Más allá de las reacciones patrióticas y los discursos partidistas, hay que entender la historia y las razones de derecho internacional para juzgar el diferendo entre Colombia y Guatemala.
Enrique Alberto Prieto Ríos*, René Urueña Hernández* y Juan Pablo Coy Jaramillo***
El diferendo
Este 16 de enero, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala anunció que adelanta una investigación contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. Estos actos fueron supuestamente cometidos cuando Velásquez era director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), específicamente en el contexto del caso Odebrecht entre 2013 y 2019.
El anuncio causó tensión diplomática entre Colombia y Guatemala. El presidente Petro salió a defender al ministro, mientras que Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, respaldó la investigación guatemalteca. En Colombia, a su vez, la oposición al gobierno actual utilizó el caso para atacar a Velásquez, mientras que la coalición de gobierno lo defendió.
Al margen de la predecible politización del caso, hay un par de cosas que deben estar claras: primera, Iván Velásquez tiene inmunidad por el trabajo con la CICIG, como lo poseen todos los funcionarios al ejercer este tipo de trabajos para Naciones Unidas. A su vez, es diciente el hecho de que la fiscalía de Guatemala decida ignorar la inmunidad del ex comisionado —hecho que es ampliamente conocido— porque muestra que la investigación contra Velásquez es una jugada de Guatemala para enterrar una iniciativa como la CICIG.
Historia de la comisión
La CICIG fue una iniciativa pionera. Después de los conflictos de la Guerra Fría en Centroamérica, Guatemala vivió una época de desconfianza, abuso e impunidad por parte del poder judicial.
Por eso, la idea original de la comisión surgió desde la sociedad civil guatemalteca que, a principios de siglo, luchó por encontrar una alternativa para hacer frente a una tasa de impunidad del 95 %. Aunque se discutió la opción de una Comisión de la Verdad, la principal inspiración resultó ser el Grupo conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivaciones políticas, establecido en 1993 como parte de la misión de la ONU en El Salvador.
A su vez, es diciente el hecho de que la fiscalía de Guatemala decida ignorar la inmunidad del ex comisionado —hecho que es ampliamente conocido— porque muestra que la investigación contra Velásquez es una jugada de Guatemala para enterrar una iniciativa como la CICIG.
Siguiendo vagamente este precedente, en 2003 se hizo un primer esfuerzo por crear una institución de investigación independiente cuando se propuso la Comisión para la Investigación de Grupos Ilegales y Organizaciones Clandestinas de Seguridad en Guatemala.
Sin embargo, el esfuerzo fracasó. La propuesta nunca fue ratificada por el congreso y algunos de sus elementos fueron desechados por la Corte Constitucional del país.
Un par de años después prosperó una nueva propuesta. Fue detonada por el asesinato de tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano a manos de miembros de la policía guatemalteca en 2007. Y, por desgracia, los agentes responsables fueron asesinados en prisión una semana después. La sociedad civil se indignó por el deficiente manejo de las autoridades guatemaltecas e impulsaron, con un amplio consenso, la creación de una entidad internacional contra la impunidad que fue respaldada por la ONU.
Desde ese momento, no sin fuertes presiones, se creó la CICIG. Un acuerdo internacional entre Guatemala y la ONU aprobado tanto por el congreso guatemalteco como por la Corte Constitucional en el 2007. El acuerdo tuvo como fundamento el Compromiso IV del Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994, que fue parte del acuerdo de paz que dio fin al conflicto entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
Se creó así la estructura básica que luego se implementó a través de enmiendas constitucionales internas. La CICIG contó con personal nacional como internacional, y estuvo facultada para investigar delitos de forma independiente, presentar denuncias penales, participar como tercera parte interesada en procedimientos judiciales y actuar como “co-fiscal” en algunos casos.
Sin embargo, careció de facultades para procesar o juzgar de forma independiente a los autores. Tuvo, además, un papel de asistencia técnica, al proporcionar formación al sistema penal guatemalteco.
El primer comisionado fue el español Carlos Castresana entre 2007-2010. Posteriormente, asumió el costarricense Francisco Dall’allese en 2010-2013. A partir de ese año y hasta el 2017 asumió el cargo el actual ministro de defensa colombiano, Iván Velásquez.
