El conflicto armado en Ecuador: desafíos legales y operacionales
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El conflicto armado en Ecuador: desafíos legales y operacionales

Escrito por Dolores Bermeo Lara

El presidente Noboa reconoció la existencia de un “conflicto armado no internacional” en Ecuador. ¿Qué implica esta figura para el uso de la fuerza y la definición de objetivos militares legítimos?

Dolores Bermeo Lara*

Un nuevo enfoque

Después del reconocimiento oficial de la existencia de un conflicto armado no internacional (CANI) en Ecuador, surgen múltiples interrogantes sobre su alcance y consecuencias.

Aunque varias veces se había usado una retórica parecida a la de la “Guerra contra las drogas”, este decreto contra el crimen organizado transnacional es novedoso. Por eso importa anotar algunos desafíos legales y operacionales en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH), principalmente respecto del uso de la fuerza.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la consideración de organizaciones criminales como parte del CANI ha sido un tema ampliamente analizado, especialmente en cuanto atañe a las motivaciones de estos grupos. Algunos analistas afirman que no deberían incluirse en el CANI puesto que sus motivaciones no son políticas sino económicas; por tanto deberían excluirse del DIH.

Pero estas consideraciones no tienen un fundamento legal. Siguiendo la jurisprudencia, determinar la existencia del CANI depende de la intensidad del conflicto y la organización de las partes implicadas.

Aunque las FDAA ecuatorianas han alcanzado un alto grado de profesionalismo, en un escenario bélico frente a los grupos criminales que utilizan la violencia y operan en zonas densamente pobladas, es evidente el riesgo de las operaciones para afectar a la población civil.

Aunque este escrito no pretende determinar si el reconocimiento del gobierno ecuatoriano se ajusta a las circunstancias del DIH, no se puede desconocer que el nivel de violencia en Ecuador supera “las situaciones de tensiones internas y disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos”.

Aumento de la violencia

El aumento de homicidios intencionales es dramático. Según el último informe de la Policía Nacional, en el 2019 se registraron 573 homicidios, 608 en 2020, 1039 en 2021 y 2128 en 2022. En 2023, se registraron 8008 homicidios intencionales, 7291 ocasionados por la violencia criminal y 7039 cometidos con armas de fuego.

A estas cifras se suman las masacres carcelarias motivadas por la rivalidad entre las organizaciones criminales. Entre 2021 y 2023 se registraron 15 masacres en las prisiones, donde fueron asesinadas 460 personas privadas de la libertad (PPL). Algunos de los presidios se han convertido en centros operacionales de las bandas criminales.

La situación en el sistema penitenciario es tan grave que el ente gubernamental encargado de administrar las prisiones, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), consideró que si no se establecía “un proceso transformador, seguramente para el 2025 la crisis del Sistema Penitenciario podría desbordar generando un apoderamiento total de estos grupos en el control de los centros”.

Ante esta situación de violencia, las Fuerzas Armadas fueron llamadas a actuar junto con la Policía Nacional para garantizar el orden interno. Según el Informe de Gestión de 2023, las FFAA ejecutaron 5954 operaciones de apoyo a la Policía Nacional en la ejecución de los Decretos Ejecutivos 681, 706 y 824. En algunas provincias del país, se declaró estado de excepción por grave conmoción interna. Asimismo, el Informe señala que se realizaron 3311 operaciones de apoyo en la seguridad del área perimetral externa de las cárceles y dentro de los presidios, en cumplimiento del Decreto No.823 del 24 de julio de 2023.

Pese a la intervención de las FFAA fue imposible evitar los hechos de violencia a principios de año. Por esto el presidente declaró el estado de excepción por 60 días debido a la conmoción interna (Decreto Ejecutivo No.110) y el reconocimiento de conflicto armado interno (Decreto Ejecutivo No.111).

En este punto es preciso preguntar si en un contexto de violencia criminal donde el Estado no garantiza el orden interno ni la seguridad física de la población, se justifica el uso de herramientas jurídicas para contener la violencia y regular la actuación de las FFAA, particularmente cuando se refiere al uso de la fuerza.

Marcos jurídicos y paradigmas

En algunos países con altos niveles de violencia organizada, por mandato gubernamental y en coordinación con la policía, las FFAA intervienen bajo el marco jurídico del mantenimiento del orden público. En estos casos, el uso de la fuerza está regulado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y la legislación interna.

A partir de la expedición del Derecho Ejecutivo No.111, el marco legal que regularía el uso de la fuerza es el DIH, específicamente, el artículo 3 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II de 1977. Debo resaltar que la aplicación de los Derechos Humanos nunca cesa en el contexto de un conflicto armado.

