Colombia y los derechos humanos: ¿Qué es lo que quiere el Ministro? - Razón Pública
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Colombia y los derechos humanos: ¿Qué es lo que quiere el Ministro?

Escrito por Lina Céspedes
Lina Cespedes

Lina CespedesA raíz del informe de Naciones Unidas sobre Colombia y la respuesta crítica del ministro Vargas Lleras, una explicación sobre los informes, sobre el papel de la Oficina de Derechos Humanos y sobre la equivocación garrafal del ministro al pedir que la identidad de las víctimas no sea protegida.

Lina M. Céspedes-Báez *

Historia repetida

El lunes pasado (febrero 27), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo público su informe anual sobre Colombia. Como lo viene haciendo desde 1998, el documento presentó un balance del año anterior y en él identificó avances, rezagos y retrocesos en la protección y garantía de estos derechos. Inmediatamente el gobierno Nacional, a través del Ministro del Interior, negó la existencia de algunas de las conductas violatorias de derechos humanos que señala el informe, y solicitó que la OACNUDH precisara esta información.

Pese a que cada año se repiten de manera casi idéntica la acción de la Alta Comisionada y la reacción del gobierno colombiano, vale la pena preguntar si es pertinente la solicitud elevada por el Ministerio.

El Informe y la reacción

Básicamente, para el año 2011 el Informe destacó como positiva la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aunque alertó sobre las dificultades para implementarla [RU1] . Igualmente reconoció como pasos importantes contra la discriminación, la expedición de la Ley 1482 y la formulación de una política para evitar abusos contra personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero por parte de la Policía Nacional.

A pesar de lo anterior, el informe alertó sobre la persistencia o agravación de fenómenos tales como la expansión de los grupos armados ilegales surgidos tras la desmovilización paramilitar, la desaparición forzada, la violencia sexual, la amenaza y persecución de defensores y defensoras de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales y las interceptaciones ilegales.

La reacción del gobierno no se hizo esperar. El ministro Vargas Lleras negó enfáticamente la existencia de ejecuciones extrajudiciales e interceptaciones ilegales, y en consecuencia solicitó a la OACNUDH precisar esas “denuncias” ya que, en su concepto, el informe se limita a afirmaciones genéricas.

Aunque aún no se conoce el pronunciamiento oficial de la OACNUDH sobre el asunto, la declaración del ministro da pie a una serie de interrogantes, que van desde el por qué de la presencia de esta oficina en Colombia, hasta la forma cómo cumple su misión. Estas preguntas son pertinentes, no sólo para entender el alcance de las labores de la Alta Comisionada, sino para comprender qué objetivos persiguen estos informes, qué garantías tienen las personas que proveen información a Naciones Unidas y qué expectativas puede tener el Estado colombiano frente a su solicitud de precisión.

Cómo llegó la OACNUDH a Colombia

Para entender la interacción entre los Estados y las organizaciones internacionales (OI) como Naciones Unidas, hay que tener presente que aquéllas son asociaciones voluntarias que establecen los Estados a través de acuerdos internacionales. Eso implica que las OI son defensoras de los principios de soberanía y autonomía de sus miembros y que no despliegan actividades que supongan un desconocimiento de los mismos.

En estas circunstancias, las labores de investigación en materia de derechos humanos de las OI, ya sea a través de visitas in-loco o por medio de oficinas en el territorio del país, no son actividades impuestas, mucho menos encubiertas, sino que dependen de una invitación del Estado respectivo.

Para el caso de la OACNUDH, su presencia en Colombia tiene origen en la invitación que extendió el gobierno de Ernesto Samper a finales de 1994 y en el acuerdo firmado en 1996, con su prórroga de 2010. En dicho documento se acordó crear una oficina en el país con el propósito de asesorar a las autoridades en la formulación y aplicación de políticas para la promoción y protección de los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. Dentro de las actividades explícitamente permitidas a la OACNUDH, vale la pena destacar las siguientes: (i) Redacción y presentación de informes analíticos al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación del país y su cumplimiento de los estándares internacionales. (ii) Interlocución constante con el gobierno y las organizaciones no gubernamentales –ONG- con el fin de hacer un seguimiento independiente e imparcial de la situación de derechos humanos (esto supone realizar misiones en terreno e interactuar con víctimas de violaciones de derechos humanos). (iii) Recepción de quejas sobre violaciones de derechos humanos, las cuales serán transmitidas a las autoridades nacionales competentes. Cuando se estime que las circunstancias lo exigen, se mantendrá la confidencialidad sobre la identidad de las personas que interponen la queja.

