Han pasado más de ocho años desde que comenzó el proceso de adhesión a la OCDE, y el Estado colombiano todavía no toma en serio sus recomendaciones. ¿Qué papel juegan el sector público y privado en este asunto?
Laura Villa*
Para qué entrar a la OCDE
En 2020 Colombia concluyó su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo propósito es estimular el comercio y el progreso económico. Para ello, la OCDE hace recomendaciones y establece estándares de buenas prácticas para sus miembros.
Sus informes evalúan sobre todo las regulaciones que adoptan los distintos países, puesto que las normas pueden y aun suelen convertirse en obstáculos para la competencia, la innovación y el crecimiento de un sector de la economía. Según la OCDE, “la regulación es esencial para el funcionamiento de la sociedad y la economía”, pues “una mala regulación puede imponer costos innecesarios a la sociedad, impedir innovación y reprimir las presiones para la competencia”.
Por esta razón, desde que la OCDE aprobó la hoja de ruta para la adhesión de Colombia —septiembre de 2013—, el país comenzó a adaptar los estándares y mejores prácticas de la organización internacional.
Lo que en efecto ha impedido a Colombia culminar la ejecución de las recomendaciones recibidas, y tener una política regulatoria más allá de una simplificación administrativa, es la falta de recursos
De esta manera, el Estado colombiano trabaja por ser cada vez más ágil en la toma de decisiones, disminuir la burocracia para la obtención de permisos, y reconocer el efecto económico que pueden tener sus normas para los regulados.
Con todo lo anterior, la adhesión de Colombia a la OCDE pretende que el país sea cada vez más competitivo, que el sector privado crezca, que atraiga más inversión extranjera, que impulsé el desarrollo socioeconómico y el bienestar social
Esto va en línea con el CONPES 3816, y con las recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad.
El papel de las empresas
Pero lograr esos cometidos no es tarea exclusiva del estado o de sus funcionarios, sino además en las empresas productivas.
Según los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), el papel de las empresas es generar valor agregado, pero no sólo a través de la venta de bienes y servicios, sino de enriquecer el ecosistema al que pertenecemos. Este abordaje garantiza que la toma de decisiones y la estrategia corporativa de las empresas tengan una proyección a largo plazo, al mimos tiempo que armoniza los intereses de las empresas, sus grupos de interés y el medio ambiente.
Esta conciencia sobre el ecosistema económico es cada día más evidente en el entorno empresarial, y, desde la pandemia, los directivos hacen un mayor esfuerzo por mejorar su ASG y sostenibilidad. Ahora, las empresas comprenden que esa es la mejor estrategia para conservar su licencia social para operar.
Esto tiene un efecto en la manera como el sector privado se relaciona con los países donde hacen sus operaciones. Debido al camino que Colombia ha recorrido —con la adhesión de la OCDE—, y esta nueva perspectiva empresarial, se abre una nueva ventana para impulsar la competitividad: la cooperación.
Cooperar para una mayor competitividad
Cooperar es obrar junto con aquellos que comparten nuestra visión, para alcanzar un beneficio común.
En este caso, somos miembros de la sociedad colombiana, y —como trabajadores, familiares, amigos, y ciudadanos que vivimos en el mismo territorio— queremos que el país progrese. Por esto mismo, nos adherirnos a la OCDE, y tenemos una visión amplia sobre la generación de valor agregado para el ecosistema económico.
Entonces, tenemos el propósito común de aportar al desarrollo económico y al bienestar social, a través de una regulación.
Existe una coincidencia entre sectores, organizaciones y fuentes como la OCDE y el Consejo Privado de Competitividad: la política regulatoria es importante para mejorar la competitividad de un país. Por eso debemos impulsar una regulación simple, ágil, efectiva y eficiente que permita el mejoramiento, innovación y competencia del sector privado.
Aún hoy —en pleno cierre del segundo mandato presidencial desde la adhesión de Colombia a la OCDE—, Colombia no adopta la totalidad de las recomendaciones en materia de política regulatoria.
Esta situación no se da porque los funcionarios encargados no quieran aumentar la liberalización y apertura de los mercados, porque se opongan a las reformas estructurales, o no crean en las ventajas de la transparencia. Hice parte del sector público durante años, y conozco la vocación de servicio de la mayoría de los funcionarios, así como su empeño en la consecución de sus metas laborales.
Lo que en efecto ha impedido a Colombia culminar la ejecución de las recomendaciones recibidas, y tener una política regulatoria más allá de una simplificación administrativa, es la falta de recursos.
Cuando hablo de recursos no me refiero apenas al dinero o al tiempo —dos elementos sobre los cuales el sector privado no puede incidir—, sino del conocimiento.
Si no dotamos a los funcionarios públicos de información precisa y oportuna, si no compartimos con ellos nuestras preocupaciones, si no creamos lazos de confianza que nos permitan advertir los riesgos que una mala norma puede crear para nuestra operación, ¿cómo les exigimos que la regulación que expidan sea idónea?
Un trabajo del sector público y privado
Si, como país, nos dirigimos hacia la competitividad y el bienestar social, no bastan la buena intención y el trabajo arduo de los funcionarios públicos.
Las empresas deben acompañar los procesos regulatorios, y nutrir los análisis de impacto normativo. En concreto, las empresas deben participar en las consultas públicas, suministrar información técnica de respaldo, en decir, cooperar.
Por su parte, los funcionarios públicos deben trabajar más en cooperar entre diferentes entidades, y fomentar espacios de discusión intersectorial que enriquezcan las visiones y proyectos de todos.
Además, como líderes de la política regulatoria tienen la responsabilidad de crear lazos de confianza y colaboración que permitan la presencia de otras voces. De esta forma, será posible la adopción de normas ágiles, eficientes, eficaces y económicas.
He estado en el sector público y en el privado, y tengo la certeza de que no importa de cuál vengamos. Todos vibramos y vivimos por Colombia, pues trabajamos cada día para que el país avance en su camino hacia el desarrollo económico y el bienestar social.
Con la entrada a la OCDE, el Estado colombiano y las empresas acogieron la ruta de la competitividad como mejor camino para crecer e innovar. Ahora, nos falta armonizar nuestras voces en una sola melodía regulatoria, razón por la cual todos tenemos que cooperar.
