Compliance electoral: transparencia exigida, opacidad practicada

La transparencia en el financiamiento de las campañas es una exigencia democrática irrenunciable, no una formalidad administrativa.

Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 ya forman parte del registro histórico. Colombia eligió un nuevo Congreso de la República y determinó, a través de consultas interpartidistas, quiénes serán los candidatos presidenciales de las principales coaliciones. No obstante, una pregunta que el país no logró resolver con suficiencia antes de esa jornada permanece vigente y adquiere mayor urgencia de cara a la primera vuelta presidencial: ¿Cuál es el origen de los recursos que financian a quienes aspiran a gobernar?

Lo que los datos mostraron antes del 8 de marzo resultó significativo y preocupante. Lo que revelan hoy, cuando el país ha definido ya sus candidaturas presidenciales, debería constituir una advertencia que ninguna institución electoral puede desatender. Las mismas estructuras de financiación que operaron en las campañas al Congreso con sus opacidades, sus silencios financieros y su abrumadora dependencia de recursos privados son las que actualmente se activan para la contienda presidencial. Comprender cómo funcionaron entonces es condición indispensable para exigir que operen con mayor rigor ahora.

Una financiación privada, concentrada y opacidad practicada

Al 3 de marzo de 2026, el segundo balance de seguimiento al financiamiento de las campañas elaborado por Transparencia por Colombia registraba una situación que merece atención institucional: apenas el 33,84% de los 2.890 candidatos habilitados en Cuentas Claras había dado cumplimiento a la obligación de reportar ingresos y gastos en tiempo real. Dos de cada tres candidatos al Congreso concurrieron a las urnas sin haber rendido cuentas completas sobre su financiación. El total de ingresos declarados ascendió a $111.042.768.613 y el total de gastos a $65.112.031.064. Que los gastos representaran apenas el 58,6% de los ingresos declarados indica que una porción significativa del gasto electoral no fue registrada oportunamente. Entre quienes sí reportaron, cuarenta candidatos declaraban gastos sin ningún ingreso asociado, lo que imposibilitaba determinar el origen de esos recursos, una señal de alerta directa sobre el posible ingreso de fuentes prohibidas.

El análisis de las fuentes de financiación mostró un patrón históricamente recurrente: el 99,5% de los recursos tuvo origen en el sector privado. Los créditos con entidades financieras representaron apenas el 2% del total. El restante correspondió a recursos propios de los candidatos y aportes de personas naturales o jurídicas, muchos de ellos con trazabilidad limitada. En materia de gastos, la propaganda electoral absorbió el 54,4% del total cerca de $35.442 millones, con alta concentración en vallas publicitarias. Esta dependencia estructural del financiamiento privado compromete la equidad en la competencia electoral y favorece el ingreso de intereses que raramente se declaran con transparencia. En el contexto presidencial en curso, estos mismos patrones se proyectan a una escala considerablemente superior.

Datos tomados del Segundo Balance de Seguimiento al Financiamiento de Campañas 2026, Transparencia por Colombia, 3 de marzo de 2026.

La Circular 001 del CNE y la UIAF: lineamientos para la prevención

En este contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) expidieron el 9 de febrero de 2026 la Circular No. 001, dirigida a partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y demás organizaciones que postulen candidatos para las elecciones de 2026. La circular establece con precisión los lineamientos que deben adoptarse para prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas (ALA/CFT/CFP).

El primer gran lineamiento es la debida diligencia en el conocimiento de las contrapartes. Los partidos y campañas deben verificar la identidad, domicilio, actividad económica, declaración de renta y origen de los fondos de todos sus donantes, aportantes, contratistas y proveedores. Esta verificación debe ser proporcional al nivel de riesgo que represente cada contraparte y debe quedar documentada con fecha y hora en registros que se conserven según la Ley 962 de 2005.

El segundo lineamiento es la verificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Cualquier operación, negocio jurídico o contrato con personas que ejerzan funciones públicas debe identificarse como tal. La junta directiva o máximo órgano de gobierno del partido, o el gerente de campaña, es quien aprueba o rechaza la vinculación con estas personas y ejerce seguimiento continuo sobre esa relación.

El tercer lineamiento es la consulta permanente de las listas internacionales vinculantes para Colombia, entre ellas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las listas de organizaciones terroristas de la Unión Europea y Estados Unidos, conforme al artículo 20 de la Ley 1121 de 2006 y las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI. Si algún cliente o contraparte aparece en estas listas, la organización debe reportarlo de inmediato a la UIAF y a la Fiscalía General de la Nación.

