En lugar de medidas parciales contra las drogas, necesitamos una política integral contra la delincuencia organizada. Mientras esto no se haga, los resultados serán pocos y dañinos. Cómo dar el primer paso.
Sergio Uribe*
Burocracia que estorba
El Estatuto Nacional de Estupefacientes ha sido reformado muchas veces para adaptarse a los cambios de la oferta y la demanda de drogas en Colombia. Y sin embargo se mantienen los controles administrativos como método principal para enfrentar el narcotráfico.
Esto no sería problema en un país con una política coordinada, pero en Colombia no ha existido ni existe esa política.
Los encargados de ejecutar las leyes hacen la tarea, e intentan controlar esta o aquella faceta de la producción, comercialización o consumo de las drogas ilegales. Pero sin una cabeza visible que coordine y responda por los resultados, esto no es más que burocracia que llega a convertirse en un obstáculo para llevar a cabo una política efectiva.
Un ejemplo del problema es el control de sustancias precursoras de drogas. La ley exige que todo importador reciba un certificado de la oficina de control del ministerio de Justicia:
- Esto implica suponer que el ministerio tiene la capacidad para juzgar los aspectos técnicos de un informe de industria y comercio; pero como por supuesto no los tiene, el funcionario del caso se limita a verificar la validez de los sellos de los varios documentos.
- De paso también se pierden datos importantes que serían fundamentales para una buena política antidrogas.
- Y además, ¿de dónde sacan que en 2018 el control de precursores puede reducir la capacidad de las organizaciones para procesar clorhidrato de cocaína? El mundo evoluciona, pero la ley no.
Los defectos del Estatuto también explican que el actual ministro de Defensa se haya apropiado de la vocería de la política antinarcóticos, cuando el encargado es el ministro de Justicia, que preside el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).
La Secretaría Técnica del CNE está a cargo de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas, de modo que en Colombia –el mayor productor de cocaína del mundo– el liderazgo de la lucha antinarcóticos lo tiene un Viceministerio de Justicia.
La situación es inexplicable, pero ayuda a comprender las cifras reveladas en días pasados que dejan muy mal parada la lucha contra el narcotráfico en el país.
Dice el adagio popular que cuando el gato no está los ratones hacen fiesta. En Colombia el gato sí está, pero se escondió detrás de una pila muy alta de papeles y normas.
Estrategias en lugar de política
 Policías antidrogas. Foto: Policía Nacional de Colombia |
Hoy el CNE -que fue creado con el fin principal de instaurar la extradición como política de Estado frente al narcotráfico- ya no fija políticas duraderas sino estrategias cambiantes al vaivén de las circunstancias.
El Consejo se reúne según sea necesario para definir líneas de acción, fumigaciones, erradicación y otros temas. Su Secretaría Técnica cumple las funciones que le asignó el Estatuto, pero es incapaz de formular políticas de largo plazo.
En materia de drogas, en Colombia se ha confundido la formulación de políticas con la adopción de estrategias de corto plazo.
En materia de drogas, en Colombia se ha confundido la formulación de políticas con la adopción de estrategias de corto plazo.
Y cuando el ministerio de Justicia le cedió la vocería al de Defensa, se estrecharon aún más los objetivos que debería abarcar una política antinarcóticos.
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El verdadero enemigo
Una política antinarcóticos moderna debe ser parte integral de la lucha contra el crimen organizado, pero esto no lo comprende Defensa ni lo aplica Justicia; solo lo pone en práctica la Fiscalía.
Así, mientras todos reclaman protagonismo, las bandas criminales se burlan del Estado y controlan territorios donde secuestran, extorsionan, matan y aplican su propia justicia gracias al poder económico que les ha dado el narcotráfico. El ejemplo más claro es Tumaco, Nariño.
Han pasado más de 30 años desde la adopción del Estatuto. La naturaleza de la lucha contra el narcotráfico ha cambiado porque este ya no es un negocio de algunos carteles, sino parte integral de las actividades de organizaciones involucradas en el tráfico de armas y personas, en el contrabando y el lavado de dinero, en la extorsión y la corrupción.
