Carlos Delgado | Liberal | Investigación pendiente por participación en política y salpicado en detrimento a Universidad del Tolima. Dos veces alcalde de Ibagué (1973- 1975), Gobernador encargado, senador y representante. |
| 2016-2019 | Oscar Barreto Quiroga | Conservador- Autocalificado como “el gobernador más uribista” | Imputado por irregular contratación del PAE en 2016 y el “cartel de fertilizantes”, contratados y no entregados a agricultores. |
Los mandamases conquistaron los cargos gracias a respaldos cruzados y compadrazgos. Oscar Barreto cuenta con apoyo incondicional del Partido Conservador y del uribismo, pero en varias ocasiones ha sido respaldado por Cambio Radical y por la U y, en la última elección, por Opción Ciudadana y Mira. Jorge Tulio Rodríguez contó con el respaldo del partido Liberal, pero desde 2010 ha recibido el apoyo de la U. Y Rubén Darío Rodríguez fue apoyado en su primera alcaldía por Guillermo Jaramillo, Alberto Santofimio y Carlos García y en la segunda por el Partido Liberal.
Además, los alcaldes y gobernadores impulsan como candidatos a sus funcionarios y socios: Jesús María Botero fue secretario de salud de Jorge Tulio Rodríguez; Rubén Darío Rodríguez, de la entraña de Santofimio, ha tenido varias cuotas en las administraciones liberales. Y actualmente Guillermo Jaramillo impulsa a José Alberto Girón, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, que tiene procesos abiertos por posesionarse inhabilitado y por responsabilidad fiscal ante la Contraloría Departamental.
Al escribir “Corrupción Tolima” en Google, aparecen 507 mil resultados en 0,36 segundos; y al digitar “Corrupción Ibagué” salen 334 mil en 0,39 segundos. En el ranking de Transparencia, Ibagué ocupa el puesto dieciséis (entre 29 capitales) con puntaje de 56,03 y alto riesgo de corrupción. La Contraloría del Tolima cayó del puesto décimo con 62,8 puntos y riesgo medio, en 2013-2014, al puesto 21 con 55,02 puntos y riesgo alto de corruptela en 2015-2016.
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La gota que rebasó la copa
Corrupción en el Tolima |
La situación no da para más: el desfalco en la construcción y diseño de los escenarios deportivos para los Juegos Deportivos Nacionales de 2015, cuando se esfumó la tercera parte de los 140 mil millones presupuestados, no tiene precedentes y destapó la podredumbre incubada.
Eran tres grandes escenarios: el estadio Murillo Toro, el Parque Deportivo y la Unidad Deportiva Calle 42. Los dos últimos no se terminaron y quedaron reducidos a un campo de 33 hectáreas en ruinas. Esta última contaba con un presupuesto de 39 mil millones, de los que se usó solo un 41 por ciento. Para el Parque se invirtió un 37 por ciento de los 85 mil millones destinados, pues los estudios se adjudicaron en licitación a la firma española Typsa por 11 mil 500 millones, un contrato que, según la Fiscalía, se cuadró con coimas por 1.800 millones de pesos. Debido al desgreño quedaron 40 mil millones sin usar, parte de los 55 mil que el municipio debe devolver a Coldeportes. Precisamente Coldeportes, pese a haber firmado un convenio con Ibagué por 74.160 millones, fue connivente con el disparate.
En el ranking de Transparencia, Ibagué ocupa el puesto dieciséis (entre 29 capitales) con puntaje de 56,03 y alto riesgo de corrupción.
Contradiciendo las promesas del Fiscal Martínez, buena parte de la investigación sigue en el aire, especialmente la del Parque Deportivo. Si bien Orlando Arciniegas (quien fue apoderado personal del ex alcalde Jorge T. Rodríguez), el supuesto “cerebro” de la operación, fue condenado a 27 años de prisión y otros diez de los diecisiete sindicados cumplen con penas diversas, los demás no han sido investigados. Esto incluye a Andrés Botero, el entonces director de Coldeportes, y los miembros de los organismos de control que permitieron semejante despelote. El abogado de las víctimas afirmó acertadamente que “el caso permaneció muerto el año 2018”.
Además de los Juegos, existen otros casos emblemáticos como el del Panóptico de Ibagué, con obras inexistentes por 960 millones; el multimillonario detrimento de la Universidad del Tolima y el Triángulo del Tolima, proyecto de irrigación en tres municipios del sur de mayorías indígenas que, según una auditoría de 2014, acarreaba pérdidas de más de cien mil millones ese año a causa de obras abandonadas e irregulares, y sombras en el proceso de compra de tierras. Varios nativos afirman que “ha creado más problemas que beneficios” y el ex ministro Irragori aseguró que “la plata que llega allí se desaparece”. Todo esto está relacionado con proyectos nacionales manchados como los de la doble calzada Bogotá-Girardot y el Túnel de la Línea.
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En una conversación con los hermanos Jaramillo, Paloma Valencia afirmó, refiriéndose a las elecciones venideras, que “había que garantizar la Alcaldía para los liberales y hacer una interpartidista para la Gobernación”.
Estas afirmaciones tuvieron lugar en medio de la indignación general por la leve suspensión (de apenas nueve meses) dictada contra 15 de los 19 concejales de Ibagué que participaron de la elección irregular del Contralor, también del gusto del alcalde Jaramillo.
La suerte del Tolima es incierta. Y aunque se duplicaron las denuncias por corrupción ante la Fiscalía—al igual que en 2018—, la fuerza cívica que las alienta puede ser abatida por la protagonista constante de este relato: la impunidad. Es momento de que cese de una vez por todas.
*Analista, consultor en áreas públicas y privadas, columnista, catedrático universitario y panelista de la cadena Blu Radio.
