En una medida desesperada, la presidenta Kirchner pretende saltarse la ley y la autonomía de la banca central argentina.
César González Muñoz *
El gobierno argentino necesita moneda extranjera para servir cumplidamente la deuda externa y así continuar restaurando la confianza de los mercados financieros; tiene dos fuentes potenciales: los recursos tributarios del tesoro público y el endeudamiento interno. La primera de estas fuentes conlleva dolor electoral para los peronistas en el poder, porque implica apretar el gasto público. La segunda tiene en las actuales circunstancias una sola opción: El banco central tiene abundantes activos en moneda extranjera. La solución que ha adoptado el gobierno Kirchner es que el banco le preste la plata al gobierno, y así lo ha ordenado por vía de decreto especial.
El tesoro argentino necesita unos 6,600 millones de dólares para el servicio de la deuda externa durante el 2010. Esa es la suma que le ha pedido el gobierno al banco central a título de préstamo con plazo de diez años, sin amortizaciones durante el plazo. Con esta operación, el presupuesto liberaría fondos para otros rubros de gasto en un año pre-electoral.
Por otro lado, Argentina busca un inmediato regreso a los mercados internacionales de bonos a pesar de su terrible historia de defaults en serie. Pero el tiro le puede salir por la culata.
En el 2001 Argentina declaró en cesación de pagos deudas internacionales por 82,000 millones de dólares: récord mundial aún no superado. En los siguientes tres años no pasó mayor cosa. En el 2005, el presidente Kirchner ofreció un Tómelo o Déjelo a los tenedores de bonos argentinos; esta oferta implicaba la pérdida de tres cuartas partes del principal de la deuda y el impago de los intereses de mora. En ese momento, cerca de la cuarta parte de los acreedores, que tiene en su haber unos 19,000 millones de dólares de los bonos en default, se negó a aceptar los términos de la oferta. La reacción argentina fue, simplemente, la indiferencia. Esa acción sin precedentes mantiene a la Argentina excluida de cualquier posibilidad de emitir bonos internacionales. Ahora, el gobierno federal tiene lista una nueva oferta a los rebeldes de 2005.
Si logra este acuerdo, el gobierno haría de inmediato una nueva emisión de bonos por 1,000 millones de dólares. ¿Habrá tomadores? Si el precio es correcto, los inversionistas querrán volver a la nación austral. En esos mundos es corta la memoria. Pero el desmadre institucional los puede asustar.
Con toda razón, el gerente del banco central ha dicho que el decreto que ordena el préstamo no se ajusta al orden jurídico, y que sólo el congreso tiene esa atribución. La presidenta decidió destituirlo, también por decreto. Una juez intervino, suspendiendo el decreto del préstamo y también el de la destitución del gerente. Argentina está ahora en el fragor de la Batalla de las Reservas; Un debate público sobre el manejo de la deuda y sobre la autonomía del banco central.
Contra lo que dicen los guardianes de la pureza ortodoxa, el uso fiscal de reservas internacionales no es, en sí mismo, un anatema universal. El problema central no está allí. Aparte del asunto de la legalidad de los decretos, todo indica que la situación fiscal es muy mala, y con este episodio el gobierno da clara muestras de que no desea remediarla apretándose el cinturón, poniendo así en riesgos mayores la estabilidad macroeconómica. Argentina ya exhibe hoy cifras de inflación mucho más altas que el promedio regional y mundial. He ahí el trasfondo de esta disputa institucional, cuyo desenlace no será favorable a la posición internacional de la Argentina. Sus líderes políticos están dispuestos a llevarse de calle las ceremonias y las reglas del orden institucional en nombre de la necesidad y de la emergencia.
*Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
