Colombia ante el espejo de una crisis global de derechos humanos

En Colombia, la violencia sigue marcando la vida de comunidades enteras. Amnistía Internacional le recuerda al país la necesidad de no darle la espalda a esta crisis de violencia.

Amnistía Internacional presentó su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo, que reúne lo observado durante 2025. El balance es profundamente preocupante: mientras el sistema internacional de protección parece cada vez más debilitado, en Colombia persiste una crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta de manera directa a comunidades enteras y que no siempre ocupa el lugar que debería en la conversación pública.

Antes de detenernos en el caso colombiano, conviene hacer un breve recorrido por los principales hallazgos del informe, para luego observar cómo esas tendencias globales se reflejan —con sus propias particularidades— en Colombia

Un orden mundial amenazado y desprotegido

El mundo atraviesa un momento especialmente difícil para los derechos humanos. El orden internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial, basado en normas internacionales como la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, enfrenta ataques cada vez más graves. 

En distintos conflictos y crisis, la población civil sigue pagando el precio más alto de la violencia, la impunidad y la falta de voluntad política para prevenir abusos, investigar responsabilidades y proteger la dignidad humana. El contexto global es alarmante. El mundo vive una escalada de violencia que pocos parecen realmente interesados en detener. 

En contra de los principios de este orden mundial, Israel sigue cometiendo un genocidio en Gaza, a la vista del resto del mundo e incluso a pesar de los anuncios de un “cese al fuego”. Al tiempo, sigue aplicando una política de apartheid contra la población palestina en Cisjordania, acelerando la expansión de asentamientos ilegales y permitiendo, e incluso fomentando, que colonos israelíes ataquen y aterroricen impunemente a la población palestina.

Muchos países del mundo que dicen respetar los derechos humanos han apoyado las acciones de Israel o se han limitado a criticarlo con timidez. Muchos justifican las acciones de Israel en el terrible ataque que sufrió su población el 7 de octubre de 2023, liderado por las milicias Al-Qassam (el brazo armado de Hamás), que en un día masacró a más de ochocientos civiles. Pero una masacre extraordinariamente sangrienta no puede justificar un genocidio.

En Irán, 2026 comenzó en medio de masacres masivas de manifestantes, repitiendo un patrón de represión que se ha usado para ocultar formas de discriminación y  violencia del Gobierno contra las mujeres, que constituyen un apartheid de género. A esto se sumaron los ataques desde el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, violatorios de la Carta de las Naciones Unidas, que incluyeron el bombardeo que mató a un centenar de niños y niñas en una escuela, lo que constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario. 

El conflicto escaló con ataques de todas las partes a infraestructuras energéticas potencialmente violatorios del derecho internacional humanitario (algo similar a lo que ocurre entre Rusia y Ucrania), y con ataques de Israel en Líbano, mientras Pakistán ha intentado mediar, al tiempo que inició una guerra en contra de Afganistán que levanta preocupaciones por posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

En Sudán continúa un sangriento conflicto entre las Fuerzas Militares del Estado y sus antiguos aliados, el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que por lo demás cuenta entre sus filas con mercenarios colombianos y comete atroces matanzas de civiles y ataques sexuales contra la población civil, con el apoyo de avanzado armamento chino comprado y enviado por los Emiratos Árabes Unidos.

Otra guerra atroz se vive en las montañas de la República Democrática del Congo, donde el grupo armado M23 tortura y mata civiles y toma el control de territorios con el activo apoyo de la vecina Ruanda, en otra escalada de violencia que extiende sus raíces incluso muchos años atrás del nefasto genocidio de 1994. 

Este es el mundo de los derechos humanos en 2025 y lo que va de 2026, solo en algunos de sus ejemplos más notorios. A ello se suman los cambios en muchos gobiernos que contribuían a paliar este tipo de crisis mediante su cooperación internacional para el desarrollo y su ayuda humanitaria, pero que ahora dan un preocupante giro al recortar ese tipo de ayudas, al tiempo que anuncian el aumento de su gasto militar. 

Las Américas: violencia, autoritarismo y cierre del espacio cívico

El continente americano no es ajeno a esta tendencia. Durante 2025, la región estuvo marcada por crisis persistentes de violencia, represión, militarización, ataques contra personas defensoras y restricciones crecientes a las organizaciones de la sociedad civil. 

En 2025, Estados Unidos cometió más de 150 ejecuciones extrajudiciales al atacar letalmente lanchas en el Caribe y el Pacífico (en lo que va de 2026 ya son casi doscientas), normalizadas en la conversación pública como “bombardeos a lanchas de narcos”. Mientras, mantiene una campaña de represión ilegítima en contra de las personas migrantes, que incluye el uso excesivo de la fuerza, perfilamientos raciales, detenciones arbitrarias y hasta prácticas constitutivas de tortura y desaparición forzada, lo que causa incluso muertes de sus propios nacionales.