Una lectura conjunta de la misión y funciones de la OACNUDH permite concluir lo siguiente:

  1. La OACNUDH llegó gracias a una invitación del Estado colombiano, motivada por la necesidad de contar con asistencia técnica especializada en el área y por la urgencia de mejorar la imagen internacional del país.
  2. Los informes de la OACNUDH son esenciales, no sólo para establecer los incumplimientos de Colombia, sino para determinar las necesidades del país en materia de asistencia técnica.
  3. La forma como la OACNUDH recaba información, esto es, por medio de las quejas y de su interlocución con el gobierno, las ONG y las víctimas, le permite conocer por múltiples fuentes hechos de violación de derechos humanos. A pesar de su compromiso de poner estos eventos en conocimiento de las autoridades nacionales, la OACNUDH se reservó el derecho de confidencialidad sobre la identidad de las personas víctimas cuando lo juzgue conveniente.

No son “generalizaciones”

La molestia del Ministro le hizo perder de vista que la presencia de la Oficina en Colombia es producto de un acuerdo recíproco, que la colaboración es el principio que habría de guiar su relación con esta oficina, y que los informes en cuestión no son simples memoriales basados en rumores o en generalizaciones de segunda mano. Como podrá constatar quien revise el documento, la consecución, contrastación y verificación de los hechos son parte esencial del proceso de elaboración del informe.

A grandes rasgos, el informe consta dos partes, una primera que analiza la situación de derechos humanos en Colombia y otra que presenta una serie de casos ilustrativos de las violaciones indicadas en la primera parte. Por esta simple razón, el documento en efecto contiene afirmaciones generales sobre el grado de cumplimiento de los estándares internacionales, pero en la segunda parte se describen casos específicos y allí pueden encontrarse hechos puntuales con fecha, lugar e incluso con una parcial identificación de la víctima. Por ejemplo, en el punto B.3.a. se puede leer que el 15 de abril, en Medellín, un líder estudiantil de la Universidad de Antioquia que realizaba una investigación extra académica sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en Ituango fue víctima de interceptaciones ilegales en su correo electrónico.

Hay bastantes ejemplos similares y no sólo tocantes a las interceptaciones, sino también a ejecuciones extrajudiciales y a cada una de las violaciones de derechos humanos identificadas por la OACNUDH.

¿Qué es lo que quiere el Ministro?

Ante esta realidad no queda más que preguntarse qué más quiere el ministro y qué quiso decir cuando acusó de “generalización” al informe. La única respuesta posible es que el titular de la cartera de Interior reclama una identificación plena de la víctima, es decir, nombre, cédula y, tal vez, domicilio. Pero resulta que esa pretensión no es legítima porque el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la OACNUDH en 1996 permite que ésta se reserve esa información cuando lo juzgue conveniente.

La siguiente pregunta se refiere entonces al alcance de aquella “conveniencia”. Ni el acuerdo de 1996 ni su prórroga de 2010 fijaron parámetros para juzgar cuándo es conveniente proteger la identidad de la víctima, mucho menos establecieron el deber de dar explicaciones públicas sobre estas decisiones prudenciales. La OACNUDH tiene y debe tener amplitud de criterio para determinar en qué momento aplica esa protección y los motivos pueden permanecer ajenos al conocimiento del Estado.

Aunque esto a algunos pueda parecer arbitrario, la confidencialidad se basa en el reconocimiento del derecho a la intimidad de las víctimas, en la necesidad de establecer relaciones de confianza para poder documentar los hechos y en la valoración sobre los riesgos de seguridad que por supuesto debe efectuar el investigador.

Si el Ministro buscaba la plena identificación de las víctimas, no sólo formuló una petición sin asidero, sino que la planteó en forma equivocada: primero debería preguntarse por qué razón la OACNUDH no revela la identidad completa, para luego desvirtuar los supuestos que soportan la confidencialidad. Lamentablemente, tal y como se propuso el debate, el ministro dio una idea de desconocimiento de la misión y las funciones de la OACNUDH, así como de su manera de elaborar informes.

* Abogada de la Universidad del Rosario, con Maestría en Derecho Internacional de Cardozo School of Law. Actualmente es investigadora y profesora de tiempo completo en la Universidad del Rosario, en el área de teoría jurídica.

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