La Comisión Global de Drogas ha abanderado la lucha contra el prohibicionismo, pero su informe sobre Colombia es muy poco convincente. Cómo entonces avanzar en el proceso.
Andrés López Restrepo*
La Comisión y su informe
Hace unos días la Comisión Global de Política de Drogas presentó el informe “La política de drogas en Colombia: El camino a una regulación justa”.
Esta Comisión existe desde 2011 y está integrada por 26 personalidades de la política mundial, entre ellos dos expresidentes colombianos: César Gaviria y Juan Manuel Santos. Su propósito es defender políticas distintas del prohibicionismo imperante en materia de drogas, basadas en evidencia científica y que consideren los derechos humanos, la salud pública y la seguridad.
Su último informe se ocupa del caso colombiano, la segunda vez que se concentra en la situación de un único país, después de su informe de 2017 sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos.
Es de aplaudir la intervención de la Comisión Global en el momento que vive Colombia. Durante cuatro años, entre 2018 y 2022, el gobierno Duque adelantó una política represiva cuyo centro fue la erradicación forzosa de cultivos. El resultado fue un fracaso rotundo: los cultivos de coca llegaron a las 204 mil hectáreas en el 2021, un 43 % más que en el año inmediatamente anterior.
Se impone concluir entonces que la coca legal debe ser consumida de manera directa o ser usada en la elaboración de productos legales. Un hecho que tampoco es viable, pues como no parece posible que de un momento a otro un gran número de colombianos se dedique a mascar coca, habría que emplear la hoja como insumo de productos legales.
El gobierno Petro ha demostrado desde el primer día su intención de cambiar la política de las drogas, y el informe ve la luz en el momento más oportuno para influir sobre esa política. Pero los argumentos de la Comisión dependen de la ocurrencia de un hecho muy poco factible, lo cual condena toda su propuesta a la irrelevancia.
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Las propuestas
Tras criticar las políticas colombianas de drogas desde la década de 1970, la Comisión hace cinco recomendaciones, en su orden:
- regulación legal de las drogas;
- fundamentar la política de drogas en los derechos humanos;
- despenalización de todas las actividades no violentas relacionadas con las drogas;
- independizar la política de drogas de la agenda de seguridad, y
- mejorar las instituciones nacionales encargadas de la política de drogas.
Las recomendaciones 2, 3, 4 y 5 son razonables y proporcionan elementos para una política de drogas racional y efectiva. En cambio, la primera es improbable y puede dar lugar a diversos problemas.
Las falacias
El informe de la Comisión define la regulación como un conjunto de normas jurídicas que rigen la producción, los productos, la disponibilidad y el mercadeo de determinada droga, según los riegos y necesidades del entorno.
También explica cuál debe ser el contenido de esa regulación en el caso de la coca: acabar con su prohibición de tal forma que se legalice la producción y comercialización de los productos que la usen como insumo.
El informe no plantea límites a la producción de coca, o sea que pretende que toda la hoja cultivada por los campesinos colombianos se destine a usos lícitos. Pero es bien sabido que la casi totalidad de la coca en Colombia sirve de insumo para producir cocaína con usos recreativos.
Existe un mercado legal de la cocaína con fines médicos, pero es pequeño y está muy regulado. A diferencia de lo que ocurre con el cannabis, no existe ningún movimiento social significativo que defienda la legalización de la cocaína recreativa. El tema no está presente en la agenda internacional, y si bien es deseable que Colombia auspicie alternativas a la prohibición en Naciones Unidas, su política de drogas no puede depender de esa contingencia.
Se impone concluir entonces que la coca legal debe ser consumida de manera directa o ser usada en la elaboración de productos legales. Un hecho que tampoco es viable, pues como no parece posible que de un momento a otro un gran número de colombianos se dedique a mascar coca, habría que emplear la hoja como insumo de productos legales. Existen esfuerzos muy loables de varios cocineros que han incorporado en sus recetas la hoja, pero en el mejor de los casos emplearían una parte muy pequeña de las 1.130.000 toneladas de hoja que Naciones Unidas estima se produjeron en Colombia el último año. Otra alternativa sería su uso como insumo en la fabricación de otros productos.