El cuarto lineamiento es el control estricto y soportado de ingresos y gastos, incluidos la verificación de los topes legales, la presentación oportuna de informes al CNE y el control sobre las fuentes prohibidas de financiación descritas en la Ley 1475 de 2011 y la Ley 996 de 2005. Finalmente, los destinatarios deben reportar a la UIAF, a través del sistema Sirel, las Operaciones Sospechosas (ROS) de manera inmediata, así como el Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas (AROS) dentro de los primeros veinte días calendario del mes siguiente al período de reporte.

Las grietas del sistema: hacia un programa de cumplimiento efectivo

El cumplimiento real de estos lineamientos exige que los partidos y campañas, en especial las presidenciales, adopten programas estructurados de cumplimiento ALA/CFT que vayan más allá de la gestión reactiva. Desde la experiencia en sistemas de cumplimiento y en consonancia con los estándares del GAFI y las mejores prácticas internacionales, a continuación se formulan las recomendaciones que deberían orientar el fortalecimiento de estos programas en el contexto electoral colombiano.

En primer lugar, se recomienda designar formalmente la figura de un Oficial de Cumplimiento con independencia funcional, autonomía decisoria y un perfil técnico definido en materia ALA/CFT/CFP. Este papel resulta determinante porque centraliza la gestión del riesgo, garantiza que las alertas lleguen sin intermediación al nivel decisorio y dota al sistema de continuidad operativa más allá de los cambios en la gerencia de campaña. Asignar estas responsabilidades al representante legal o al contador, sin un papel especializado, diluye la eficacia del sistema y reduce su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo real.

En segundo lugar, se recomienda estructurar un gobierno del riesgo interno con niveles de responsabilidad claramente delimitados, líneas de reporte definidas y mecanismos de supervisión diferenciados por área. Esta arquitectura de control permite que el programa de cumplimiento funcione como un sistema integrado y no como un conjunto de obligaciones aisladas.

En tercer lugar, se recomienda implementar un sistema integral y formal que contemple: manual de cumplimiento actualizado, matriz de riesgos con segmentación de contrapartes según su nivel de exposición, protocolos documentados para identificación y reporte de operaciones sospechosas, monitoreo continuo de transacciones y auditoría interna periódica. A esto debe sumarse un programa de capacitación permanente para todos los integrantes del equipo de campaña. 

Factores de riesgo y tipologías que Colombia no puede ignorar

El análisis del financiamiento de las campañas del 8 de marzo, examinado desde la perspectiva del ciclo presidencial en curso, permite identificar los factores de riesgo más críticos y las tipologías que han comprometido históricamente la integridad del financiamiento político en Colombia.

Los factores de mayor exposición son: el alto volumen de recursos privados con trazabilidad limitada, el incumplimiento generalizado del reporte en tiempo real, la declaración de gastos sin ingresos asociados y la ausencia de programas de cumplimiento formalizados en la mayoría de las organizaciones políticas. En el contexto presidencial, estos factores se intensifican: los montos involucrados son de mayor magnitud, la presión para obtener financiación es más pronunciada y el atractivo para el ingreso de recursos ilícitos es proporcionalmente más elevado.

Entre las tipologías de mayor riesgo, el uso de testaferros y las donaciones anónimas constituyen las modalidades más recurrentes y de más difícil detección en el ámbito electoral colombiano. La primera consiste en canalizar recursos de origen ilícito a través de terceros que figuran como aportantes legítimos en los registros de Cuentas Claras, lo que encubre la fuente real de los fondos. La segunda opera cuando los recursos ingresan a la campaña sin identificación del donante, lo que vulnera la prohibición establecida en el numeral 4° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011. Ambas han sido documentadas en investigaciones judiciales en Colombia y representan las principales vías de penetración del crimen organizado en el financiamiento político.

La transparencia en el financiamiento de las campañas es una exigencia democrática irrenunciable, no una formalidad administrativa. Es la diferencia entre una democracia que se sostiene sobre la voluntad ciudadana y una que se construye sobre recursos sin nombre. Mientras el origen del dinero que financia el poder permanezca en la sombra, la legitimidad de quienes resulten elegidos siempre estará en deuda con esa oscuridad.

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