Colombia, el conflicto armado se reconfigura, pero la crisis humanitaria permanece

Según el informe de Indepaz, el gobierno de Gustavo Petro registró avances relativos frente a los gobiernos anteriores, en indicadores como los asesinatos de líderes sociales y de personas firmantes del Acuerdo de Paz. Sin embargo, estos avances no representan una transformación estructural de las condiciones de violencia contra la población civil.

El pasado 7 de agosto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entregó su informe “Balance de protección a la población civil durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026)”, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de dicha institución. En este informe se presenta una evaluación comparativa de la violencia contra la población civil durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, utilizando como indicadores cinco modalidades de violencia: 1) asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos; 2) asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz; 3) masacres; 4) desplazamiento forzado, y 5) reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. 

La conclusión principal es que si bien es cierto que durante el gobierno de Gustavo Petro hubo una relativa mejoría en algunos de estos indicadores, especialmente con respecto al gobierno de Iván Duque, no se puede considerar que haya un cambio estructural positivo en cuanto a las conductas de violencia por parte de actores armados contra la población civil, y que, según el Informe, no es metodológicamente correcto atribuir mecánicamente los resultados y responsabilidades a cada gobierno, porque las dinámicas armadas, las economías ilegales y las políticas estatales tienen continuidades y efectos acumulativos que atraviesan los períodos presidenciales.

Cómo ha sido el comportamiento de los indicadores utilizados para el Informe

1. Asesinato de líderes sociales

Este es uno de los aspectos en que el gobierno de Gustavo Petro presenta un comportamiento positivo, comparado con los meses que se evalúan del gobierno Santos que van desde la firma del Acuerdo en noviembre de 2016 hasta el 7 de agosto de 2018, y los cuatro años del gobierno de Iván Duque, del 7 de agosto de 2018 al 7 de agosto de 2022. El Informe establece que en el gobierno Santos fueron asesinados 330 líderes y lideresas, en el de Duque 852 y en el de Petro 705. 

El Informe señala que la violencia se dirige principalmente contra quienes ejercen funciones de representación y organización comunitaria. Los líderes comunales continúan siendo el grupo más afectado. Esta situación refleja la vulnerabilidad de quienes representan a las Juntas de Acción Comunal y otros espacios de organización local, actores fundamentales para la gestión comunitaria, la interlocución con las instituciones y la defensa de los derechos colectivos. Les siguen los liderazgos indígenas, campesinos, comunitarios y afrodescendientes, lo que muestra que la violencia continúa concentrándose sobre quienes impulsan procesos colectivos de organización y defensa del territorio.

Más que ataques dirigidos contra personas aisladas, estos homicidios constituyen agresiones contra procesos organizativos que cumplen un papel esencial en la vida democrática de los territorios. Al asesinar a un líder comunal, indígena, campesino o afrodescendiente no solo se elimina a una persona, también se debilitan las organizaciones que representan, se interrumpen iniciativas colectivas, se genera temor entre quienes ejercen liderazgo y se restringen los espacios de participación ciudadana. 

2. Asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016

En este indicador también hay un descenso significativo en el gobierno de Petro pues mientras en el gobierno Santos hay 78 casos y en el de Duque 277, en el de Petro se presentaron 167 asesinatos.

Sin embargo, Indepaz introduce una precaución metodológica importante: la disminución no necesariamente significa que hayan mejorado proporcionalmente las condiciones de seguridad. La reducción observada también coincide con una disminución progresiva del universo de firmantes en proceso de reincorporación, producto de fallecimientos, desplazamientos, reincorporaciones individuales fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y estrategias de autoprotección que incluyen el bajo perfil público y el alejamiento de procesos organizativos visibles.

