El informe de la OCDE sobre Colombia aporta luces novedosas y salidas creativas. ¿Por dónde debe empezar el próximo gobierno?
Jackeline Piraján* y Leonardo Urrea**
El informe
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó en febrero su informe sobre Colombia, un informe que realiza cada dos años para los países miembros en el que presenta un diagnóstico en varios frentes económicos. Este diagnóstico permite comparar la situación de Colombia con la de otros países que han recorrido caminos valiosos para mejorar el bienestar de su población, algo que puede ayudar a una mejor agenda del gobierno y del país en los años que vienen.
El valor del informe de la OCDE es la posibilidad de comparar la situación nacional con otros países con niveles distintos y similares de desarrollo. El informe incluye un diagnóstico sobre temas como las pensiones y el panorama fiscal, ya ampliamente estudiados, pero también sobre ideas poco investigadas como el refuerzo de las instituciones y la lucha contra la corrupción, elementos que las campañas políticas han convertido en lugares comunes pero vacíos de contenido.
El informe de la OCDE incluye además consejos o recomendaciones de política. Y aunque ningún modelo es perfecto, sus propuestas son flexibles y pueden adaptarse al contexto colombiano en busca de sociedad de altos ingresos con movilidad social y sostenibilidad ambiental.
Suele decirse que Colombia tiene un exceso de diagnósticos y pésima ejecución. Pero los cambios no suceden de la noche a la mañana; y en ocasiones, reiterar los diagnósticos permite aprovechar las oportunidades para adoptar las medidas aconsejadas. Jens Arnold, economista jefe de la OCDE para Colombia, destacaba que tener los diagnósticos y hablar de las necesidades sociales permitió hacer progresos impensables en varios países. Arnold recordó el ejemplo de la revelación de los casos de corrupción en Brasil gracias a las medidas adecuadas para la protección de los soplones.
Nuestro gran desafío
La OCDE reconoce los efectos de la pandemia, especialmente en los hogares vulnerables, y cómo esta arrasó con los progresos en materia social conseguidos durante muchos años de trabajo.
Pero en su diagnóstico también reveló que la recuperación económica fue más rápida de lo anticipado; aquí cabe destacar la respuesta rápida de los hogares y las empresas a los incentivos para recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. También debe tenerse en cuenta que Colombia no tuvo el mismo espacio fiscal que las economías desarrolladas o los países vecinos como Chile o Perú para apoyar a la población.
Pero no todo es color de rosa, pues la medida de crecimiento económico no cubre todas las dimensiones del bienestar de la población. La economía produce más valor ahora que antes de la COVID-19, pero el empleo no se ha recuperado y hoy hay más hogares en condiciones de vulnerabilidad y pobreza (Grafica 1).
De acuerdo con el DANE, la incidencia de la pobreza monetaria fue del 39,3% en 2021, mayor que la que teníamos al comenzar la pandemia (35,7%), con una pobreza monetaria extrema aún más preocupante pues su incidencia pasó de 9,6% en 2019 a 12,2% en 2021.
Por otro lado, la OCDE señala la alta informalidad en el empleo que alcanza algo más del 60 %. Perú es el único país con una cifra mayor entre las economías comparables. Esto es preocupante pues impide que la población acceda a las herramientas de bienestar social como el ahorro pensional.
Lo anterior constituye una angustia y un dolor constante para las familias que no pueden solventar sus necesidades. Según la OCDE, hoy una familia del 10% más pobre en Colombia puede tardar once generaciones para llegar a tener el ingreso medio de la sociedad, que ya es regular (Gráfica 2).
El problema fiscal
Así pues, la OCDE propone incentivos adecuados para acelerar el progreso social y económico, manteniendo la responsabilidad de la estabilidad macroeconómica, una condición para que el desarrollo sea sostenible.
La OCDE considera que debe recobrarse la capacidad de gasto del gobierno para resolver el problema de la desigualdad de oportunidades. También señala que los ingresos tributarios son bajos y están mal distribuidos, ya que las exenciones implican desequilibro en la balanza tributaria y sin recursos no hay política social ni económica. Por eso recomienda mejorar el sistema tributario para ampliar la protección social y promover la actividad económica.
El gasto social en Colombia es bajo en comparación con otras economías de países de la OCDE: representa el 10% del PIB; pero además la red de protección social cubre a menos del 15% de los hogares vulnerables. Además, la desigualdad social en Colombia no ha mejorado después de la política fiscal.
El punto que vuelve la política fiscal regresiva es el sistema pensional, una de las cuentas más grandes a cargo del presupuesto nacional (cerca del 4%- 5% del PIB). Este sistema favorece a los ricos a costa de los pobres y deja desprotegidos en la vejez a los más vulnerables (Grafica 3).
La lucha anticorrupción
Otro punto llamativo es la mejora de las instituciones y la lucha contra la corrupción. La ciudadanía percibe altos niveles de corrupción y ha perdido la confianza en los gobiernos, llevándolos incluso a decir: “no importa que roben, desde que hagan algo está bien”.
Para solucionar este problema la OCDE propone:
- Adoptar una ley de protección a los delatores,
- Regular el cabildeo en el Congreso,
- Vigilar las compras públicas en todos los niveles del gobierno,
- Regular la financiación de las campañas, e,
- Imponer sanciones efectivas a la corrupción.
También se expusieron otros incentivos al sector privado, como la regulación del comercio exterior y la reducción de los costos para las empresas. La pandemia mostró que estas responden rápidamente a los incentivos, por eso es probable que con pequeñas acciones del Estado se produzcan ganancias más tempranas.
El informe de la OCDE llega en un momento oportuno. El país alcanzó la normalidad y el nuevo gobierno encontrará desafíos apremiantes a corto y largo plazo. Pero ahora, además de controlar el efecto de la inflación sobre el ingreso de las familias, las prioridades también son alcanzar la sostenibilidad a largo plazo y la igualdad de oportunidades en Colombia.
