Ni las acciones militares ni los proyectos de “sometimiento a la justicia” lograrán acabar con esta otra forma de violencia organizada. La alternativa es la negociación, pero ¿sería posible?, ¿con cuáles grupos?, ¿bajo cuáles condiciones?*
Juan Sebastián Uribe**
Un problema apremiante
Este año ha quedado demostrado que las llamadas “bandas criminales” (Bacrim) -ahora conocidas como “Grupos Armados Organizados” (GAO)- son el gran reto en materia de seguridad en Colombia.
Tras el Acuerdo con las FARC y la posible desaparición del ELN gracias a la negociación con el Gobierno, la discusión ha empezado a dirigirse hacia la búsqueda de una estrategia para erradicar estas organizaciones y evitar su resurgimiento.
Definir el problema de las Bacrim o GAO es cada vez más difícil, entre otras cosas por la falta de rigor en el uso de estos términos. En general, puede decirse que esta categoría comprende un conjunto de grupos armados que comparten características como:
- Buscar control territorial;
- Explotar economías ilegales;
- Poseer una capacidad militar significativa, y
- Carecer de un discurso político o ideológico.
A pesar de estas características comunes, el término incluye un conjunto muy diverso de acciones violentas y criminales realizadas por grupos u organizaciones que oscilan entre la cooperación y los enfrentamientos recíprocos en un ciclo de cambios constantes. E independientemente de su denominación o de sus rasgos, el problema sin duda es apremiante:
- Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), catorce grupos ilegales se encontraban en 22 de los 32 departamentos de Colombia en 2016, y tenían control sobre 149 municipios.
- El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que existen tres organizaciones grandes de este tipo, 39 medianas y unas 400 de entre seis y diez miembros cada una.
- Por su parte la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) concluyó que en el solo departamento de Antioquia existían 13.500 miembros de la Oficina de Envigado y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
¿Sometimiento o negociación?
 Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia. Foto: Presidencia de la República |
La pregunta es cómo solucionar semejante problema. Aunque la Fuerza Pública es sin duda el primer recurso para repeler a estos grupos ilegales, es necesario indagar por mecanismos alternos que puedan poner fin a esta nueva oleada de violencia – o que en todo caso ahorren muchas de las vidas que se perderían en enfrentamientos armados con estos grupos criminales-.
El debate ha girado en torno a dos posibilidades: un proceso de negociación similar al que ha tenido lugar con las guerrillas, o el sometimiento de las organizaciones criminales al Estado a cambio de un tratamiento más favorable del que tendrían bajo la justicia ordinaria.
Dado el carácter no político de estas organizaciones, el Gobierno ha optado por la vía del sometimiento, y en este proceso parece haber logrado lo imposible: el Centro Democrático también cree que se necesita un mecanismo excepcional para el sometimiento de los grupos armados ilegales. Por eso- y así fuera de forma separada- tanto la senadora uribista Paola Holguín como el ministro de Justicia Enrique Gil han presentado proyectos de ley para tratar el problema.
El solo departamento de Antioquia existían 13.500 miembros de la Oficina de Envigado y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
A pesar de los aciertos que parecen tener esos proyectos, ambos pecan por no establecer un sistema de incentivos que vaya más allá de lo judicial para promover el uso de los mecanismos que proponen entre los integrantes de los grupos criminales. También fallan por no sentar las bases de un programa de reinserción que garantice la no reincidencia y la normalización de la vida de los miembros de estas organizaciones. Esto, sumado a los obstáculos que ha mostrado la política de sometimiento, lleva a concluir que el Estado debe ser más recursivo para lograr una solución integral del problema de las bandas criminales.
Pero el problema principal radica en que la estrategia del sometimiento no es suficiente para acabar con las bandas criminales de mayor envergadura. Y esto nos lleva inevitablemente a examinar la otra alternativa es decir, a reevaluar la posibilidad de una negociación.
La discusión a este respecto se ha limitado hasta ahora a si los grupos armados en cuestión tienen o no tienen un “carácter político” que les dé el estatus para iniciar un proceso de negociación. Tanto el gobierno nacional como el fiscal Néstor Humberto Martínez han afirmado que la ausencia de una ideología implica que esos grupos no pueden aspirar al estatus político necesario para una negociación.
Pero podría ser que este requisito no sea necesario. Según la Ley 418 de 1997 el Gobierno Nacional puede negociar con grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML). Dentro de esta categoría se incluyeron, por ejemplo, a las FARC, lo que permitió las negociaciones que resultaron en la firma del Acuerdo del año pasado. Según esta Ley un GAOML es “(…) aquel que bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. En ninguna parte se exige que tengan objetivos políticos o una ideología.
La Directiva Permanente No. 15 de 2016 del Ministerio de Defensa, que permitió la intervención directa de las Fuerzas Militares en la lucha con estos grupos y la ejecución de bombardeos en su contra, estableció una clasificación bipartida de las antes llamadas “bacrim”. Según esta Directiva existen:
- Los grupos delictivos organizados, que se combaten según las normas de derechos humanos, y
- Los grupos armados organizados (GAO), categoría que se basa en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, que se combaten en el marco del derecho internacional humanitario.
La definición que el gobierno hizo de los GAO es esencialmente igual a la de los GAOML. La única diferencia es que –sin razón alguna– con las GAO no se puede negociar. Se entiende entonces que las FARC-EP y las Bacrim se definen de la misma forma en las normas, pero la manera de enfrentarlas es diferente. No obstante, se puede pensar que es posible entablar una negociación con las bandas criminales que alcancen el nivel de organización e influencia que prevé la norma. Y no solo es posible, sino deseable, dada la insuficiencia de la estrategia del Gobierno en los últimos años.
Razones para el diálogo
 Miembros de las BACRIM Foto: ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) |
Pero, ¿por qué negociar?
Una estrategia de este tipo llevaría a la pregunta de si se abrirá la puerta para que cualquier grupo armado solicite un tratamiento diferenciado. La respuesta es que esto es poco probable porque solo se negociaría con grupos lo suficientemente grandes como para que el Gobierno pueda entablar un diálogo que además de desarticular el grupo, le permita obtener información para desmantelar e impedir el surgimiento de otros grupos. Una política de sometimiento podría buscar lo mismo, pero seguramente no sería tan atractiva ni tan efectiva.
La estrategia del sometimiento no es suficiente para acabar con las bandas criminales de mayor envergadura.
La salida negociada supone la posibilidad de eliminar algunos de los focos de violencia en el país y avanzar en el desmonte de las organizaciones ligadas a economías ilegales como la minería ilegal y el narcotráfico. También exige plantear una solución más humana que permita que quienes componen estos grupos armados puedan tener una oportunidad que en otras circunstancias les sería negada.
En definitiva, no hay fórmulas infalibles para tratar el problema de las organizaciones criminales en Colombia. El objetivo final de cualquier acción del Gobierno en este sentido debe ser que el Estado esté presente en aquellos lugares a donde no ha llegado, que ejerza su soberanía y que procure el bienestar de los ciudadanos.
Pero esto se puede lograr de muchas maneras y la mejor será la que permita salvar el mayor número de vidas. Por eso importa no limitar la estrategia a un proceso inflexible de sometimiento. La negociación es una herramienta que el Gobierno no puede ignorar a la hora de enfrentarse a los grupos ilegales que representan una mayor amenaza para la paz.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad EAFIT. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
** Estudiante de último año de Derecho y auxiliar de investigación en la Universidad EAFIT.