Es importante considerar el caso de Perú y Bolivia, que tienen una mayor experiencia en la exploración de usos legales de la hoja. Por un lado, pese a sus esfuerzos, el 95 % de la hoja peruana se destina a la producción de cocaína ilegal. En Bolivia, donde existe una tradición muy sólida de consumo de la hoja de coca y controles comunitarios sobre su producción, alrededor de la mitad de la hoja sirve de insumo para la industria ilegal de cocaína.
Aunque pusiese todo su empeño, lo más probable es que Colombia, donde el consumo de la hoja tiene poco arraigo, consiga un resultado más parecido al caso peruano que al boliviano.
Una opción que alguna vez sugirió Petro, antes de llegar a la presidencia, era comprar toda la producción de la hoja. Pero esto, además de convertirse en un estímulo no solo para mantener, sino aumentar los cultivos de coca a un costo fiscal que podría ser muy elevado, deja en manos del Estado colombiano cantidades crecientes de hoja que no tendrían uso alguno.
Todos los esfuerzos que se hagan por encontrar usos legales a la coca son valiosos. Sin embargo, es necesario reconocer que la legalización de la cocaína no es factible en el presente y es absurdo fundar una política sobre la esperanza de que ocurra en un futuro próximo. Tampoco es posible destinar a usos legales la coca y el Estado no puede comprometerse a adquirir toda la producción de la hoja.
Por otra parte, los colombianos sabemos muy bien que la mayor parte de la coca es usada por la industria de la cocaína, que hace parte de los mercados ilegales que alimentan las organizaciones criminales y generan violencia. En Colombia, esa violencia afecta incluso a los líderes locales y a los campesinos que defienden la sustitución de cultivos, por lo que es imperioso afrontar el problema de qué hacer con la coca.
Alterativas para una transición clave
En un artículo para el número actual de la revista El malpensante propongo un camino que evita los problemas de la propuesta de la Comisión Global y que recojo aquí en sus líneas principales.
Todos los esfuerzos que se hagan por encontrar usos legales a la coca son valiosos. Sin embargo, es necesario reconocer que la legalización de la cocaína no es factible en el presente y es absurdo fundar una política sobre la esperanza de que ocurra en un futuro próximo. Tampoco es posible destinar a usos legales la coca y el Estado no puede comprometerse a adquirir toda la producción de la hoja.
Lamentablemente, no existe alternativa a la eliminación de los cultivos de coca para romper el vínculo entre su cultivo y la violencia. No obstante, esta debe hacerse bajo dos condiciones:
1) su eliminación no debe producir más violencia ni violar los derechos humanos de los productores, y
2) es necesario apoyar a los cultivadores para que encuentren una forma de vida productiva y segura que no los tiente a volver a la coca.
El orden en que se realice la transición es clave. La eliminación de la coca sin alternativas económicas está condenada al fracaso. La objeción frente a esta idea es que no existe una actividad productiva legal que sea tan rentable como la coca. Sin embargo, la utilidad no es lo único que motiva al ser humano: la vida en paz y legalidad, aunque menos rentable, debe ser un disuasivo suficiente para hacer que muchos campesinos abandonen la coca.
Por otra parte, los grupos armados amenazan y asesinan a líderes sociales que han impulsado la sustitución de cultivos, haciendo muy difícil construir economías legales en zonas controladas por grupos armados y criminales.
Aunque la cuarta recomendación de la Comisión Global dice que la política de drogas debe ser independiente de la agenda de seguridad, esta debe ser precondición de la sustitución de cultivos y la iniciativa de Paz Total del gobierno apunta en este sentido. La paz y el desarrollo son lógicamente anteriores al fin de los cultivos. Conseguidas esas dos condiciones, la coca desaparecerá de muerte natural.
Es un proceso que tomará años, pero el país ya ha intentado erradicar la coca sin éxito durante décadas y puede darse el lujo de apostar a un proyecto distinto que incorpore efectivamente a los cultivadores a la legalidad y lo haga más productivo y democrático.
No es descartable que en un futuro la comunidad internacional decida legalizar la cocaína, lo que abriría nuevas oportunidades a los países productores. Pero, hasta entonces, Colombia debe actuar en el marco de las limitaciones que impone el régimen prohibicionista.
