Debido a la desidia de Maduro y de Duque, las organizaciones civiles y los gobiernos locales han tendido que lidiar con la difícil situación de la frontera entre Colombia y Venezuela.
Ronal Rodríguez*
Dos gobiernos ineptos
Este es el peor momento de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela.
Los pasos fronterizos están cerrados, las relaciones diplomáticas y consulares rotas, no hay canales de comunicación entre la Casa Amarilla (cancillería venezolana) y San Carlos (cancillería colombiana), y los presidentes de ambos países reducen sus relaciones a la “diplomacia del megáfono”: descalificativos, insultos, acusaciones mutuas y amenazas.
La mayor parte de la responsabilidad es de Nicolás Maduro, quien derrumbó las instituciones que conectaban a los dos Estados. Las comisiones y mecanismos bilaterales para resolver las diferencias y coordinar los asuntos de frontera desaparecieron en medio de una política exterior hiperideologizada.
Pero el gobierno de Colombia no se queda atrás. A menos de un año de concluir su gobierno, Duque nunca nombró un diplomático para abordar el tema de Venezuela, y Colombia pasó de tener 15 consulados más la embajada a tener apenas el escritorio de Venezuela en la Cancillería.
Y si bien desde marzo de 2017 no hay un embajador de Venezuela, el Estado colombiano bajo Duque tampoco ha hecho nada para cambiar la situación.
Las diferencias entre Bogotá y Caracas afectan seriamente la relación de estrecha interdependencia entre los dos Estados: 2.219 kilómetros de frontera común, en donde habitan más de doce millones de personas, un número indeterminado de ellas con doble nacionalidad.
Las autoridades locales entendieron que se necesita una respuesta conjunta, pero los gobiernos nacionales no oyen. Cuando la diplomacia nacional deja de lado los intereses de la población, la diplomacia ciudadana y la local deben llenar el vacío.
En el estimativo más conservador, son unos diez millones las personas que se mueven cada año a través de la frontera. Hoy en Colombia tenemos 1,7 millones de migrantes venezolanos, más de 3,4 millones de colombianos permanecen en Venezuela, y se calculan otros 4,9 millones de migrantes pendulares en la zona de frontera.
Organizaciones civiles y universidades
La desidia de las autoridades nacionales hizo que las organizaciones de la sociedad civil y la academia trabajaran con más decisión para estrechar sus vínculos, establecer agendas, examinar alternativas de diálogo, hacer lobby y ejercer presión para normalizar la frontera.
Desde el comienzo de la crisis en agosto de 2015, cuando miles de colombianos fueron expulsados de Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil intentaron llenar el espacio que dejaron las cancillerías y reconstruir la relación propia de una frontera.
Dichas organizaciones ayudaron a las personas que huían ante la persecución de las autoridades venezolanas, quienes demolían sus casas y los tachaban de criminales. Ante la llegada de las denominadas Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP), más de 32.000 personas fueron forzadas a escapar hacia la zona de frontera. Muchos de ellas eran desplazados que huían del conflicto armado y habían encontrado refugio en Venezuela.
Hoy, seis años después, las organizaciones de la sociedad civil colombianas y venezolanas son quienes insisten en la necesidad de recuperar la relación bilateral. Fueran ellas quienes durante la pandemia ayudaron a los migrantes y retornados provenientes de Venezuela y llevaron a cabo la mayor parte de la atención humanitaria.
Estas organizaciones son conscientes de los peligros de obligar a la población a cruzar por las trochas y son las únicas que entienden que la movilidad humana no es simplemente un puñado de datos y estadísticas que aumentan año a año.
Desde la academia también se insiste en la necesidad de recuperar las relaciones y la frontera. De hecho, las universidades y los equipos de investigación son fundamentales para comprender la migración, porque estudian y analizan el tema en tiempo real.
Profesores e investigadoras de ambos países discuten permanentemente sobre cómo cambia la frontera y los efectos de dichos cambios para ambos países, algo que los políticos y la población en general aún no comprenden.
Aunque Colombia diversificó sus mercados y la economía del vecino país se contrajo, la recuperación del mercado venezolano sería importante para el departamento de Norte de Santander.
Ejercicios como Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), que impulsa la profesora Socorro Ramírez, muestran un nuevo tejido social en la relación entre ambos Estados. Esta no es una aproximación desde el desconocimiento o desde la candidez; por el contrario, pocos conocen tanto el tema como los congregados en Puentes Ciudadanos.
Gobiernos locales
Cuando las diferencias entre Colombia y Venezuela por el golfo de Coquivacoa, o golfo de Venezuela, provocaron una situación prebélica, fueron dos presidentes nacidos en la frontera, Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez, los encargados de construir una fructífera relación comercial para ambos Estados: de una situación limite se dio pasó a una relación comercial de casi 20 años.
En un contexto de desconfianza, los gremios y sus representantes en Norte de Santander y Táchira quieren impulsar nuevas relaciones comerciales entre los dos países. Para eso presionan por la reapertura de los puestos para el paso de ciudadanos y apoyan la recuperación de la relación comercial, aún más en medio de la reactivación económica.
Aunque Colombia diversificó sus mercados y la economía del vecino país se contrajo, la recuperación del mercado venezolano sería importante para el departamento de Norte de Santander.
Ante la presión social, los gobiernos de Norte de Santander y Táchira comenzaron una concertación para atender el día a día de la frontera y las contingencias de la pandemia. Además llegaron a un acuerdo mínimo para asegurar las relaciones.
Esta es la respuesta a las demandas de una población que no entiende cómo sus gobiernos insisten en mantener la frontera cerrada y en separar a una población que convive desde antes que surgieran las repúblicas y las constituciones.
La complicada relación bilateral entre Colombia y Venezuela va mucho más allá del ascenso de la Revolución Bolivariana y el establecimiento de un régimen dictatorial en el hermano país, más allá del conflicto colombiano, la construcción de un postconflicto y las afectaciones del narcotráfico.
Las autoridades locales entendieron que se necesita una respuesta conjunta, pero los gobiernos nacionales no oyen. Cuando la diplomacia nacional deja de lado los intereses de la población, la diplomacia ciudadana y la local deben llenar el vacío.
