Colombia ha acertado al no negociar aranceles con Trump

Colombia acertó al no lanzarse a negociar aranceles con Trump. No porque no tengamos razones para buscar una reducción, sino porque el costo de entrar al juego planteado por Washington supera con creces cualquier ganancia posible.

El pasado 13 de noviembre, el gobierno de Donald Trump anunció con bombos y platillos que había alcanzado “acuerdos marco” con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. La narrativa oficial los presentó como una victoria de la cooperación económica hemisférica. Durante meses, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) venía urgiéndole al Gobierno a que se sumara a estas negociaciones para “potenciar nuestra competitividad” y “consolidarnos como un país estratégico para Estados Unidos”. Pero un examen detallado de los textos anunciados revela que, en realidad, hemos esquivado una trampa. Lejos de orientarse a cerrar acuerdos comerciales en el sentido tradicional, estas negociaciones buscan establecer instrumentos mediante los cuales Estados Unidos obtiene control directo sobre las decisiones centrales de política económica de sus socios comerciales, sin asumir obligaciones equivalentes ni ofrecer concesiones reales.

En ese contexto, Colombia acertó al no lanzarse a negociar aranceles con Trump. No porque no tengamos razones para buscar una reducción —basta con mencionar las flores, el acero o el aluminio—, sino porque el costo de entrar al juego planteado por Washington supera con creces cualquier ganancia posible.

Asimetrías profundas: obligaciones para unos, libertades para otros

Al analizar las declaraciones conjuntas “acordadas” por los países, lo primero que salta a la vista es la profunda asimetría. Estados Unidos no tiene intención alguna de adquirir obligaciones. En términos generales, no se compromete a eliminar los nuevos aranceles, a limitar sus prácticas proteccionistas ni a ajustar sus subsidios internos. Únicamente se incluyen vagas referencias a la eliminación de aranceles sobre recursos naturales u otros productos no disponibles en Estados Unidos, ciertos insumos farmacéuticos no patentados y productos de bajo valor agregado como textiles y confecciones. Las contrapartes latinoamericanas, sin embargo, sí quedarán obligadas a otorgar trato arancelario preferencial a todo tipo de productos estadounidenses. Para Argentina y Ecuador, que no cuentan con un TLC con Estados Unidos, ello implica comprometerse a reducir aranceles a las mercancías estadounidenses; para El Salvador y Guatemala basta con seguir honrando los compromisos adquiridos en el TLC CAFTA-DR, pese a que Washington lo haya abandonado en la práctica.

Como si eso fuera poco, las declaraciones que detallan los ejes de los acuerdos marco dejan claro que los países latinoamericanos se verían obligados a aceptar estándares regulatorios estadounidenses, a renunciar a la posibilidad de gravar los servicios digitales y a otorgarle al gobierno de Estados Unidos la facultad de determinar qué regulaciones constituyen barreras no arancelarias y exigir su eliminación. Un texto en el que solo una parte impone las reglas y la otra debe acatarlas difícilmente puede llamarse “acuerdo”.

El falso argumento del déficit comercial y un rediseño unilateral de las reglas del comercio internacional

No se debe perder de vista que la principal razón esgrimida por el gobierno de Donald Trump para justificar su arremetida arancelaria es el significativo y persistente déficit comercial que este país experimenta desde la década de los noventa, así como la supuesta ausencia de reciprocidad en sus relaciones comerciales con otras naciones. Sin embargo, Estados Unidos tradicionalmente ha sostenido superávit con la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos tres de los cuatro que se sumaron a estos acuerdos marco, así como con Colombia. Esto demuestra que el objetivo de estas negociaciones no es, bajo ningún motivo, lograr algún tipo de equilibrio comercial. Lo que está en marcha es una revisión unilateral de las reglas del juego, especialmente injuriosa para los países que se sometieron al tortuoso proceso de negociar TLC con Estados Unidos en las últimas décadas.

Esa desigualdad también se refleja en el diseño institucional. Aunque las declaraciones conjuntas aún no son textos vinculantes ni exigibles, los acuerdos que el gobierno de Trump ya suscribió con Malasia y Camboya muestran con claridad lo que se avecina en materia de seguridad jurídica y mecanismos de exigibilidad de los compromisos. En estos acuerdos, suscritos en octubre por los países asiáticos, no existe un mecanismo independiente para la resolución de disputas. En lugar de paneles arbitrales imparciales, Washington se reserva el derecho de decidir por sí mismo cuándo una contraparte incumple y qué sanciones aplicar. Cuando un país juega simultáneamente los papeles de legislador, juez y policía comercial, la relación deja de ser una negociación entre Estados soberanos y se convierte en un ejercicio de poder unilateral.

