El desmantelamiento de las organizaciones criminales no daba espera. Pero después de la acción policiva, la administración distrital se ha quedado corta para atender el problema social y de seguridad causado por esa intervención.
Juan Carlos Ruiz V.*
Más seguridad
Durante el primer año de la administración de Enrique Peñalosa se han adelantado algunas iniciativas en temas de seguridad que parecen mostrar buenos resultados:
- Han comenzado a funcionar instituciones más sólidas, como la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
- Hay un servicio de inteligencia policial más afinado que ha permitido desmantelar bandas criminales de gran importancia.
- Aunque aún no se conocen los resultados de la anunciada evaluación de la estrategia diseñada para las 754 zonas críticas de la ciudad, algunas cifras aisladas sobre delitos en descenso hacen pensar que habrá resultados satisfactorios.
Entre estas iniciativas, la Alcaldía ha mostrado la intervención del Bronx como una de las más importantes. Pese al impacto negativo que tuvo esta acción sobre las zonas aledañas, la toma del Bronx envió el mensaje de que en Bogotá no había territorios vedados para las autoridades y que eran intolerables estas “repúblicas independientes” del crimen y de la degradación humana.
La Alcaldía ha dicho que tras la intervención han disminuido las tasas delincuenciales en el centro de la ciudad: los homicidios han bajado en un 7 por ciento, las lesiones en un 34 por ciento, y los hurtos en un 29 por ciento.
La encuesta más reciente de la Cámara de Comercio de Bogotá muestra que el sentimiento de inseguridad ha disminuido en un 14 por ciento, mientras que la victimización se ha mantenido casi sin variación comparada con el mismo período de 2015.
Sin embargo, las cifras de criminalidad y encuestas de percepción también mostraron mejoras en los primeros meses de las administraciones de Samuel Moreno y Gustavo Petro. Solo si este comportamiento se mantiene en el tiempo podrá afirmarse que las estrategias han comenzado a tener éxito.
¿Intervención exitosa?
 Tráfico de las drogas ilícitas en las “ollas” de Bogotá intervenidas. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Poco después de la intervención en el Bronx, dije en Razón Pública que esta crearía un efecto de dispersión (“spillover”), como efectivamente sucedió, pues las bandas y visitantes regulares del sector buscaron nuevas zonas con características similares que les permitieran traficar, delinquir y consumir.
Este no es un hallazgo sorprendente. La criminología moderna ha documentado ampliamente los efectos negativos de las estrategias para zonas críticas (hot spots policing). Por ejemplo, en Bogotá las bandas criminales han buscado crear nuevas versiones del Bronx en San Bernardo, La Estanzuela y Cinco Huecos, con la connivencia de algunos miembros de la Fuerza Pública. Estos no son los únicos lugares de la ciudad que prometen convertirse en nuevos tipos de Bronx. Un poco más lejos, en “El Cartuchito” de Kennedy o “La Carrilera” de Paloquemao, comienzan a hacerse visibles los mismos niveles de marginalidad y degradación del viejo Bronx.
Aunque en el caso del Bronx hubo un intento de acción coordinada entre varias agencias, nacionales y locales, como la Fiscalía, el CTI, el Ejército, la Policía, el ICBF y las Secretarías de Salud e Integración Social, las autoridades no previeron el carácter trashumante de los habitantes de la calle ni su gran número.
La criminología moderna ha documentado ampliamente los efectos negativos de las estrategias para zonas críticas.
No había censos de habitantes de la calle y aún hoy, después de seis meses, no se sabe a ciencia cierta hacia dónde se ha trasladado esta población. Se cree que son 10.000 en toda la ciudad, de los cuales 2.000 se encontraban en la famosa “L”. Sin embargo, el Distrito dice haber atendido a más de 11.000 y tener a cerca de 500 antiguos habitantes del sector en programas contra la drogodependencia.
La intervención en el Bronx produjo disturbios, bloqueos, descontento y destrucción de locales y comercios. Incluso hubo anuncios clandestinos de grupos ilegales que prometían reeditar los asesinatos de habitantes de la calle de los años ochenta y noventa.
Además, después del desembarco policial en el Bronx, la Alcaldía pareció no haber previsto cómo lidiar con los habitantes de la calle, y rápidamente se escudó en la Sentencia T043 de 2015 de la Corte Constitucional que impedía que estos fueran llevados a centros de paso u obligados a seguir un tratamiento para la dependencia de las drogas.
Esta Sentencia es clara en ese sentido, pero obliga también a las autoridades locales a dar atención a esta población marginalizada y vulnerable sin trasgredir sus derechos fundamentales. De hecho la sentencia surgió como respuesta a la tutela que presentó el personero de Dosquebradas porque el municipio no le había dado albergue y ayuda a una habitante de la calle que era drogodependiente. En ningún caso la Sentencia invita a que los gobiernos se desentiendan de los problemas del habitante de calle, sino que exige a los entes territoriales tener una política integral sobre la materia que provea alimentación, salud y vivienda para ellos. A pesar de la retórica del gobierno distrital, que anunció la creación de centros de paso y ayuda a indigentes, esa política no parece muy clara en Bogotá.
