Colombia-Venezuela: Los retos de bilateralismo ¿trilateral?

El encuentro dejó claro que la relación Colombia-Venezuela no pude entenderse sin la presencia estructural de Estados Unidos, así como de sus visiones e intereses estratégicos en materias política, energética y de seguridad.

La “III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración” celebrada los días 23 y 24 de abril en Maracaibo (cancilleres) y Caracas (presientes), es un espacio que fue creado el 30 de mayo de 2023, en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, con el propósito de coordinar, a través de “Comités Técnicos Binacionales”, temas de seguridad y defensa, transporte y movilidad, minas y energía, asuntos fronterizos e infraestructura, entre otros. 

El encuentro ha sido presentado por los gobiernos de los dos países como un avance en la relación bilateral; sin embargo, tras las declaraciones y comunicados se esconde un escenario mucho más complejo donde las tensiones geopolíticas, los complejos desafíos a la seguridad fronteriza, las tensiones sociopolíticas internas en ambos países y la presencia de Estados Unidos convierten este encuentro bilateral en un espacio condicionado por un tercer actor, que por lo demás es el que puede terminar decidiendo su verdadero impacto en el largo plazo. De allí que la pregunta fundamental no sea cómo Colombia y Venezuela pueden, con sus gobiernos actuales, reconstruir o fortalecer la relación bilateral en áreas muy diversas y complejas, sino ¿cómo se puede avanzar en dicho proceso bajo la égida de Washington?

Una frontera ingobernable: El talón de Aquiles del proceso

La extensa frontera colombo-venezolana es uno de los espacios más críticos en materia de seguridad en América Latina, por lo que durante el encuentro ambos gobiernos destacaron la necesidad de combatir de manera conjunta las mafias y las economías ilícitas que actualmente controlan amplias zonas fronterizas. Por ello, los presidentes acordaron cooperación militar, intercambios de inteligencia y despliegues coordinados con los que se busca recuperar el control del territorio; sin embargo, en dicho curso de acción surge la inquietud sobre si se está reconociendo el problema de fondo y si estas acciones, para nada innovadoras o disruptivas, permiten abordarlo de manera más eficaz. 

La frontera no solo es porosa, sino que se encuentra capturada por diversos Grupos Armados Organizados (GAO) como el ELN, las Disidencias de la Segunda Marquetalia (Iván Márquez) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (A. Calarcá), siendo la capacidad real de ambos gobiernos para imponer su autoridad limitada, a lo que se le suma el hecho de que la coordinación militar, aunque necesaria y útil, puede enfrentar obstáculos de diverso tipo debido a comprensibles desconfianzas institucionales y la falta de mecanismos operacionales formales y estables.  

En ese sentido, la histórica presencia del ELN en territorio venezolano hace que la cooperación militar anunciada, aunque comprensible, choque con una realidad en la que durante años, desde ambos lados de la frontera, se ha sospechado o denunciado la existencia de relaciones funcionales entre sectores del aparato político-militar venezolano tanto con esta guerrilla como con otros grupos armados organizados colombianos. Este hecho hace que la implementación de cualquier estrategia basada en la cooperación o la realización de operaciones coordinadas descanse sobre una confianza frágil, con unas probabilidades de sostenibilidad y resultados bastante inciertos. 

A lo anterior debe sumarse el difícil momento por el que atraviesa el proceso de la “Paz Total” impulsado por el gobierno colombiano en los últimos cuatro años. El fortalecimiento de los GAO en términos de hombres y control territorial, las denuncias periodísticas de infiltraciones de los GAO en altos niveles del gobierno (Ej. Dirección Nacional de Inteligencia y Fuerzas Militares), así como la falta de avances sustantivos en las negociaciones y el deterioro de la seguridad pública en diversas regiones del país, pueden limitar de manera importante el alcance de las iniciativas consensuadas en el encuentro bilateral. 

Aunque en algún momento Venezuela lograra presentarse como un socio confiable en materia de seguridad fronteriza, no debe pasarse por alto que Colombia aún necesita una estrategia interna eficaz, viable y coherente en materia político-miliar frente a los GAO, que permita potenciar los resultados de la cooperación internacional. En este momento, el deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones del país indica que la estrategia formulada e implementada por el Gobierno en estos cuatro años no arrojó los resultados deseados, siendo por ello medular que el gobierno que asuma el poder el 7 de agosto formule una estrategia que permita responder a esta nueva coyuntura crítica en materia de seguridad, tanto de manera general como de manera específica, en la frontera colombo-venezolana.

Estados Unidos: El actor invisible que lo condiciona todo

La reunión del 24 de abril fue la primera visita oficial de un jefe de Estado a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte los estadounidenses el 3 de enero de 2026. Desde la caída de Maduro, Delcy Rodríguez es quien gobierna el país vecino bajo una fuerte presión y supervisión de Washington, que está implementando un plan de tres fases (Estabilización – Recuperación – Transición política) con el que espera volver transformar al país en socio confiable para la región y en un lugar que ofrezca mejores condiciones de vida para los venezolanos. 

