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Conflictos laborales: para negociar se necesitan dos

Escrito por Ricardo Bonilla

Ricardo Bonilla GonzalezEn la huelga judicial, en la de los cañeros y en general en asuntos laborales,  el Gobierno no actúa como empleador ni como mediador, sino como adversario de los trabajadores.

Ricardo Bonilla González

La base de un mercado laboral es la relación permanente entre dos partes: los empleadores y los trabajadores. Los contratos, cualquiera que sea su forma, involucran acuerdos salariales, legales y extralegales, condiciones de trabajo y mecanismos para dirimir controversias.

Para que aquella relación laboral exista y pueda funcionar, la condición esencial es el reconocimiento que cada parte hace de su contraparte, de que ella existe y que con ella hay que dialogar y negociar cuando se presenten diferencias respecto de una o varias condiciones del contrato.

Eso es lo que sucede en un país democrático, donde el respeto a los derechos de los ciudadanos constituye la guía de acción del Estado y de los empresarios. Pero no es eso lo que hoy pasa en Colombia, ni ha sido esa la actitud del gobierno, pues la política oficial ha consistido en desconocer a los sindicatos, en descalificarlos y en imponer las decisiones por decreto.

La tranquilidad laboral no ha sido prioritaria para esta Administración. Por el contrario, desde un comienzo se optó por deslegitimar a los representantes de los trabajadores y por apoyarse en los gremios empresariales para tomar las decisiones supuestamente "concertadas".

Las reuniones tripartitas, cuando han tenido lugar, se basan en el supuesto de que los trabajadores se equivocan y los empresarios tienen la razón, de modo que los delegados del gobierno adoptan posiciones patronales en vez de cumplir su presunto papel de árbitros que contribuyen a buscar acuerdos.

La misma lógica se da en otras circunstancias o escenarios donde el gobierno debería aportar a la conciliación, ó donde tiene que actuar como patrón. Durante los últimos años, su talante autoritario y parcializado en materia laboral se ha hecho visible en por lo menos tres tipos de situaciones: los desacuerdos respecto del salario mínimo, la negativa a negociar con funcionarios públicos, y la campaña de desprestigio o "macartización" cuando quienes protestan son los trabajadores particulares.

"Negociaciones" del salario mínimo

Las reuniones tripartitas de los tres últimos años, convocadas para "concertar" el salario mínimo y adoptar una agenda de trabajo para los meses siguientes, no han pasado de ser  parodias con libretos preconcebidos para el aplauso mutuo de gobierno y empresarios.

En estas reuniones tripartitas, el Ministro de Protección Social hace las veces de moderador y maestro de ceremonias, él decide quién habla y a qué horas habla, aplaude cuando le gusta y cuando no le gusta interrumpe al orador, en un estilo parecido al del Señor Presidente en sus "consejos comunitarios de gobierno". El Ministro también controla la relación con la prensa y mantiene en antesala a los periodistas hasta que empieza a hablar el presidente  de la Andi, cuando se abre la puerta y ambos posan para la fotografía. Los medios en cambio no están presentes cuando hablan los trabajadores o sus invitados, ni cuando el Ministro se ofusca y pierde su compostura.

Hace dos años, empresarios y trabajadores habían aproximado sus posiciones en diferentes encuentros informales, de manera que todos esperábamos que la reunión oficial sería una simple formalidad para adoptar el aumento convenido de 6.95% en el salario mínimo. Pero en la mesa formal se propuso que el acuerdo incluyera a los trabajadores del sector público, y ahí fue Troya: los Ministros de Protección y de Hacienda declararon que subirían un 4% y nada más; el Gobierno rompió las conversaciones, los empresarios negaron el preacuerdo y el reajuste fue establecido por decreto y por  debajo de la cifra que había sido pactada. Según los medios, sin embargo, el fracaso de la negociación se debió a la  intransigencia de los trabajadores.

Un año después, no fue la intemperancia del Ministro, sino la arrogancia del Presidente de FENALCO, quien insistió en que los empresarios estaban perdiendo y no podían aumentar el salario  más allá del 4%. Mientras los balances mostraban grandes utilidades y el Gobierno se solazaba por el buen desempeño de la economía, los gremios afirmaban que la reevaluación del peso no les permitía compartir la ganancia con sus trabajadores. En estas condiciones no hubo acuerdos informales, la mesa de diálogo se rompió, el gobierno fijó el salario mínimo por decreto y a los empresarios les encimó un paquete de reducción de impuestos y auxilios cambiarios, mientras los trabajadores salieron regañados.

La intemperancia del Ministro o la tacañería de los empresarios fueron pues la causa de que  en los dos últimos años se rompieran las negociaciones y el salario mínimo no hay sido concertado. Probablemente sucederá lo mismo este año y también le echarán la culpa a los trabajadores, que pedían demasiado. Muy pocos sin embargo conocen la historia verdadera y la versión que desplieguen los medios será la del Ministro.

El caso de ASONAL

Los motivos de protesta de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales no son nuevos, sino que tienen origen en los acuerdos subsiguientes a la firma de la Constitución del 91, como parte del programa de reorganización y profesionalización de la justicia. Desde entonces ningún gobierno se ha esforzado seriamente en hacer realidad lo que quedó esbozado en la ley y, por distintas razones, su aplicación se fue aplazando y en su lugar se fueron dando "contentillos".

En este año – y después de muchas dilaciones- ASONAL optó por declarar la huelga. El tratamiento ha sido variopinto, en ocasiones con ofertas razonadas, en otras con descalificaciones basadas en el daño que implica la  paralización de la justicia. Después de más de un mes de paro, la oferta del gobierno sigue siendo mínima y la amenaza para la estabilidad de los trabajadores, máxima.