A ello se suma que los beneficios ofrecidos son más aparentes que reales. Hasta ahora ningún país ha logrado que la administración Trump elimine sus aranceles; en el mejor de los casos, ha obtenido techos arancelarios, cuya vigencia y cumplimiento son inciertos. Incluso la Unión Europea ha expresado recientemente su preocupación ante la posibilidad de que la potencial ampliación de los aranceles al acero y al aluminio adoptada por Trump termine por socavar el oneroso acuerdo que Bruselas alcanzó con su administración. La política arancelaria ha quedado subordinada a la coyuntura política estadounidense y a los impulsos de un presidente que ha usado los aranceles como arma política más que como instrumento de política comercial.

Obstáculos internos en Estados Unidos: la Corte Suprema entra en escena

Paradójicamente, los límites más fuertes a esa estrategia no provienen del derecho internacional ni de la presión de otros países, sino de adentro de Estados Unidos. 

La Corte Suprema analiza hoy la legalidad de los llamados “aranceles recíprocos”. La audiencia que convocó esta corte a principios de mes dejó entrever las dudas profundas que los magistrados tienen sobre la autoridad del presidente para imponer aranceles indiscriminados a cualquier país, por cualquier motivo, con base en una ley de poderes de emergencia que nunca había sido utilizada con este fin. Un fallo en contra de los aranceles de Trump obligaría a sus funcionarios a recurrir a otros estatutos que restringirían aún más la autoridad presidencial, y daría alivio a decenas de gobiernos alrededor del mundo. 

La presión del consumidor estadounidense y el repliegue arancelario

Además, tras anunciar los acuerdos con estos cuatro países latinoamericanos, así como con Suiza y Liechtenstein, Trump declaró que eliminaría aranceles a productos que Estados Unidos no produce en cantidades suficientes —café, frutas tropicales, tomates, carne de res, entre otros—. Trump quiso justificar esta decisión en “los avances logrados en sus negociaciones de comercio recíproco”. Evidentemente, esta decisión no busca abrirle el mercado a la potencia de la industria cafetera suiza o la necesidad imperiosa de importar bananos argentinos (Ecuador, EL Salvador y Guatemala sí producen estos productos tropicales, pero no en las cantidades necesarias para abastecer al mercado estadounidense). Es la creciente molestia del consumidor estadounidense frente a una política arancelaria errática que elevó los precios de la canasta básica, la que forzó a Trump a recular en la imposición de aranceles globales. Prueba de ello es que estas reducciones arancelarias se aplican a todos los países, no exclusivamente a quienes aceptaron entrar en negociaciones tortuosas con su administración.

El caso colombiano: riesgos para la salud pública, los impuestos y la regulación digital

Colombia, por supuesto, aún enfrenta aranceles que afectan sectores sensibles. Pero negociar bilateralmente con Trump no ofrece garantías de mejora y sí implicaría una presión considerable para abandonar políticas públicas clave, como la expedición de licencias obligatorias para garantizar el acceso a medicamentos —tal como la recientemente adoptada para el Dolutegravir— o el impuesto a las plataformas digitales multinacionales, implementado mediante la reforma tributaria de 2022. Ambas medidas ya han generado presiones diplomáticas y cabildeo corporativo, imposiciones que solo se intensificarían en una negociación abiertamente desigual y abusiva. Además, según cálculos de la propia AmCham, con la última reculada arancelaria de Trump el 72% de la canasta exportadora colombiana ya está libre de aranceles. En ese contexto, cualquier reducción arancelaria adicional —probablemente marginal— tendría como contrapartida un retroceso tangible en salud pública, tributación y regulación digital, así como la cesión de un margen regulatorio crucial para decisiones futuras.

Conclusión: apartarse también es una forma de estrategia

Tras casi un año del regreso de Trump a la Casa Blanca, la lección es clara: cuando un gigante zarandea un mazo para amenazar a todo el mundo, a veces la estrategia más sensata es hacerse a un lado y dejar que sea su propia fuerza la que le golpee. Colombia hizo bien en no correr detrás de un acuerdo que, visto con detenimiento, no ofrece beneficios reales y sí exigiría un nivel inaceptable de subordinación económica.

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