Pero en los últimos 25 años los gobiernos no han entendido que el Estatuto no es apto para enfrentar las formas cambiantes del crimen organizado en Colombia. Las reformas parciales solo han agravado la situación, y esta Ley se debe liquidar para que de sus cenizas nazca una política que entienda el narcotráfico como parte integral de la lucha contra la criminalidad organizada –no como algo aparte-.
Una política como esta permitiría enfrentar el tema del narcotráfico teniendo en cuenta el contexto colombiano actual, donde el narcotráfico alimenta a las organizaciones criminales, corrompe las instituciones y reta a las instituciones del Estado.
Una agencia que esté directamente a cargo del presidente de la Republica y que revise la colcha de retazos que le han dejado, quizás pueda crear una buena política antidrogas y desarrollar estrategias coherentes.
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Una propuesta concreta
 Traficantes de estupefacientes. Foto: Policía Nacional de Colombia |
La catástrofe de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) fue consecuencia de la corrupción de sus directores y de la gran cantidad de bienes costosos que manejaba, especialmente desde 2002.
Pero esa tentación sería menor para los directores de una oficina de políticas antinarcóticos y contra el crimen organizado que no tuviera el manejo de bienes incautados. La oficina sería menos interesante para los corruptos y más apetecida por los intelectuales.
Además, esta centralización de las políticas no implicaría aumentar la burocracia ni el gasto del Estado. La nueva oficina podría y debería vincular a los funcionarios que actualmente trabajan en el tema de drogas en diferentes entidades del Estado, y en especial:
Han pasado más de 30 años desde la adopción del Estatuto. La naturaleza de la lucha contra el narcotráfico ha cambiado
1. El Observatorio Colombiano de Drogas (OCD). Este es el mejor observatorio de drogas de América Latina. Ha logrado el reconocimiento de los países de la región, así como de la Unión Europea y de instituciones internacionales. Bajo su liderazgo se han creado:
- Sistemas de información y acuerdos con múltiples agencias estatales, lo cual ha permitido diseñar metodologías y formatos para transferir información y mantener las bases de datos;
- Un exitoso sistema de alertas tempranas para monitorear la demanda.
- Además hubo un intento de integrar información acerca del crimen organizado, aunque tuvo poco éxito por dificultades interinstitucionales. Los celos profesionales que impiden acuerdos para el intercambio o centralización de la información se superarían si todo está a cargo de Presidencia.
- El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). Cuando la Unión Europea propuso crear este sistema se dijo que él sería incorporado a alguna institución del país. Hoy, 17 años después, y a pesar de ser TOTALMENTE financiado por el Gobierno nacional, el SIMCI opera como parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y aún no es parte del Estado colombiano.
Las razones son múltiples, pero la más importante es, posiblemente, la búsqueda de legitimidad en las cifras. Sin duda, el sello de la UNODC en los informes aumenta su credibilidad. Además, la administración de los fondos por parte del UNODC ha agilizado el trabajo y ha permitido tocar temas como el crimen organizado.
El SIMCI debería ser parte de una oficina de política antidrogas. El conocimiento producido por este proyecto daría al Estado una capacidad única. Hasta 2017, el ministerio de Defensa intentó montar un programa paralelo, duplicando esfuerzos. Pero el Sistema es del Estado colombiano –financia todas sus actividades–, aunque opera al margen de él.
- Finalmente, para diseñar una política contra el narcotráfico y el crimen organizado es fundamental un grupo de análisis. Su conformación sería compleja, pero podría consistir en que:
- El ministerio de Defensa ceda a la nueva oficina los equipos que trabajan en antinarcóticos y crimen organizado; esta no es función del ministerio y no debe existir una oficina que formula la política, Min Defensa es un ejecutor de políticas y nada más.
- La Dirección Antinarcóticos de la PNC deberá apoyar con personal experto la formulación de estrategias y política antidrogas.
- La Fiscalía traerá funcionarios dedicados a la lucha contra el crimen organizado para garantizar el diseño de políticas y estrategias integrales en este aspecto.
- Los ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura y Salud sean representados por funcionarios que trabajen con la nueva oficina.
En todo caso importa que la nueva oficina sea la única que establezca políticas y estrategias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado y que los ministerios se ocupen de ejecutarlas y de hacerles seguimiento, de manera que se puedan ajustar sobre la base de resultados tangibles y no de consignas simples o mandatos burocráticos.
* Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional.
@suribe52