Consejos de Juventud: una asignatura pendiente

Los Consejos de Juventud deberían ser una escuela de ciudadanía y democracia, un puente entre la juventud y las decisiones públicas. Mientras no logremos que esa escuela funcione con toda su potencia, seguiremos repitiendo que la participación juvenil en Colombia es una asignatura pendiente.

La votación del pasado 19 de octubre deja, una vez más, un sabor agridulce. A pesar de que más de 250.000 jóvenes adicionales participaron frente a la elección anterior, el porcentaje de votación sigue sin superar el 13% del censo electoral juvenil. Ese dato, frío pero contundente, refleja que los Consejos Municipales y Locales de Juventud —una figura pionera a nivel mundial por ser de las pocas instancias de participación juvenil elegidas por voto popular— siguen enfrentando un problema estructural de legitimidad.

Un voto joven con poca legitimidad

Aunque podría sonar paradójico que sean los propios jóvenes quienes aún no validan plenamente esta instancia, hay razones que ayudan a entenderlo. En 2021, cuando se realizaron por primera vez estas elecciones, la participación apenas superó el 10%, marcada por un contexto de desconfianza, desconocimiento y una profunda crisis de comunicación institucional. Para los cuatro años siguientes, no existieron canales oficiales de diálogo entre los Consejos y la ciudadanía juvenil, lo que provocó que los procesos se desarrollaran en una especie de aislamiento institucional. A eso se sumó una desinformación generalizada sobre la utilidad real de los Consejos, que terminó afectando la percepción de su impacto.

En ese sentido, no es menor reconocer que la falta de legitimidad no recae solo en los jóvenes, sino también en el Estado, que no ha sabido acompañar sostenidamente este proceso. Sorprende, eso sí, que en esta elección la Registraduría Nacional del Estado Civil haya asumido con tanto ímpetu el papel de articuladora principal. La autoridad electoral logró lo que pocas veces se ve: alianzas multisectoriales con el sector privado, con la sociedad civil y con medios de comunicación. Una de las iniciativas más llamativas fue la de ofrecer beneficios comerciales a quienes presentaran el certificado de votación, algo inédito en el país y que debería mantenerse para estimular el ejercicio democrático en este tipo de elecciones.

La sociedad civil organizada también jugó un papel clave. Varias organizaciones entendieron la importancia de acompañar estos procesos, lo que fortalece la pedagogía electoral y promueve la participación de manera creativa y descentralizada. Hubo articulaciones notables que demostraron compromiso, creatividad y sobre todo una comprensión profunda de que la participación juvenil no puede limitarse a un evento cada cuatro años.

Pero mientras la Registraduría y la sociedad civil parecían avanzar en una misma dirección, desde el Ejecutivo la historia fue otra. Ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Igualdad y Equidad, y mucho menos el Viceministerio de Juventud, lograron proyectar una estrategia de comunicación o acompañamiento coherente. El proceso pasó casi inadvertido para quienes, en teoría, deberían ser los mayores promotores de la participación juvenil. A esto se suma la crisis de confianza derivada de los escándalos en la designación de la cabeza del Viceministerio de Juventudes, que contribuyeron a una sensación de vacío institucional frente al tema.

El desafío

El resultado es un proceso que, si bien se mantuvo en pie gracias a esfuerzos dispersos, careció de un liderazgo político visible desde el gobierno nacional. La elección de los Consejos de Juventud no puede ser entendida como una obligación burocrática, sino como una oportunidad para renovar el vínculo entre los jóvenes y el Estado, una puerta para que nuevas generaciones participen en la planeación, el control y la evaluación de las políticas públicas locales.

Ahora bien, también es importante leer el fenómeno desde lo territorial. Las cifras muestran realidades contrastantes: en ciudades grandes como Bogotá, la participación apenas alcanzó el 6%, lo que muestra que los canales tradicionales de convocatoria y movilización no están funcionando en contextos urbanos. Allí, la sobreexposición a información y la fragmentación social hacen que la política juvenil pierda relevancia frente a otras dinámicas de la vida cotidiana.

Por otro lado, las campañas siguen teniendo un margen de acción muy limitado. La mayoría de los esfuerzos se concentraron en redes sociales, donde la interacción no siempre se traduce en participación real. A pesar de la alta actividad digital, las urnas no reflejaron ese entusiasmo virtual. La “burbuja” de las redes, que muchos esperábamos se rompiera esta vez, terminó confirmando que la participación política no se construye solo con clics ni con publicaciones.

El reto hacia adelante es enorme. Si en los próximos cuatro años queremos que los Consejos de Juventud sean realmente instancias legítimas de representación e incidencia, se requiere mucho más que un nuevo proceso electoral. Se necesita institucionalidad que escuche, dialogue y rinda cuentas, que promueva espacios permanentes de encuentro entre los consejeros y la ciudadanía juvenil.

La legitimidad se construye desde la cercanía, la rendición de cuentas y la capacidad de mostrar resultados tangibles. Los jóvenes no se movilizan solo por ideales: se mueven cuando ven cambios, cuando perciben impacto, cuando las promesas se convierten en hechos.

Por eso, más que culpar a la apatía o al desinterés, debemos mirar con honestidad las fallas estructurales de un Estado que, por momentos, parece no entender a su población más joven. Los Consejos de Juventud no son un simple trámite ni una figura decorativa: son, o deberían ser, una escuela de ciudadanía y democracia, un puente entre la juventud y las decisiones públicas.

Y mientras no logremos que esa escuela funcione con toda su potencia, seguiremos repitiendo la misma lección: que la participación juvenil en Colombia sigue siendo una asignatura pendiente.

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