La inmunidad del Comisionado
La CICIG no es una agencia ni un programa de la ONU. De hecho, el fundamento de su mandato es el acuerdo internacional, de tipo vinculante, firmado entre el gobierno de Guatemala y la organización.
El acuerdo señala expresamente en el artículo 10 que “el Comisionado disfrutará de los privilegios, e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con el Acuerdo de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”.
Es decir, no hay duda de que Iván Velásquez disfruta de inviolabilidad personal e inmunidad frente a acciones penales, especialmente frente al arresto o detención por las conductas cometidas mientras fue comisionado de la CICIG.
Los efectos políticos de la CICIG
Ahora, si eso es tan claro, ¿por qué la fiscalía de Guatemala anuncia la investigación contra Velásquez? La realidad es que las investigaciones de la comisión, lideradas por Velásquez, revelaron complejos entramados de corrupción entre funcionarios públicos y bandas criminales de Guatemala.
Una de las investigaciones estuvo relacionada con el caso de corrupción de aduanas de “La Línea”. En ese caso, altos funcionarios del gobierno montaron una red para que importadores pagaran menos aranceles e impuestos a cambio de sobornos.
Las investigaciones culminaron con la condena de varios funcionarios públicos de alto nivel, como el expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. De hecho, Pérez Molina renunció a la presidencia algunos días antes de las elecciones que llevaron a Jimmy Morales a la presidencia.
En 2018, Jimmy Morales fue quien tomó la decisión de expulsar al CICIG de Guatemala. Y lo hizo porque, en su momento, logró el apoyo de la administración Trump en los Estados Unidos.
En efecto, cuando el hijo y el hermano del presidente Morales fueron encarcelados a raíz de una investigación de la Comisión en 2017, quedó que claro que se trataba de una guerra hasta el fin entre el gobierno y la CICIG.
No obstante, para resistir la presión, Morales se movió para obtener el apoyo del actor clave en Centroamérica, que ningún foro multilateral es capaz de igualar: Estados Unidos de Donald Trump.
De ahí que Guatemala abriera la Embajada en Jerusalén en mayo de 2018 y que, a pesar de que Estados Unidos aportó casi el 40 % del presupuesto de la CICIG, la administración Trump guardó silencio ante la intención de Morales de eliminarla. Es decir, se negó a unirse a los demás países donantes.
En junio de 2018, el embajador de Guatemala en Washington organizó una cena de 5.000 dólares con el esposo de Ivanka Trump, Jared Kushner, y junto a diez embajadores latinoamericanos, con el objetivo de persuadirlos de trasladar sus embajadas en Israel a Jerusalén.
Ahora, si eso es tan claro, ¿por qué la fiscalía de Guatemala anuncia la investigación contra Velásquez? La realidad es que las investigaciones de la comisión, lideradas por Velásquez, revelaron complejos entramados de corrupción entre funcionarios públicos y bandas criminales de Guatemala.
Menos de dos meses después, Morales expulsó a la CICIG. En contra, incluso, de la promesa de no hacer y de los resultados jurídicos de la comisión.
Señales claras
Considerando la inmunidad, no se puede solicitar ni una circular roja de Interpol ni la extradición a Guatemala de Velásquez. Además, el inicio de una investigación de tipo penal a las actividades de la comisión, y por ende del comisionado, constituye un incumplimiento por parte de Guatemala al acuerdo firmado en 2006 con la ONU.
Esto implica que Guatemala estaría inmerso en un hecho internacionalmente ilícito.
Por otro lado, al interior de Guatemala, la situación es más difícil. Existe una posible persecución política sistemática en contra de fiscales y jueces que adelantaron las investigaciones.
Parece que la persecución se expandió a un grado internacional con la investigación en contra de Velásquez. La señal, para esos fiscales, jueces y activistas anti-corrupción guatemaltecos es clara: si anuncian una investigación en contra de Velásquez, aún con la inmunidad internacional, es claro que habrá persecución jurídica en contra de los jueces y fiscales nacionales que se atrevan a seguir la línea de la CICIG.