Este hecho es de la mayor relevancia debido a que cualquier acuerdo entre Bogotá y Caracas, bajo sus actuales gobiernos, está mediado de forma inevitable por los intereses de Estados Unidos, que es quien, en últimas, define y controla el alcance de los compromisos que puede alcanzar el gobierno venezolano. Aspectos clave de la relación binacional como la lucha contra el narcotráfico y los GAO, la cooperación energética en materia de petróleo y gas, y la estabilidad política venezolana son temas medulares que pasarán por la supervisión estadounidense, lo que termina convirtiendo el bilateralismo en un triángulo diplomático. 

Adicionalmente, la agenda bilateral también termina estando cruzada por las tensiones acumuladas entre el presidente Petro y el gobierno estadounidense de Donald Trump. Las posturas del presidente colombiano frente a la transición energética, las críticas a la operación que culminó con la captura de Maduro, las divergencias con Washington sobre la forma de enfrentar las amenazas a la seguridad, los cuestionables resultados del gobierno colombiano frente al narcotráfico y los grupos armados organizados, y la inclusión del presidente, su esposa, su hijo y el ministro del Interior en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC o Lista Clinton) debido nexos creíbles con actividades de narcotráfico y corrupción, limitan sensiblemente el alcance y la sostenibilidad de los compromisos bilaterales en algunos de los temas más sensibles de la agenda. 

La dinámica bilateral y otros temas de la agenda: Energía y diálogo político

La reunión del pasado 24 de abril ejemplificó el funcionamiento de un espacio formal de diálogo político que es útil para abordar muy diversos temas de la agenda bilateral, un aspecto positivo, en el que uno de los más importantes es el energético. Los proyectos de interconexión eléctrica y de suministro de gas han sido centrales para el gobierno colombiano y han estado vinculados con la narrativa presidencial de avanzar hacia una economía menos dependiente del petróleo. 

Sin embargo, en este tema los dos países enfrentan importantes contradicciones y limitaciones. Bajo el gobierno Petro se ha buscado que Colombia acceda a recursos energéticos venezolanos como el gas y el petróleo, un aspecto acuciante si se tienen en cuenta las bajas reservas del país, el deterioro de la situación financiera de Ecopetrol y el freno a la exploración que impulsó el Gobierno en los últimos cuatro años. 

Sin embargo, la industria petrolera venezolana aún está sometida a una serie de sanciones estructurales, en el marco de las cuales hay un control estadounidense total sobre las exportaciones petroleras, pues cada operación requiere de autorización de la OFAC. Aunque desde la caída de Maduro ha habido alguna flexibilización, estas se han centrado en otorgar licencias generales a empresas estadounidenses para refinar, comprar y transportar crudo venezolano. 

Finalmente, no se puede pasar por alto el hecho de que la industria petrolera venezolana enfrenta un colapso técnico y logístico producto de años de corrupción, desinversión, mala gestión y sanciones internacionales. Esto ha dejado la infraestructura en un estado crítico, una situación que también se refleja en el profundo deterioro del sistema eléctrico que alimenta las operaciones petroleras, dependiendo su reparación de empresas extranjeras que son autorizadas por la administración Trump. 

Aunque Estados Unidos anunció inversiones extranjeras para reconstruir el sector petrolero y en febrero de 2026 Caracas informó el fin del monopolio estatal petrolero, al permitir la participación privada y extranjera en toda la cadena productiva, los resultados de este proceso tomarán tiempo. Es importante ver este proceso en el marco de una dinámica internacional en la que los Estados, en respuesta a la creciente inestabilidad del sistema internacional, están buscando la “autonomía estratégica” de sus países en materia energética con el fin de depender lo menos posible de flujos externos, que en coyunturas críticas pueden resultar poco confiables o muy costosos, una dinámica en la que se privilegia la explotación de los recursos energéticos internos, cuando se dispone de ellos. 

Bogotá – Caracas: Un trilateralismo estructural

Las reuniones de los días 23 y 24 de abril mostraron el funcionamiento formal de un espacio de diálogo político bilateral, que es importante para dos países vecinos con una frontera extensa, porosa y con grandes potencialidades, pero también con extraordinarios problemas y en cuyo funcionamiento se reflejan con fuerza las dinámicas, tensiones y limitaciones internas de cada uno de los gobiernos. El encuentro también dejó claro que la relación Colombia-Venezuela no pude entenderse sin la presencia estructural de Estados Unidos, así como de sus visiones e intereses estratégicos en materias política, energética y de seguridad. 

Pese a los acuerdos alcanzados, el corto tiempo que le queda al gobierno Petro, así como los enormes problemas que está enfrentando y dejando al siguiente gobierno en materia fiscal, de seguridad y energética, y la dinámica interna del gobierno de transición venezolano, hacen  que sea poco probable que los compromisos alcanzados puedan incidir en la situación estratégica de la frontera, que es probable que en el corto plazo siga siendo un espacio con un limitado control estatal marcado por la presencia de GAO y las economías ilícitas que dichas organizaciones controlan, así como por una dinámica energética atravesada por intereses globales. De allí que el alcance y la sostenibilidad de los compromisos alcanzados en este espacio dependerán de los resultados del proceso electoral colombiano, la evolución de la transición política en Venezuela y la forma como estos dos procesos se alinean con las visiones e intereses de Washington.   

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