Al comienzo de 2026, y de nuevo contrariando la Carta de las Naciones Unidas, Estados Unidos cometió una agresión militar en contra de Venezuela para capturar a su presidente, Nicolás Maduro. A pesar de la política represiva y de los crímenes de lesa humanidad que el gobierno de Maduro ha cometido en Venezuela, el ataque del gobierno de los Estados Unidos menoscaba el orden internacional y sienta un terrible precedente, que incluso empeora la posibilidad que las víctimas del gobierno de Maduro obtengan justicia. 

En tiempos en que se recorta el apoyo de la cooperación internacional, en Latinoamérica se está ahogando desde adentro a la sociedad civil a través de “leyes anti-ONG” impulsadas por gobiernos de todas las posturas ideológicas: en Nicaragua, así como en El Salvador; en Venezuela, así como en Ecuador; en Perú  y en Paraguay. Parecen gobiernos de distintas ideologías, pero siguen una sola tendencia: el aumento de prácticas autoritarias.

Colombia: atrapada en una crisis humanitaria y de derechos humanos

Colombia forma parte de este panorama, pero con una crisis propia que el país no puede seguir normalizando. La violencia sigue marcando la vida de comunidades enteras. Personas defensoras asesinadas o amenazadas; comunidades confinadas o desplazadas; niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos armados, y poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas atrapadas en disputas territoriales son parte de una realidad que exige respuestas más claras y urgentes.  

Según el Programa Somos Defensores, 165 personas defensoras fueron asesinadas en 2025. Es el número más alto de los últimos cuatro años, pero además es la punta del iceberg. Detrás de las cifras hay familias y comunidades impactadas directamente por la violencia, silenciadas en sus luchas por reivindicar sus derechos, que pueden ser la defensa de la tierra, del territorio o del medio ambiente, bajo amenaza en distintas partes del país. 

Cientos más de personas defensoras intentan velar por sus comunidades mientras protegen sus vidas, a veces mediante los mecanismos de protección del Estado. Muchas deben callar y desistir de su labor ante las amenazas, irse de sus territorios, o incluso del país. 

La falta de garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia coincide con una violencia armada cada vez más compleja. La Fundación Ideas para la Paz habla de 14 zonas distintas del país en disputa entre los distintos grupos armados. Cada una de estas parecería ser un conflicto armado distinto, con sus propias particularidades. 

La desaparición de la guerrilla de las FARC-EP tras el Acuerdo de Paz de 2017 dejó vacíos de poder en muchas de estas mismas zonas, que los gobiernos de la última década no supieron llenar. Ante la ausencia de las instituciones civiles del Estado, las primeras llamadas a hacer funcionar el Estado de derecho provienen del control violento ejercido por nuevos y viejos grupos armados organizados, que hoy pululan.

Algunas son estructuras viejas, como el Ejército de Liberación Nacional. Otros tienen sus raíces en los procesos de desmovilización paramilitar de hace dos décadas, como el Ejército Gaitanista de Colombia (también llamado “Clan del Golfo”) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (también llamado “Panchenca”). Y otros surgieron tras la desaparición de las antiguas FARC-EP, usando su viejo brazalete y dividiéndose cada vez en más facciones, como el llamado Estado Mayor Central, el Estado Mayor de Bloques y Frente, la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. 

Más allá de sus nombres cambiantes, estas estructuras reflejan la fragmentación de la violencia armada en Colombia y su impacto directo sobre comunidades enteras.

En 2025 Colombia produjo cientos de miles de nuevas víctimas de desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamientos infantiles por los grupos armados no estatales, que impactan especialmente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Sorprende la falta de un debate público al respecto, en un país donde una quinta parte de la población (10,2 millones de personas) ya está oficialmente reconocida como víctima del conflicto armado interno. 

Ante este panorama, el Informe Anual de Amnistía Internacional señala —entre otras— preocupaciones frente a la política de “Paz Total”, por la falta de claridad de las distintas mesas de negociación sobre garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, que redunda en su ineficacia para mitigar las dinámicas de violencia que vienen en aumento en la última década. Al tiempo, Amnistía Internacional señala el aumento de los combates entre grupos armados organizados y las Fuerzas Militares y de seguridad del Estado en el último año, en un contexto marcado por las infracciones del Derecho Internacional Humanitario. 

La complejidad de la guerra en Colombia no debe convertirse en excusa para la indiferencia. La conversación pública no puede quedar reducida únicamente a quién controla qué zona o a qué grupo se sienta en qué mesa de negociación. La pregunta central debe ser cómo se protege a la población civil y cómo se garantizan los derechos de las víctimas.

Amnistía Internacional no hace un gran descubrimiento sobre las crisis de violencia en Colombia: su grave crisis humanitaria y de derechos humanos. Más bien, le recuerda al país la necesidad de no darle la espalda.

Le recomendamos: El Catatumbo: desorganización social y violencia