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Colombia sin paz ni justicia: punto cero de la política nacional

Escrito por Hernando Llano

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Hernando-LLanoLa gestión, aprobación y entierro de la reforma a la justicia ponen al descubierto el verdadero fondo del régimen político y la hondura verdadera de la crisis. El gobierno, el Congreso y los jueces nos mostraron estas verdades tristes.

Hernando Llano Ángel

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Todos los protagonistas de semejante espectáculo circense pusieron al desnudo sus más oscuros intereses e imposturas.   Foto: Angélica Zambrano @Anyelik

Cirugía tormentosa

Tras casi 21 años de promulgada la Constitución del 91, vuelven a invocarse la paz y la justicia para hacer cambios de fondo en su articulado, con lo cual se completan nada menos que 36 reformas.

En su corta existencia, esta Constitución ha soportado más cirugías estéticas que la amante de turno de un gran capo, con el agravante de que las dos últimas – practicadas en el quirófano del Congreso- la han dejado completamente desfigurada. Ambas reformas fueron promovidas por el presidente Santos, la primera bajo el bisturí impredecible del médico Roy Barreras, la segunda con la asistencia del ex constituyente Juan Carlos Esguerra.

En realidad, son mucho más que dos cirugías estéticas, pues afectan el espíritu mismo de la Constitución del 91 y acaban por cambiar su identidad -paradójicamente invocando los valores de la paz y de la justicia que inspiraron la Carta-.

A diferencia de lo sucedido en la coyuntura constituyente del 89 al 91, catalizada por los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro http://www.semana.com/portada/hombre-pancarta/81088-3.aspx, y perpetrados por la triple alianza del narcotráfico, la clase política y sectores de inteligencia militar aún en la impunidad, en esta ocasión la paz y la justicia no convocan el consenso nacional, sino más bien la indignación ciudadana e incluso la ruptura de la Unidad Nacional.

Uribe mismo, actuando ya como opositor acérrimo del marco legal para la paz, pretende aprovechar la confusión para pescar en río revuelto, agitando la penumbrosa idea de una Asamblea Nacional Constituyente.

Funámbulo y sonámbulo

Sin duda el gobierno Santos -con sus ocho actos legislativos aprobados durante estos dos primeros años- está a punto de pasar a la historia como el partero de un nuevo orden constitucional cuya señal de identidad es la consagración de la impunidad política. Dicha transacción, elevada a máxima de conducta presidencial para ganarle apoyos a su eslogan vacío de “prosperidad democrática”, lo ha llevado a convertirse en un funámbulo y sonámbulo del poder.

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Santos -con sus ocho actos legislativos aprobados – está a punto de pasar a la historia como el partero de un nuevo orden constitucional consagrado a la impunidad política.    Foto: Presidencia.

El peor resultado ha sido la hundida reforma a la justicia, eludiendo a última hora su paternidad en la gestación de tan repudiable criatura. Acudió para ello a falsos argumentos sobre “la prevalencia de la justicia, el Estado de derecho y la democracia”- cuando fueron precisamente esos valores los que transó en el Congreso y con la mayoría de magistrados de las altas Cortes, salvo valiosas y contadas excepciones. Por último, para salvar el pellejo lanzó al vacío a su ministro de justicia, mientras movía el balancín de los grandes valores para evitar su propia caída en el desprestigio y el repudio de la opinión pública.

En este pasaje azaroso lo acompañó el coro “patriótico” de la mayoría de la gran prensa y de sus asesores jurídicos eminentes o grises, quienes le redactaron discursos que pronunció como un sonámbulo, al punto que él mismo pareció sorprenderse ante el horror de la monstruosa criatura que contribuyó a engendrar.

Impunidad constitucionalizada

Todos los protagonistas de semejante espectáculo circense pusieron al desnudo sus más oscuros intereses e imposturas, revelándonos su verdadera identidad: traficantes del interés público y mercaderes de la voluntad ciudadana, salvo contadas excepciones.