Por esta razón, el uso de la fuerza estaría regulado por el DIH y el ordenamiento interno que reglamenta el mantenimiento del orden. El CICR distingue como dos paradigmas: “el paradigma de la conducción de hostilidades, que deriva del DIH y el paradigma del mantenimiento del orden, que deriva principalmente del derecho de los derechos humanos”.

La aplicación simultánea de los dos paradigmas podría acarrear complicaciones operativas y legales en el momento de aplicar el uso de la fuerza contra objetivos militares legítimos en el contexto del CANI. En el marco legal del CANI, el DIH contempla la posibilidad de usar la fuerza letal contra objetivos militares legítimos, lo cual difiere de la aplicación del derecho interno en tiempos de paz, en el que el uso de la fuerza es excepcional, así como el uso intencional de las armas letales.

Tal como lo establecen los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley, el uso de la fuerza y el empleo intencional de las armas letales está permitido solo cuando “sea estrictamente inevitable para proteger una vida” (Principio 9). En consecuencia, el uso de la fuerza en tiempo de paz es una medida excepcional o de último recurso. En Ecuador, esta medida está reglamentada por una ley orgánica  según la cual  “las armas de fuego con munición letal se usarán solamente en casos excepcionales, como último recurso” (art.3).

No obstante, la posibilidad de usar la fuerza contra objetivos militares legítimos en el marco de CANI, las operaciones militares deben regirse por los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. Además, deben velar por la protección de los civiles, uno de los sujetos principales de protección obligatoria bajo el DIH. Por eso la Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades, elaborada por el CICR reafirma que “el derecho internacional humanitario obliga a las partes de un conflicto armado a hacer una distinción, en todo momento, entre población civil y combatientes y a dirigir sus operaciones únicamente contra objetivos militares”.

Objetivos militares legítimos

Según el Decreto Ejecutivo No.111, los miembros de los 22 grupos del crimen organizado transnacional, identificados como organizaciones terroristas, estarían en la categoría de Grupos Armados Organizados (GAO) que establece el DIH. Sin embargo, para ser considerados como objetivos legítimos, deben ser los miembros que asuman una función continúa de combate, es decir, estar implicados de manera directa en las hostilidades.

Al respecto, el CICR afirma que “la función continua de combate no significa que tengan derecho al privilegio de combatiente, al estatuto de prisionero de guerra o a cualquier otra forma de inmunidad judicial en el derecho interno por actos de guerra lícitos”. En este punto importa señalar que en el contexto de un CANI “no existe el estatuto de prisionero de guerra”. Dicha categoría es considerada en el marco de un Conflicto Armado Internacional.

En general, los miembros de los grupos de crimen organizado transnacional que no ejerzan una función continua de combate en Ecuador deberían ser considerados como civiles, y, por lo tanto, ser objeto de protección según las normas de DIH en cumplimiento del principio de distinción.

Foto: Secretaría General de Comunicación de la Presidencia Ecuador - En Ecuador entre 2021 y 2023, se registraron 15 masacres en prisiones. Además, algunas cárceles se convirtieron en los centros de operación de las organizaciones criminales.

es preciso preguntar si en un contexto de violencia criminal donde el Estado no garantiza el orden interno ni la seguridad física de la población, se justifica el uso de herramientas jurídicas para contener la violencia y regular la actuación de las FFAA

Sin embargo, dada la organización interna de estos grupos, es sumamente difícil distinguir a los miembros que ejercen funciones continuas de combate. Chiara Redaelli afirma que “en la práctica, es posible que tengamos que aceptar que puede ser casi imposible saber con suficiente certeza si un miembro de un cartel es un objetivo legítimo bajo el DIH”.

De este modo, aplicar el principio de distinción e identificar los objetivos militares legítimos constituye una de las cuestiones más complejas, lo cual incide sobre la gestión eficaz de las operaciones militares y el cumplimiento de las normas del DIH que regulan el CANI.

Aunque las FDAA ecuatorianas han alcanzado un alto grado de profesionalismo, en un escenario bélico frente a los grupos criminales que utilizan la violencia y operan en zonas densamente pobladas, es evidente el riesgo de las operaciones para afectar a la población civil. En consecuencia, las capacidades institucionales, específicamente, las de los servicios de inteligencia son fundamentales en la determinación de los objetivos militares legítimos.

En definitiva, la declaración de la existencia de un CANI en el Ecuador da lugar a muchos interrogantes entre ellas si ¿logrará recuperar la seguridad y contener el avance criminal y la descomposición del Estado –como ha revelado el caso Metástasis expuesto por la Fiscalía General–?

A pesar de la incertidumbre hay que reconocer que Ecuador ha puesto sobre la mesa un tema complejo como es el reconocimiento de los grupos de crimen organizado transnacional como “parte” de un conflicto lo cual plantea desafíos legales y operacionales, principalmente en lo referente al uso de la fuerza y el principio de distinción en el marco de DIH.

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