El presidente Gustavo Petro presentó en la COP27 un decálogo que recoge las propuestas de Colombia para enfrentar la crisis climática. Entre discursos poco novedosos y solicitudes urgentes el decálogo ha recibido críticas desde algunos sectores políticos, académicos y ambientalistas. Estos son los tres temas que afectan directamente al país.
Oscar Puerta Luchini*
Sin resultados
El mecanismo multilateral de negociación (COP) parece haber fracasado como herramienta para disminuir las concentraciones de gases efecto invernadero.
Entre la primera conferencia en Berlín en 1995 y 2022 las emisiones totales de dióxido de carbono —CO2— por uso de combustibles fósiles aumentaron de 23.4 a 37 mil millones de toneladas por año y las concentraciones de este gas en la atmosfera pasaron de 360 partes por millón (ppm) en 1995 a 420 ppm en 2022.
Así mismo, la temperatura media global ha aumentado en un poco más de 1 grado centígrado por encima de la temperatura media en la era preindustrial y en los próximos 25 años el aumento alcanzaría los 1,5 grados centígrados, lo que llevará a pérdidas de ecosistemas y alteraciones en la distribución geográfica de las especies que afectarán el aparato productivo, en especial la soberanía alimentaria.
Esto sin considerar el efecto cascada entre estos fenómenos y los cambios en los eventos climáticos extremos a nivel local y el consecuente desplazamiento de personas desde los sitios más afectados. La crisis climática se acentuará.
Los acuerdos que se hacen en las conferencias entre las distintas partes rara vez se concretan en acciones debido a la ausencia de respaldo de alguna de ellas y esto resulta en un discurso que se repite y que está perdiendo credibilidad.
En general es un lugar común en las intervenciones señalar que la lucha contra el cambio climático es un tema que se resuelve con planeación, acción global y participación de toda la comunidad internacional.
Sin embargo, el decálogo del presidente Gustavo Petro, introduce temas sobre los que es importante detenerse, pues indica cuáles serán las acciones de este gobierno.
La movilización colectiva sobre el mercado
El primero, es el reconocimiento de la urgencia de la acción colectiva de los pueblos como detonantes para la innovación y los cambios en materia ambiental.
Esto se traduce en que el papel principal que ha tenido el mercado en el desarrollo de políticas públicas para incidir en temas ambientales se desplace a otros actores sociales.
Lo anterior es importante en la medida en que ha sido el crecimiento del mercado el responsable del aumento de emisiones desde el comienzo del desarrollo industrial y porque hasta el momento el mercado ha fracasado en la introducción de cambios que ralenticen tanto las emisiones como el cambio climático.
Así, además de potenciar iniciativas locales y conectarlas con lo global, el planteamiento es coherente con el proceso realizado por el gobierno Petro desde el empalme hasta la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se han abierto espacios de diálogo con ciudadanos y organizaciones.
La Amazonía y el mundo
El segundo es qué hacer con la Amazonía. Aunque la propuesta de que los países desarrollados aporten al cuidado y restauración de la Amazonía no es nueva, sí es urgente debido a lo amenazada que se encuentra esta región por la deforestación.
Algunas investigaciones afirman que estamos cerca de un punto de inflexión. En algunos puntos el bosque amazónico ha perdido la capacidad de recuperarse y una vez alcanzado el límite una gran masa del bosque de la Amazonia se podría perder.
Algunas de las consecuencias de ello sería la amenaza para el 10% de la biodiversidad del planeta, que desaparezca un gran sumidero para la captura de CO2 y la pérdida de un gran regulador del clima global.
Aún no se sabe si estos cambios en la Amazonia puedan alterar el funcionamiento de la Corriente Meridional del Atlántico, una corriente encargada del intercambio de agua fría y caliente entre el norte y el sur, determinante para el comportamiento de las capas de hielo en Groenlandia y el Antártico y en general del clima.
La alteración de esta corriente tiene además el potencial de desplazar la Zona de Convergencia Intertropical alterando el comportamiento de las lluvias en Colombia.
En este panorama, reencauchar la propuesta no sólo es pertinente, sino urgente. El presidente Petro anunció en la COP el esfuerzo del Estado colombiano de asignar doscientos millones de dólares anuales durante 20 años que al no ser suficientes requerirían del apoyo de la comunidad internacional por medio de aportes directos o a través del cambio de deuda por inversión en adaptación y mitigación propuesto.
La transición, el gran reto
Por último, el decálogo contempla la transición hacia economías no dependientes de los combustibles fósiles privilegiando otras ramas de la economía.
El discurso no se centra en el remplazo de la fuente, sino en la desvalorización de la economía de los combustibles fósiles, así como en poder definir una fecha en la que se pueda dejar de usar hidrocarburos.
Este discurso tampoco es novedoso y hasta ahora no ha sido efectivo, pues no ha habido reducción y por tanto no hay razones para ser optimista. Entre 1995 y 2022 el consumo de energía procedente de carbón, petróleo y gas respecto del total de energía ha pasado de representar el 76.67% al 77.09%.
Sin embargo, esta posición tiene implicaciones para el país que han sido muy debatidas. En general la suspensión de las exenciones al sector petrolero y la prohibición del fracking no han tenido tanta resistencia, como sí ha ocurrido con la posible suspensión de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.
En cualquier caso, dejar de ser una economía dependiente del petróleo es imprescindible y urgente.
No somos un país con grandes reservas y al ritmo de explotación actual el petróleo del país alcanza para 7.7 años. La duración de estas reservas se ha mantenido relativamente constante en la medida que se han ido incorporando reservas.
Por su parte, las reservas de gas presentan un ligero declive y tienen una duración estimada de 8 años.
El petróleo representa hoy un poco más del 50% del valor FOB de las exportaciones del país. Por otro lado, el transporte representa un poco más del 40% del consumo energético total el cual es abastecido casi en su totalidad por combustibles fósiles y de la matriz eléctrica aproximadamente el 16% de la energía se genera con plantas térmicas cuyo remplazo puede darse en un lapso razonable.
No está claro cómo se realizará esta transición, pues no se conocen las estrategias para reemplazar los ingresos por las exportaciones y las regalías de petróleo. Tampoco se han estimado los tiempos en que se concretarán los proyectos que consoliden estas estrategias.
También es necesario definir cómo se hará el tránsito a modos eléctricos de transporte público y la reducción del uso del transporte particular, asunto que se concentrará en las ciudades, y qué ocurrirá con el transporte carretero que es probable deba mantenerse para garantizar la movilidad de materias primas, insumos y productos.
En este escenario es fundamental garantizar las reservas de combustibles fosiles para mantener la autosuficiencia que, con la tendencia registrada y basado en los contratos de exploración vigentes, podría extenderse a unos 11 años; tiempo en el cual se deberían completar los retos de esta transición o reanudar las exploraciones, habiendo revisado los términos de los contratos y garantizado la participación ciudadana
La decisión de iniciar una transición, a todas luces imprescindible, representa un reto en la concreción de la descarbonización, pero requiere más que la suspensión de los contratos de exploración. Requiere se precise en detalle la estrategia y que el plan y se presente a la ciudadanía, pues es para esta ciudadanía movilizada que se realiza.
