Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia acordaron una nueva alianza en materia de drogas. ¿En qué consiste este acuerdo? ¿Será posible un cambio radical en la política mundial sobre la droga?
Angélica Durán Martínez*
La nueva alianza
Este 21 de noviembre el Ministerio de Justicia y la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos (USAID) firmaron una alianza con el fin de adoptar una política integral de drogas en territorios afectados por cultivos de uso ilícito.
El plan da prioridad a tres municipios: Cáceres (Antioquia), Tumaco (Nariño) y Sardinata (Norte de Santander); estos tres municipios ya estaban ejecutando el convenio de cooperación firmado en septiembre de 2021 por la administración Duque.
Este nuevo compromiso tiene tres propósitos que se conectan entre sí: reducir la oferta de drogas ilícitas, proponer un enfoque en el medio ambiente, y promover el desarrollo rural y la seguridad en los territorios.
El compromiso refleja la intención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de tener una política de drogas más integral: la Estrategia Holística contra las Drogas formulada por la Casa Blanca.
Viejos y nuevos indicadores
La alianza incluye los siguientes parámetros para evaluar sus resultados:
- hectáreas de coca erradicadas;
- cantidad incautada de clorhidrato de cocaína y de pasta base de coca;
- número de policías capacitados con apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos;
- tasa de imputación por lavado de activos en delitos asociados con el narcotráfico;
- número y valor de los bienes con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio;
- número de personas con capturas legalizadas relacionadas con delitos ambientales;
- número de hectáreas tituladas o con contratos de derechos de uso, y
- número de hectáreas en mejora de su estado de conservación.
Ahora bien:
– Los primeros dos indicadores son tradicionales y se refieren a la disminución de oferta.
– Aquellos relacionados con la capacitación de policías y lavado de activos ya habían aparecido en documentos conjuntos, pero no es claro cómo fueron incorporados en las estrategias en territorios con cultivos ilícitos durante el gobierno anterior.
– Los indicadores referentes a titulación y calidad de tierras reconocen la necesidad de evaluar los resultados a mediano y largo plazo sobre los cambios en la situación de los cultivadores.
Factores como el aumento de la demanda global de cocaína, la presencia de grupos armados, la vulnerabilidad histórica de los territorios y la pandemia hacen parte de la explicación del aumento de cultivos ilícitos. Pero no alcanzan a dar razón sobre el alza de 43 % en un año. Entender los motivos de este aumento es condición para adoptar estrategias más efectivas.
Pero harían falta indicadores más concretos en cuanto al desarrollo y la seguridad rural, sobre todo en lo que no ha funcionado en casos como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). En términos de erradicación y reducción de oferta, el enfoque en la medición de resultados de corto plazo ignora los daños directos e indirectos de las políticas antidrogas. Incluir un indicador de titulación es crucial, ya que la falta de claridad y problemas alrededores la propiedad de tierra son un obstáculo para ejecutar el PNIS.
Una rara coyuntura
El contexto histórico de 204.000 hectáreas de coca cultivadas que hace unos meses reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) hace aún más importante la ampliación de los criterios de seguimiento.
Factores como el aumento de la demanda global de cocaína, la presencia de grupos armados, la vulnerabilidad histórica de los territorios y la pandemia hacen parte de la explicación del aumento de cultivos ilícitos. Pero no alcanzan a dar razón sobre el alza de 43 % en un año. Entender los motivos de este aumento es condición para adoptar estrategias más efectivas.
Algunos reportes indican que parte de la cosecha de hoja de coca se está perdiendo y no hay compradores. Esto puede representar una oportunidad para que el gobierno reduzca estos cultivos mediante estrategias consultadas con las comunidades afectadas. De esta manera, la disposición del gobierno Petro para involucrar a las comunidades puede hacer que la alianza firmada con USAID represente un cambio más radical de lo que parece, si hay coordinación burocrática y dependiendo de los detalles de su ejecución.
¿Qué tan grande es el cambio?