El Distrito, con un acentuado leguleyismo, quiso mostrar que estaba maniatado para intervenir en el caso de los habitantes de calle debido a esta Sentencia. Mientras tanto los habitantes de calle habían comenzado a cometer actos vandálicos, intimidaban a vecinos del barrio y comerciantes o robaban a transeúntes y conductores.
Por primera vez, los indigentes quisieron mostrar su poder protagonizando desórdenes como respuesta a los desalojos que los llevaron hasta el caño de la Avenida Norte Quito Sur con calle 6. Finalmente, la Alcaldía ha aceptado que solo puede darle atención a un 25 por ciento de los habitantes de la calle.
También anunció el fin de los Centros de Atención Médica a la Drogodependencia (Camad), que fue iniciativa de la administración Petro, después de que el actual secretario de Seguridad, Daniel Mejía, señalara que sus resultados no habían sido objeto de evaluación suficiente y que debían ser clausurados. Sin embargo los camiones del Camad se mantienen y continúan su labor, pues la administración parece no tener una fórmula diferente para este problema de salud pública.
Redes criminales intactas
 Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa en intervenciones sobre el antiguo barrio “El Bronx”. Foto: Alcaldía mayor de Bogotá |
La administración también ha querido mostrar que toda la ciudad ha tenido un mejor comportamiento en tasas criminales gracias a la intervención en el Bronx, achacándole un impacto nunca comprobado a esta intervención puntual y focalizada.
La verdad es que, aunque se aprehendieron algunos mandos medios de los llamados “ganchos”, la estructura del tráfico de drogas de la ciudad sigue intacta. Es cierto que los esfuerzos de inteligencia contra ciertas bandas han afectado a expendedores en las afueras de los colegios y plazas de mercado, pero el negocio de la droga que representa el consumo de los toxicómanos bogotanos comienza a tener proporciones epidémicas y a producir niveles muy altos de violencia en la ciudad.
Se calcula que en Bogotá hay entre 400 y 600 “ollas” de expendio y consumo de drogas, algunas de las cuales (unas 11) prometen convertirse en nuevas versiones del Bronx. Estas ollas mueven un mercado anual que algunos han calculado en cerca de 400.000 millones de pesos. Mientras tanto, solo 300 policías están asignados a la tarea de combatir este negocio ilegal en Bogotá.
La estructura del tráfico de drogas de la ciudad sigue intacta.
Este es un problema serio de seguridad porque los territorios donde se encuentran estas ollas coinciden con zonas de alta concentración criminal, en donde las bandas se trenzan en luchas por territorios, negocios ilícitos y ajustes de cuentas. Y es sabido que el micro-tráfico puede financiar actividades de pandillas o incluso del terrorismo (como se ha descubierto en los recientes atentados de Francia y Bélgica).
No era necesario el reciente estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para concluir que Colombia pasó de ser un país productor de drogas a representar un lucrativo mercado interno de consumo. Y esta situación está afectando a los jóvenes escolares. Tres grandes encuestas sobre colegios y victimización entre escolares bogotanos adelantadas en 2006, 2011 y 2013 muestran que el consumo de drogas ha aumentado de manera preocupante: de 6,1 por ciento en 2006 a 29,3 por ciento en 2013 en colegios públicos, y de 4,1 a 13,2 por ciento en los privados en el mismo período.
Este consumo ha hecho más vulnerables a los estudiantes ante las acciones de bandas criminales y pandillas. El 17 por ciento de los estudiantes de colegios públicos encuestados señalaron que en sus planteles se vende droga y un 35 por ciento confirmó también la venta en las afueras del plantel. Este cambio ha desencadenado una serie de delitos y comportamientos que están afectando la vida escolar. Ya se han presentado casos de muerte por sobredosis en colegios y se ha visto el consumo colectivo de sustancias en horas de descanso o recreo.
No hay que olvidar que en el Bronx se encontró la presencia preocupante de menores de edad, en muchos casos estudiantes de colegios públicos distritales. Y no pocos centros escolares se encuentran en cercanías de las nuevas ollas de la ciudad.
En conclusión, la intervención del Bronx no solo era necesaria e inevitable, sino que la administración puede mostrarla como un rédito de su gestión. Sin embargo, el resto de la estructura criminal de micro-tráfico sigue muy bien aceitada en la ciudad.
* Profesor titular de la Universidad del Rosario, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, magíster en Administración Pública de la ENA (Francia), magíster en administración de empresas de la Universidad Laval (Canadá), magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
