La ausencia de Colombia en la sesión sobre Nicaragua plantea la pregunta espinosa de cuál será la postura del gobierno Petro frente a las violaciones de los derechos humanos en otros Estados.
Mauricio Jaramillo Jassir*
Ausencia desconcertante
La ausencia de Colombia en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) despertó una controversia.
En esta sesión quedó aprobada una resolución contra Nicaragua, debido a la ola de represión contra miembros de la iglesia católica. Pero Colombia ni estuvo en la sesión ni presentó una postura sobre este hecho.
Hasta ahora se manejan dos hipótesis:
- Fue una falta de comunicación atribuible a la reciente posesión del nuevo gobierno, o
- Fue un mensaje deliberado sobre el cambio ideológico que viene con este nuevo gobierno.
Por un lado, es posible que haya faltado información en el empalme entre el embajador saliente, Alejandro Ordoñez, y el entrante, Luis Ernesto Vargas. La razón: si Colombia hubiese pretendido abstenerse, lo habría manifestado como lo hicieron Bolivia, El Salvador o México.
Por otro lado, la ausencia puede ser una señal de que Colombia está dispuesta a cambiar su política exterior, y aplicar el principio de no injerencia. Es decir, que no va a referirse a la situación de derechos humanos de terceros, pues ningún Estado dispone de superioridad moral sobre otros para hablarle de su situación interna, y, menos aún, en términos condenatorios.
La OEA y la democracia
Con esto se abre el debate sobre la conveniencia de denunciar las violaciones de los derechos humanos y la democracia, cuando Colombia tiene su propia trayectoria en este tipo de infracciones.
El gobierno de Duque llegó a acusar de “injerencia indebida” a la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Colombia. Pues bien, en la OEA ese debate no es nuevo y está plagado de contradicciones.
A comienzos de la globalización, la OEA aprobó dos instrumentos clave para la defensa de la “democracia representativa”: la Resolución 1080 de 1991 y el Protocolo de Washington de 1992.
- El primero preveía que, de darse una interrupción en el orden constitucional, la OEA convocaría al Consejo Permanente y discutiría acciones regionales para reparar la situación.
- El segundo amplió el catálogo de posibles amenazas contra el Estado de derecho, aunque no fuese una interrupción flagrante o patente.
Además, en 2001, la OEA aprobó la Carta Democrática Interamericana, la cual contempla sanciones para los Estados que incurran en violaciones graves a la normalidad democrática.
El saliente embajador jamás rindió cuentas por su vergonzosa labor.
El propósito de estos mecanismos era avanzar hacia la consolidación del ideal de la democracia representativa. Por eso son instrumentos de defensa frente a nuevas amenazas. El foco ya no eran los golpes militares de los 70, sino las acciones menos obvias, pero igualmente dañinas para el Estado de derecho, los derechos humanos y la pluralidad.
En la década de los 90, por ejemplo, hubo crisis presidenciales que debilitaron la democracia. Entre ellas:
- el golpe contra Jean Bertrand Aristide en 1991,
- los intentos de derrocar a Carlos Andrés Pérez en Venezuela en 1992,
- el cierre del Congreso en abril de 1992 por parte de Alberto Fujimori,
- la disolución de las cortes en 1993 por decisión del mandatario guatemalteco Jorge Serranos Elías, y
- las tres destituciones que marcaron al Ecuador a finales de los 90 —Abdala Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez—.
El panorama de amenazas a la democracia era amplio y necesitaba respuestas regionales. Pero apenas unos meses después —abril de 2022— de aprobarse la Carta Democrática, ocurrió el golpe de Estado contra Hugo Chávez.
La firma de un decreto que derogaba la Constitución de 1999, por parte del interino Pedro Carmona, fue la medida más contundente contra la democracia. El caso fue discutido de forma inmediata en el Consejo Permanente de la OEA, pero no llegó a consenso. Colombia, El Salvador y Estados Unidos se negaron a condenar tajantemente el golpe.
Este acontecimiento reveló cómo, en el futuro, la OEA puede tener dificultades para consensuar posiciones alrededor de la defensa de la democracia.
Colombia y su defensa de la democracia
Históricamente, Colombia ha tenido un papel importante en la OEA.
La Conferencia Panamericana realizada en Bogotá fue su hito de fundación, y su primer secretario general fue Alberto Lleras Camargo. De ahí en adelante, la participación de Colombia ha sido activa, y en 1994 César Gaviria fue secretario general.
En épocas de Álvaro Uribe —cuando el país se sentía aislado por la mayoría de los gobiernos de izquierda—, la OEA fue el espacio donde Colombia se sentía más respaldada debido a la presencia de EE. UU.
Allí trató de defenderse ante la peor crisis diplomática binacional de la historia: el ataque a Santa Rosa de Sucumbíos en Ecuador en 2008. El entonces embajador, Luis Alfonso Hoyos, presentó supuestas “pruebas” de la presencia de guerrilleros en Ecuador y Venezuela que, según él, contaban con la protección de estos Estados.
En el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia estuvo a punto de obtener una conferencia extraordinaria de cancilleres en la OEA. La razón: fueron expulsados 2 000 colombianos de Venezuela en circunstancias inexplicables.
En la conferencia, Caracas debía responder por los hechos, pero, a última hora, Panamá cambió su voto. Fue una de las derrotas más significativas de Colombia en la OEA. Esto demostró dos circunstancias importantes: Venezuela aún goza de gran influencia en el organismo, y las fuerzas ideológicas inciden en las votaciones.
Leyva y Vargas deberán decidir si Colombia opta por una vocación similar a la de México: no referirse a estas situaciones para evitar la presunción de que hay Estados que disponen de superioridad moral sobre otros.
Durante el gobierno de Duque, Colombia perdió fuerza en la OEA por el nombramiento de Alejandro Ordóñez. Él fue un enemigo declarado del sistema interamericano de Derechos Humanos, y, en varias ocasiones, pretendió pasar por encima de la institución.
Como embajador, calificó la migración venezolana como instrumento de “irradiación del socialismo”. Además, pasó por encima de políticas de Estado cuando sumó a Colombia al Consenso de Ginebra, el cual condena el aborto. Apenas 36 Estados en el mundo, y tres en América Latina se unieron a este texto.
El saliente embajador jamás rindió cuentas por su vergonzosa labor.
Un reto en política exterior
Aunque el ejercicio de Luis Ernesto Vargas comenzó con esta polémica, Colombia retomará la tradición de tener un compromiso con los derechos humanos.
Entonces, la abstención frente a la resolución de condena a Nicaragua abre un importante debate: cuál debe ser la postura de Colombia frente a las violaciones a los derechos humanos en otros Estados.
Petro, Leyva y Vargas deberán decidir si Colombia opta por una vocación similar a la de México: no referirse a estas situaciones para evitar la presunción de que hay Estados que disponen de superioridad moral sobre otros.
Colombia también podría optar por sumarse a estas resoluciones a sabiendas de las enormes contradicciones. Actualmente, en varios Estados que condenan a sus pares, se violan sistemáticamente los derechos humanos.
Al final, esta decisión no siempre obedece a razones humanitarias, sino de corte ideológico.
Este es un debate que apenas comienza, y que evidencia la complejidad del reto al que se enfrenta la política exterior colombiana de cara a la defensa de los derechos humanos.