3. Masacres: el principal indicador negativo del gobierno Petro

Este es el peor indicador de los cinco comparados, ya que mientras en el gobierno de Santos hubo 96 masacres y en el de Duque 317, en el de Petro hubo 359. El informe relaciona este incremento con la expansión y reorganización de estructuras armadas, las disputas por corredores estratégicos y economías ilegales y, particularmente, con los períodos posteriores a la ruptura de ceses al fuego. También señala un cambio en la geografía de las masacres: aumentan los hechos en zonas urbanas y periurbanas, vinculados al control microterritorial y las rentas criminales.

Además, el Informe establece que, a diferencia de los asesinatos de líderes sociales, las masacres afectan de manera indiscriminada a la población civil. Entre las víctimas se encuentran hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como personas pertenecientes a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Este carácter indiscriminado convierte las masacres en uno de los mecanismos más extremos de control social.

4. Desplazamiento forzado: deterioro muy fuerte.

Este es probablemente el otro gran indicador con resultado negativo en el gobierno Petro. Mientras en el gobierno Santos hubo 23.585 personas desplazadas y en el de Duque 106.211, en el de Petro 231.776, un incremento del 118,2%. El informe explica que buena parte de este aumento está relacionado con crisis humanitarias localizadas, particularmente el Catatumbo, donde se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC.

El desplazamiento forzado masivo y el confinamiento de comunidades constituyen dos estrategias complementarias de dominación ejercidas por los actores armados ilegales para consolidar el control territorial. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2026, mientras 14.383 personas se vieron obligadas a desplazarse de sus territorios, el número de personas sometidas al confinamiento alcanzó las 64.787.

Esto demuestra que la restricción a la movilidad física y al acceso a bienes esenciales se ha consolidado como la manifestación cuantitativamente más masiva de coerción armada sobre las comunidades. En el confinamiento, las personas permanecen en sus territorios, pero ven restringida su libertad de circulación debido a combates, amenazas, presencia de minas antipersonal o restricciones impuestas por los grupos armados.

Una idea particularmente importante del documento es que desplazamiento y confinamiento deben analizarse conjuntamente: los grupos armados pueden obligar a las comunidades a abandonar sus territorios o, alternativamente, impedirles salir de ellos. En el primer semestre de 2026, 14.383 personas fueron desplazadas y 64.787 fueron confinadas.

5. Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes: un fenómeno grave y altamente subregistrado.

El informe considera el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) como uno de los principales desafíos humanitarios, con una advertencia metodológica fundamental: las cifras disponibles no representan la magnitud real del fenómeno, porque existe un fuerte subregistro debido al control territorial de los grupos armados, las dificultades para denunciar, el aislamiento de comunidades y el temor de las víctimas.

El reclutamiento y la utilización de NNA es uno de los fenómenos más difíciles de medir en el conflicto armado colombiano. Muchas víctimas permanecen durante años dentro de las organizaciones armadas sin ser identificadas por las instituciones, otras nunca denuncian por temor a represalias y numerosas comunidades viven bajo condiciones de control territorial que impiden el acceso de las autoridades. Por esta razón, los registros oficiales deben entenderse como una referencia para el análisis del fenómeno y no como una medición exhaustiva de su magnitud.

El informe también destaca que el reclutamiento continúa siendo utilizado por diferentes organizaciones armadas como mecanismo para fortalecer sus estructuras y consolidar el control territorial. 

El informe señala que, en conclusión, el análisis comparado de los cinco indicadores permite afirmar que el gobierno de Gustavo Petro registró avances relativos frente a los gobiernos anteriores, particularmente frente al gobierno de Iván Duque, en indicadores como los asesinatos de líderes sociales y de personas firmantes del Acuerdo de Paz. Sin embargo, estos avances no representan una transformación estructural de las condiciones de violencia contra la población civil.

Los hallazgos del informe confirman que la violencia contra la población civil continúa concentrándose en un número reducido de departamentos —Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Chocó, Bolívar y Valle del Cauca— y que las organizaciones armadas ilegales mantienen la capacidad de ejercer control territorial mediante distintas modalidades de violencia.

