Qué dice el informe

Hace pocos días se publicó el último informe del estado de los derechos humanos en el mundo por parte de la ONG Human Rights Watch.

En él se encuentra el capítulo dedicado al análisis de la situación de Colombia y allí se destaca entre otras cosas:

1. Que la violencia alcanzó en 2022 niveles similares a los que precedían al Acuerdo Final de Paz con las FARC (AFP) en 2016;
2. Que actualmente los grupos armados son numerosos y se dividen entre el ELN, el Clan del Golfo y 30 grupos de disidentes del AFP;
3. Que la población civil está pasando por una situación crítica, al haber sumado más de 96.000 desplazados, decenas de confinamientos y 60 masacres;
4. Que el reclutamiento de niños por parte de grupos armados ilegales asciende a 500 casos por año, números sumamente elevados para cualquier país que se considere en paz.

Aunque estos datos suenen rimbombantes y se piense que el gobierno Petro fracasó en su intento de “paz total”, debe advertirse que toda la información recabada por el informe corresponde al año 2022 o a años anteriores.

En honor a la verdad, este gobierno tiene un grado de responsabilidad en los datos que arroja el informe ya que algunas propuestas, declaraciones y acciones no han salido bien. Pero sería falso decir que del informe de HRW se deduce que la “paz total” ha fracasado.

El origen de la tragedia

Es innegable que la firma del Acuerdo Final de Paz y su posterior ejecución logró reducir significativamente las víctimas y repertorios violentos que producía el conflicto armado colombiano. La violencia aumentó de forma progresiva como resultado de:

1. La decisión personal de ingresar en la guerra o seguir en ella,
2. El copamiento de los lugares geográficos abandonados por las FARC por parte de grupos criminales, el ELN y los grupos post desmovilización paramilitar,
3. La disminución del apoyo internacional y de la sociedad colombiana al Acuerdo con las FARC por efecto de un natural desgaste, y
4. Las fallas de las organizaciones estatales dedicadas a propiciar escenarios de paz.

De cualquier manera, las cifras actuales del conflicto armado en Colombia son significativamente altas y buena parte de esta responsabilidad la tiene el Estado colombiano en la era Duque.

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En efecto, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante el periodo presidencial de Duque se produjeron 957 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 313 masacres con 1192 víctimas, 545 eventos de desplazamiento forzado, 446 casos de confinamiento por la guerra, 261 excombatientes asesinados y 178 alertas tempranas realizadas por la Defensoría del Pueblo.

De este modo, en cuatro años de balance es posible afirmar que el gobierno Duque tomó decisiones que hirieron de muerte al Acuerdo de Paz.

Cuáles son las fallas

Algunas de esas decisiones que afectaron las infraestructuras de paz, fueron decisiones tomadas sin el deseo verdadero de que funcionaran o para satisfacer la presión de sus aliados de gobierno, comenzando por las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Otras fallas se debieron a decisiones tomadas de manera lenta, ineficiente, desfinanciada y con sospechas de corrupción, como el caso de los OCAD Paz. Otras,  fueron cercanas al dolo, inclusive para algunos académicos como Jairo Estrada con la “simulación” del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, para efectos de este artículo, las fallas en las organizaciones o mecanismos de paz hicieron aparecer nuevos grupos criminales o rearmar al personal excombatiente, de manera que en algunas regiones la guerra revivió.

• En primer lugar, estuvo la falta de seguridad física para los excombatientes de las FARC.
• En segundo lugar, la inseguridad económica o la no financiación de actividades que el Estado se había comprometido a financiar en el Acuerdo.
• En tercer lugar, la “renegociación” del Acuerdo en el Congreso de la República en el marco del Fast Track —como dice Francisco Gutiérrez Sanín en su texto ¿un nuevo ciclo de guerra en Colombia?.
• En cuarto lugar, la falta de seguridad jurídica para con los excombatientes.
• En quinto lugar, las fallas medulares y la enorme lentitud para poner en marcha la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Estas fracturas o fallas en las acciones del Estado están directamente relacionadas con los momentos de creación del mayor número de disidencias del Acuerdo, los excombatientes de las FARC rearmados y los grupos armados emergentes que se reivindican como FARC.

Las últimas fallas o fallas a largo plazo fueron las responsables de que en la actualidad existan zonas de conflicto donde la guerra está plenamente reactivada: este es el caso, entre otros, del Norte del Cauca, el Sur de Nariño, el Tapón del Darién y las zonas de frontera con Venezuela.

El reto del Estado y del actual gobierno

Por ahora, no se puede saber si esto se hizo de manera correcta o no, entre otras cosas porque en la actualidad no se tienen datos fiables sobre el asunto y los efectos de estas acciones del Estado no tienen una repercusión inmediata.

En todo caso, el informe de Human Rights Watch es un “aviso de incendio” como diría Michäel Löwy, pues no solo se hace evidente el resultado de varios años de malas decisiones en materia de ejecución del Acuerdo, sino que la ONG sostiene que la tendencia empeorará y que la política de seguridad del actual gobierno Petro no es clara. Por eso Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, hace un llamado a “aterrizar la ambiciosísima política de paz total”.

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