El argumento central del gobierno es que ya está "raspada la olla" y no  puede pagar más. Pero lo  dice una Administración que ha gastado a manos llenas e hizo subir el Presupuesto General de la Nación desde los $66 billones del año 2002 hasta los $140.5 billones aprobados para el año entrante, todo el tiempo muy por encima de la inflación.

En seis años, el presupuesto nacional más que se duplicó y el gasto público aumentó mucho más rápido que el PIB, sin que ello implicara mejoras sustanciales en el salario de los empleados públicos. De hecho, en cada uno de estos años, el incremento salarial estuvo por debajo de lo acordado para los trabajadores particulares y la actitud oficial  siempre fue la misma: no se negocia, el gobierno decide cuál es el reajuste y se reserva el derecho de "reestructurar"  la entidad cuando a bien tenga.

El tema de los salarios del sector público quedó por fuera de las mesas de concertación, no es del interés de gremios o empleadores particulares, y el gobierno prefiere darle un manejo discrecional.

Este manejo ha consistido en tres tipos de medidas. Primero, aumentos salariales bajos para los trabajadores de carrera. Segundo, reestructuración de entidades, recortes en las plantas de personal, y outsourcing o substitución del patrono por empresas temporales y cooperativas de trabajo. Pero tercero, mejoras significativas para los congresistas, los altos funcionarios del Estado y los trabajadores vinculados con la guerra.

¿Por qué el gobierno no negocia? Por el principio de autoridad y porque, en opinión del Presidente, dentro del aparato del Estado no debe haber interlocutores – lo cual implica descalificar el sindicalismo en el sector público, verlo como antipático o incluso como un obstáculo para los intereses de "la Patria"-.  Esta es la actitud que traslucen las alusiones del Jefe de Estado a los sindicatos de la rama judicial, los del magisterio o los del sector de la salud, y así ejecutan sus ministros las instrucciones de  "reestructurar" entidades, interviniendo hospitales a media noche, con fuerza armada incluida, despidiendo a los trabajadores, y enganchando personal de una "cooperativa" u otro intermediario laboral.

Así también ha procedido el gobierno en el caso de ASONAL judicial: reajustes salariales establecidos en forma unilateral y, ante la persistencia de la huelga, declaratoria de la conmoción interior para proceder a desalojos, a la destitución de funcionarios, al nombramiento de reemplazos y a la "limpieza" de dirigentes conflictivos.

El caso de los corteros de caña

No es muy distinta la situación respecto de las "cooperativas de trabajo asociado", CTA. Esta figura existe en Colombia desde hace más de medio siglo, pero cobró importancia sólo a raíz de la recesión de 1999 y llegó a convertirse en mecanismo básico de la gestión laboral bajo el actual gobierno.

En efecto. Los datos oficiales de CONFECOOP – entidad que agrupa a estas entidades- revelan que en el año 2002 existían unas mil CTA, con cerca de cien mil asociados, mientras en el 2007 se contaron 3.600 CTA, con medio millón de asociados. Es más: según la Confederación de Cámaras de Comercio, el número real de CTA es 12.059, por lo que se deduce que el número total de trabajadores "asociados" podría ascender a millón y medio.

Dentro de una CTA los trabajadores dejan de ser asalariados, pasan a ser propietarios de su aporte a la cooperativa, no pueden organizarse como sindicato y son pagados a destajo- lo cual implica un claro "dumping" laboral-. Sin embargo, para el empleador, las CTA son un medio eficaz para desaparecer la relación laboral y disfrazarla de negocio comercial, de reducir las nóminas, y de evitar el pago de primas, vacaciones, cesantías, aportes de salud, pensiones y demás cargas parafiscales. Un ahorro de entre el 31% y el 39% de los costos totales por concepto de mano de obra.

El Estado no sólo tolera y estimula la multiplicación de las CTA. El Estado también las utiliza en su calidad de empleador, o sea que el Estado mismo practica el dumping laboral.

El conflicto con los corteros de caña es el comienzo del fin de un sueño. Igual que a muchos otros trabajadores, a los corteros los convencieron de que les iría mejor en una cooperativa que como asalariados, y que además  llegarían a ser parte del anhelado "país de propietarios". Pero hoy por hoy, su petición más radical  es muy sencilla: volver a ser contratados directamente por los ingenios azucareros, porque prefieren ser trabajadores dependientes con derechos, que propietarios en la miseria y sin futuro.

El gobierno, que debería defender el derecho al trabajo digno, les dice que la huelga es ilegal, que los cortadores de caña no pueden protestar contra los ingenios porque no son empleados suyos. Y cuando la protesta sube de tono, el Presidente afirma que el movimiento está siendo "instigado por las FARC" y descalifica a los dirigentes y a las organizaciones legales que apoyen el paro.

Pedir mejor salario es subversivo 

Se trata de desconocer a la contraparte y, más aún, de convertirla en  enemigo del Estado. Declarar ilegal la huelga de los corteros y declarar el "estado de  conmoción interior" ante la huelga de ASONAL es tanto como afirmar que la organización de los trabajadores constituye una amenaza  subversiva.

En uno y otro caso, el gobierno intentó resolver el conflicto mediante un "consejo comunitario", o sea que trató de convertir la protesta en un ritual público moderado personalmente por el Jefe de Estado. El intento fracasó en ambos casos. Y en ambos casos la reacción del Presidente ha consistido en tildar el paro laboral de movimiento subversivo.  

El Presidente y sus ministros no actúan como el empleador o como el mediador. Actúan desde la autoridad. Pero para negociar se necesitan dos y los únicos que hoy quieren hacerlo son los trabajadores.

 

* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Coordinador del Observatorio de Coyuntura Socio Económica del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de  la Universidad Nacional.

 

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