Como se hizo evidente en la Asamblea de Naciones Unidas, el gobierno Petro es altamente crítico del prohibicionismo en materia de drogas. Y por su lado el gobierno de Biden no contempla ningún tipo de descriminalización de la cocaína y estableció que reducir la oferta es su principal propósito a corto plazo.
La alianza sin embargo demuestra, que, aunque existen diferencias, tanto el gobierno de Petro como el de Biden mantienen una relación bilateral sólida y saludable. Ambos comparten un interés en reconocer los errores y consecuencias negativas de la política de drogas.
Si bien no es un cambio radical en la política antidrogas, puede ser radical si su ejecución supera los problemas que existen en el PNIS.
¿Hasta dónde irá Petro?
Petro y su gabinete han anunciado cambios integrales en la política de drogas, pero la alianza con USAID recuerda las contradicciones de Colombia en su propuesta sobre la regulación de la hoja de coca y su mercado.
El nuevo enfoque del gobierno colombiano incluye la descriminalización del uso adulto, recreativo y medicinal de cannabis; el apoyo a una industria de usos legales de la hoja de coca, y la creación de una consejería que coordine a todas las agencias que participan en la política de drogas.
Incluso algunos ministros expresan ideas sobre la regulación del mercado de la cocaína, pero aún no se conoce una propuesta oficial. La mas concreta es el proyecto de ley presentado en 2020 por los senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia, que fue archivada en el Congreso después de pasar el primer debate. No es claro si Petro considera retomar esta propuesta.
La alianza sin embargo demuestra, que, aunque existen diferencias, tanto el gobierno de Petro como el de Biden mantienen una relación bilateral sólida y saludable. Ambos comparten un interés en reconocer los errores y consecuencias negativas de la política de drogas.
También se ha hablado sobre la descriminalización del uso de la cocaína, pero en la práctica no tiene mucho efecto pues el consumo personal ya está autorizado en Colombia.
En intervenciones nacionales e internacionales el presidente Petro sigue haciendo clara su posición sobre la necesidad de acabar con la prohibición y la guerra contra las drogas. ¿Qué espacio hay para esto?
Los obstáculos para regular el mercado de la cocaína son varios:
- El mercado transnacional es enorme y un cambio global para regular la cocaína es improbable.
- Dados el tamaño del mercado y la necesidad de regulaciones estrictas, no es realista pensar que los mercados ilegales y sus sujetos desaparecerán por completo.
- La opinión es más opuesta a regular la cocaína que a regular el cannabis.
- Hay preocupaciones legítimas sobre lo que pueda significar la regulación para el uso problemático y los incentivos perversos para grupos ilegales.
- El éxito de la regulación depende de políticas e instituciones coordinadas en muchas áreas: seguridad y policía, desarrollo rural, salud, justicia, educación.
Es claro que cualquier esfuerzo para reducir los cultivos de coca, como el que se expresa en la alianza con USAID, siempre va a chocar con la realidad de un mercado ilegal que genera grandes ganancias. Pero existen otros factores que juegan a favor de un experimento de regular la coca y la cocaína en Colombia.
- Gobiernos de la región como Brasil, México, Perú y Bolivia están abiertos a discutir el tema. Los intereses e ideas son diversos, pero existe una base común que puede facilitar alianzas.
- El gobierno Petro ha mostrado que puede y sabe negociar diplomática y domésticamente, aunque a veces existan errores de comunicación y descoordinación.
- Internacionalmente la idea es mucho más popular de lo que se imagina. Revistas como The Economist y Foreign Policy han declarado abiertamente su apoyo a la legalización de la cocaína.
El gobierno actual ha abierto un espacio sin precedentes para discutir nacional e internacionalmente temas complicados como este. Debido a las tensiones entre los propósitos a corto y largo plazo, las difíciles relaciones entre economía licitas, inseguridad, desarrollo y corrupción, su ejecución es difícil. Pero la discusión y la reforma son necesarias.