En consecuencia, el balance general del gobierno de Gustavo Petro es mixto. Los datos muestran avances importantes frente al período anterior, pero también muestran que las transformaciones alcanzadas aún son insuficientes para modificar de manera duradera las condiciones estructurales que explican la persistencia de la violencia contra la población civil.

Termina el informe con una serie de recomendaciones agrupadas en diez líneas de acción: 

1. Implementar integralmente el Acuerdo de Paz, incluidos Reforma Rural Integral, PDET, PNIS y reincorporación.
2. Mejorar la respuesta estatal frente a las Alertas Tempranas.
3. Concentrar intervenciones integrales en los territorios más afectados.
4. Fortalecer las organizaciones comunitarias y la protección colectiva.
5. Pasar de esquemas predominantemente individuales a una protección territorial y preventiva.
6. Reforzar la prevención del reclutamiento de NNA.
7. Acompañar los diálogos con los grupos armados con presencia integral del Estado.
8. Crear un sistema permanente de monitoreo y evaluación.
9. Incorporar la protección de la población civil como criterio central de las políticas de seguridad y paz.
10. Construir una política de Estado de largo plazo para la protección de la población civil.

En conclusión, puede señalarse que el Informe posee la virtud de que pone cifras a la discusión un poco simplificada y sobrepolitizada por las elecciones presidenciales, sobre los resultados de la política de paz total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro durante los años de su mandato. Luego de las elecciones presidenciales, ya sin la interferencia del debate partidista, es pertinente asumir la discusión con argumentos sobre lo que ha pasado en los últimos años con las dinámicas del conflicto armado y las violencias asociadas.

El Informe constata algo que se ha dicho ya en los últimos años: Colombia lamentablemente no logró cerrar de manera definitiva el conflicto armado luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Claro, no es el mismo conflicto armado que cuando estaban activas las FARC, hay algunas continuidades especialmente en prácticas y formas de combatir y controlar la población, en territorios donde la confrontación persiste, en símbolos y narrativas para legitimar el uso de las armas. Pero también hay cambios. Con excepción del ELN puede considerarse que el resto de las organizaciones armadas son predominantemente de carácter criminal; que no existe ninguna que busque la toma del poder nacional, sino el establecimiento de poderes territoriales; hay la irrupción de nuevas armas como los drones; en su inmensa mayoría las estructuras evitan confrontar a la fuerza pública y sus blancos fundamentales son otras organizaciones competidoras y especialmente la población civil.

El Informe permite también identificar el peso protagónico que tienen las dinámicas regionales en este nuevo ciclo de violencia. No es que sea precisamente un fenómeno inédito, siempre el componente territorial ha marcado las dinámicas del conflicto armado colombiano, como queda en evidencia en el tomo territorial del informe final de la Comisión de la Verdad. Pero hoy, la fragmentación y la dispersión de los grupos armados, y el establecimiento de zonas de control, por su importancia económica o militar, definen buena parte de las violencias colectivas que se viven.

Finalmente, considero que el Informe de Indepaz es un poco benévolo con respecto al resultado de la política de Paz Total. Es evidente que esta política fracasó en su pretensión de avanzar por el camino de la construcción de paz mediante procesos de negociación con grupos armados, tanto por la falta de voluntad de dichos grupos, como también por problemas de liderazgo y capacidad por parte del gobierno colombiano, para analizar e interpretar a los grupos, para construir una metodología flexible que diera cuenta de la diversidad de las múltiples mesas de diálogo, por la falta de capacidad para impulsar leyes y normas que sustentaran las conversaciones y por la incapacidad de proteger a la población civil en medio de las negociaciones. Una lección que queda para cuando volvamos a las negociaciones, lo que seguramente pasará más temprano que tarde, es que las negociaciones exigen que sólo se deben adelantar con aquellos grupos que muestren voluntad y coherencia con la búsqueda de la paz y que esto, ante todo, pasa por el absoluto respeto a la población civil; no es posible mantener diálogos con grupos que tienen como blanco central de su ataque a la población civil, eso es completamente inaceptable.

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