Aunque los reflectores de los medios se dirigieron primero a los integrantes de la Comisión de Conciliación, las sesiones extraordinarias del Congreso hicieron luz sobre la responsabilidad compartida del gobierno en esta indigna reforma. Por eso resultó tan estridente la intervención televisiva del presidente Santos para convocar los congresistas a sesiones extras, sin tener competencia constitucional para ello, pues los actos legislativos no son susceptibles de objeciones presidenciales.

Pero poco importa arrogarse semejante potestad para salvar la estabilidad institucional que – al igual que el “Marco Jurídico para la Paz” o la fallida reforma a la justicia, son coartadas para afianzar el régimen político actual, esencialmente una simbiosis entre política y crimen.

Una simbiosis que incluso estuvo presente en el nacimiento de la Carta del 91 y en su artículo 35, cuando se prohibió “la extradición de colombianos por nacimiento” bajo la exigencia de Pablo Escobar — ahora protagonista, y no por casualidad, de una obra de “ficción” —.

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Indignación ciudadana: desde el presidente que la promovió hasta los congresistas que la aprobaron,  burlaron la Constitución sin violarla y lo que es más grave, sin castigo.

Foto: Presidencia

Desde entonces hemos asistido a la progresiva constitucionalización del crimen y a la quiebra gradual del Estado de derecho- cuya expresión más lograda fue el “articulito” que permitió la reelección de Álvaro Uribe. Y no tanto mediante un cohecho demostrado — delito por el cual han sido condenados Yidis Medina y Teodolindo Avendaño — sino ante todo porque el “articulito” fue aprobado por numerosos congresistas que más tarde serían condenados por “concierto para delinquir agravado” con los grupos paramilitares (Pactos de Ralito y de Chivolo).

A propósito de la crisis más reciente y no por casualidad, el ex presidente Uribe dijo en su twitter: “¿Qué se puede pensar de un presidente como Santos que impulsa una reforma, presiona su aprobación y enseguida, con toda la mala condición, dice que no se puede permitir la excarcelación de exfuncionarios de AIS y chuzadas?”

Otra vez en el punto cero

Una vez más se ha reafirmado así la lucidez de García Márquez cuando en su célebre texto Por un País al Alcance de los Niños” afirmó que “en cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”.

Simon Gaviria

a Debemos transformar el régimen, forjando organizaciones y liderazgos auténticamente democráticos, sin compromisos ocultos con ningún tipo de criminalidad.

Foto: Página de Simón Gaviria en Facebook.

Es lo que ha sucedido con la reforma a la justicia. Desde el presidente Santos que la promovió hasta los congresistas que la aprobaron, burlaron la Constitución sin violarla y lo que es más grave la violaron sin castigo.

Pues aparentemente ya quedó superada la crisis: volvió la normalidad institucional y el régimen avanza como una locomotora incontenible, alimentada por el combustible de la complicidad que todo lo transa, la irresponsabilidad que todo lo excusa, y la incompetencia e impunidad que le sirven de carrilera. ¿Habrá forma de detenerla o se descarrilará con consecuencias impredecibles?

Quizá la única forma de evitarlo sea reconocer, con García Márquez, que “nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan”. Y esas causas se encuentran en el uso de la Constitución y la ley como coartadas del crimen y en la suplantación del poder ciudadano por una tupida red de clientelismo, corporativismo y complicidades entre los poderes.

El narcotráfico sigue siendo una fuente inagotable para que en cada elección se renueven los conductores de la locomotora de la impunidad, ante la indolencia o la ingenuidad de una ciudadanía que se contenta con votar o cuando más con que revoquen o deroguen algunos de los actos más abusivos. En vez de eso debemos transformar el régimen, forjando organizaciones y liderazgos auténticamente democráticos, sin compromisos ocultos con ningún tipo de criminalidad.

Por todo lo anterior estamos en el punto cero de la política nacional.

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Profesor Asociado en la Javeriana de Cali. Socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca y publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com.

 

 

Reforma por Anyelik

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