Conflictos por agua en Cali y Valle. Un conato que las lluvias mantienen controlado

Las lluvias han aplazado un conflicto que crece en el Valle del Cauca: el acaparamiento del agua por parte de los poderosos frente a las comunidades que luchan por su derecho a vivir.

Pese a que el Ideam advirtió que la segunda temporada de lluvias empezaría en octubre de este año y que en Cali ha llovido recientemente, la disponibilidad de agua potable no está garantizada para cerca de 150.000 personas que dependen de la cuenca del río Meléndez. 

La escasez de agua que viven estas personas, entonces, no es por fenómenos climáticos. Si se analiza la situación, se puede encontrar que es una escasez producida por la inequitativa distribución del agua en la ciudad. Inequidad que, como presentaré en estas líneas, atraviesa no solo la sucursal del cielo, sino todo el departamento del Valle del Cauca y que involucra a los poderes económicos de la región y a la injusta gestión pública de los gobiernos locales.

Las instituciones públicas al servicio de un club de privilegiados:

Aprovechando su, muy seguramente, cercanía con los poderes locales de la administración pública en Cali y en el Valle del Cauca, el Club Campestre de Cali ha obtenido beneficios importantes en materias fiscal y ambiental. 

Durante la actual administración del alcalde Alejandro Éder, se le devolvieron más de $2.000 millones por concepto de impuesto predial que habían sido cobrados en el gobierno anterior, y además quedó protegido jurídicamente frente a futuras reclamaciones.

Ahora, con motivo de tener suficiente agua para regar sus campos de golf, el Club Campestre obtuvo por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la cual está al mando de la gobernadora, Dilian Francisca Toro, una importante concesión para captar agua del río Meléndez. Históricamente, el club ha captado agua del río a muy bajo costo, y esta nueva concesión sería para ampliar los ya treinta litros por segundo que usan para riego, de los sesenta lt/sg del cauce del río. Es decir, ahora para campos de golf, el club se tomará más de la mitad del río. 

Según algunas informaciones, el Club Campestre tiene cerca de 16.000 afiliados que pagan una inscripción de $300 millones y una mensualidad de más de $2,4 millones. Estas 16.000 personas extraen agua del río para su distracción, para su goce, para su disfrute, para tener bonitos lagos, lindos jardines y campos verdes. 

En contraste, de la cuenca del río Meléndez también se abastecen de agua potable cerca de 150.000 personas que vienen denunciando que llevan varios meses sin el servicio de abastecimiento debido a los bajos niveles del río. Dicho de otra manera, mientras las comunidades de la zona de ladera necesitan el líquido para lo fundamental: vivir, el Club Campestre aprovecha sus favorecimientos para dejar sin agua a la comunidad para mantener sus instalaciones adecuadas para sus miembros.

Por ello, se podría plantear que la nueva concesión entregada por parte de la CVC al club se pueda considerar como un instrumento que refuerza el indebido acaparamiento de agua. Acaparar significa adquirir o retener cantidades superiores a lo normal, de un bien o un servicio ambiental, lo que conllevará al encaramiento o escasez de este. 

Eso es justo lo que pasa con la cuenca del río del Meléndez. La escasez que viven las comunidades es creada por instrumentos de gestión pública usados para favorecer a los poderosos de la ciudad. El agua viene siendo acaparada por sectores con enorme poderío en la ciudad y en el Valle, quienes capturan las instituciones y las ponen a trabajar para sus intereses particulares, en detrimento del bienestar general. 

Lo que parece una excepción es más bien la regla

Aunque la situación de las comunidades que dependen para vivir de la zona de ladera es crítica, es una circunstancia que atraviesa todo el Valle del Cauca. Solo es pensar en que el 76% de las aguas superficiales (principalmente ríos) y el 67% de los pozos y acuíferos son explotados para uso agrícola, siendo destinados para consumo humano el 10% y el 13%, respectivamente.  

Ahora bien, se podría pensar que no está mal que se use agua para la agricultura. El tema está en que en el Valle del Cauca producimos —principalmente— cualquier cosa, menos alimentos. Pues el 66% del área cultivable está llena de caña de azúcar y sus derivados, y no, ni el azúcar ni las melazas, ni el etanol son alimentos. En una breve regla de tres, se podría decir que la caña de azúcar capta aproximadamente el 50% del total de las aguas superficiales y el 44,22% de las aguas subterráneas. Es de aclarar que puede que la caña sea más intensiva en el uso del agua que otros cultivos, pero este cálculo es solo para hacernos una idea. 

¿Qué nos dicen estos porcentajes? Que a nivel del Valle del Cauca, estamos en una situación muy similar a la de las comunidades de la cuenca del río Melendez: los poderosos de la región están acaparando cerca de la mitad del agua disponible para sostener la vida, mientras a la ciudadanía le queda entre el 10% y el 13%. Es decir, los conglomerados agroindustriales de la caña tienen a su dispocisón, y para obtener sus enormes rentas, los ríos y acuíferos del departamento. 

Todo lo anterior sin contar que además del acaparamiento, los ríos del Valle, en especial el río Cauca, padecen de una crónica contaminación por productos químicos y tóxicos utilizados en el cultivo de caña de azúcar. Lo que agrava aún más la condición de escasez del preciado líquido, pues no solo hay menos disponible para la gente, sino que el agua que queda está contaminada, por lo que su tratamiento implica mayores costos que, de nuevo, asumen los más vulnerables en beneficio de las pocas familias dueñas de los ingenios. 

Ambas situaciones, a nivel de ciudad y a nivel departamental, demuestran un patrón similar de injusticia frente al uso y el disfrute del agua: las instituciones públicas entregan concesiones para usar/acaparar el agua, con lo que consolidan privilegios económicos y ambientales, mientras se sacrifica el derecho al agua de las comunidades. 

Las advertencias de la naturaleza

Cada tanto las autoridades ambientales, las mismas que autorizan y visten de legal el acaparamiento de agua por parte de los poderosos en el Valle del Cauca y en Cali, anuncian fuertes sequías e invitan a la ciudadanía a “ahorrar” agua. Es decir, se desresponsabilizan de las concesiones que conceden, y encubren a los grandes consumidores de agua para “echarle” al hombro la responsabilidad a la ciudadanía de agenciar las sequías, ciudadanía que consume solo cuenta con cerca del 10% del agua disponible.

Sin embargo, como a modo de advertencia, a los períodos de sequía (que suelen ser cortos) se suceden fuertes temporadas de lluvia que dan la ilusión de que la amenaza pasó. Y así nos la pasamos: preocupándonos un poquito, para luego obtener una nueva tregua por parte de la naturaleza. Ella nos está dando tiempo a ver si podemos entrever la posible crisis que se puede desatar si no rebalanceamos las fuerzas que deciden cuándo, cómo y en qué usar el agua. 

Los breves períodos de sequía nos están mostrando la radiografía de la inequidad frente al acceso al agua y es así como estamos a tiempo de impulsar los cambios necesarios en la matriz productiva y en la legislación, para corregir estos desequilibrios. Por ello es necesaria la crítica, como la hecha recientemente por la ministra Irene Vélez, que encare a los poderes de facto y su comodidad sostenida en la injusticia y en el padecimiento de millones. Y también es necesaria la acción, como la de las comunidades que protestan en Cali por su derecho a vivir. 

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