Los contratos del Estado son de alto interés público, pero la información que suministra el Estado no nos muestra el panorama completo. Lo que se sabe, sin embargo, es preocupante.
Luis Carlos Calixto Rodríguez*
Un 80% de información inútil 
En la edición anterior de Razón Pública, hice mención de los tres indicadores disponibles para saber si la Agencia Nacional de Contratación Pública es eficiente o gasta más de lo presupuestado según la información disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) entre los años 2008 y 2020.
El primer resultado se refiere a la calidad de la información. Es preocupante la existencia de contratos con presupuestos iguales a cero: entre 2008 y 2020 se registraron 555.784 contratos, de los cuales 9.347 figura como Cuantía del Contrato la cantidad “0”; esto equivale al 1,68% de los contratos.
La situación se agudiza al analizar las variables Valor del Contrato y Valor Total del Contrato con Adiciones. En el primer caso tenemos 9.119 contratos con valor cero (1,64% del total) y en el segundo caso tenemos 460.234 contratos (82,8% del total), lo cual implica que en el análisis se debe prescindir del 82,8% de los datos y trabajar apenas con el 17.19%, es decir, sobre 95.425 de los 557.784 contratos.
Entidades misteriosas
La información del SECOP se refiere a las 219 entidades del orden nacional, pero para realizar mis estudios, tomé apenas las diez que figuran con el mayor número de contratos y con al menos un contrato en el periodo de revisión.
Y aquí surge una segunda alerta sobre la información que provee el SECOP, ya que apenas 14 de las 219 entidades realizó al menos un contrato en cada uno de los años. Hay 20 entidades que reportan apenas un contrato en solo un año entre 2008 y 2020, entre las cuales se incluyen el Servicio Público de Empleo (REDEMPLEO), la Superintendencia de la Economía Solidaria (SUPERSOLIDARIA) y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).
Bajo esas circunstancias sería posible examinar las 14 entidades que presentan por lo menos un contrato en cada uno de los años, o examinar las diez entidades con el mayor número de contratos sin importar en cuales años. Decidí combinar los dos filtros y así quedé con 20 entidades que enumera el Cuadro adjunto, con su total respectivo de contratos año a año. Importa resaltar que entre ellas se encuentran siete Corporaciones Autónomas Regionales (CAR): la de la Macarena, la del Guavio, Chivor, la de Caldas, la del Sinú – San Jorge y la de Guajira.
¿Ahorran, o gastan demasiado?
Para examinar más de cerca la variable “Valor Cuantía del Proceso” en relación con el gasto o ahorro del presupuesto destinado a los contratos por esas veinte entidades utilizo el indicador que se calcula como sigue:
El 97,9% de los contratos de estas entidades acabaron costando más de lo presupuestado. Las entidades con mayores sobrecostos resultaron ser la Corporación Autónoma Regional del Guavio, la Procuraduría General de la Nación y la Corporación Autónoma Regional de Chivor.
En conclusión:
- El SECOP permite agilizar la contratación pública y hacer más transparentes los procesos de contratación,
- Pero la información que hoy presenta SECOP no permite incluir en el análisis a la gran mayoría de los contratos
- La casi totalidad de los contratos que sí se pueden analizar costaron más de lo que estaba presupuestado. Una señal sencillamente.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.
