La actitud digna de los indígenas contrasta con la sordera del gobierno y la de la guerrilla. Pero del Cauca han surgido alternativas creadoras y nuevas voces a favor de la paz.
Medófilo Medina
Conflicto, minas y ejemplo
En medio de su loca e interminable travesía, Don Quijote le dice a su escudero: “Con la Iglesia hemos topado, Sancho” (Don Quijote de la Mancha, Parte II, capítulo IX). Y en medio de su ambigüedad lingüística, esta sentencia insinúa temor, sugiere poder.
 EnToribío, Jambaló, Argelia y Miranda, Colombia se ha encontrado con la azarosa realidad del conflicto interno. Foto: Wikipedia. |
Con cosas importantes de temor y de poder se ha topado el país en estos días, sin que aún se haya repuesto de la pesadilla de la reforma a la justicia. En los municipios de Toribío, Jambaló, Argelia y Miranda, Colombia se ha encontrado con la azarosa realidad del conflicto interno, con las estrategias del actual gobierno, con las características del régimen político vigente, pero también con esbozos de salidas creativas.
El recrudecimiento del conflicto armado en el departamento del Cauca —según la investigadora Fernanda Espinosa Moreno— coincide con la aprobación de más de 1.200 solicitudes de títulos de exploración minera a la Anglo Gold Ashanti, a Cerromatoso y a Carboandes, entre las más poderosas empresas transnacionales mineras: un área que podría cubrir más de un millón 600 mil hectáreas, es decir, el 56 por ciento de su territorio.
No resulta casual que los 90 obispos y arzobispos —cuya Asamblea Plenaria coincidió con los recientes acontecimientos del Cauca— pidieran al gobierno elaborar y adoptar un nuevo código minero. Dijo monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social: “Nos preocupa profundamente la presencia de proyectos mineros en territorios de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, sin el debido enfoque social y ambiental y la destrucción de la naturaleza selvática del país, pulmón del planeta”[1].
Otros problemas gravitan en esta región: ubicada en el corredor de la droga que arranca en el Tolima y el norte del Valle, conecta con el Pacífico y permite acceder a las rutas internacionales del comercio ilegal.
El recrudecimiento del conflicto armado en el departamento del Cauca coincide con la aprobación de más de 1.200 solicitudes de títulos de exploración minera a la Anglo Gold Ashanti, a Cerromatoso y a Carboandes.
Atender a los trinos en vez de los indígenas
Los acontecimientos del Cauca brindan la oportunidad para hacer una lectura del régimen político en acción. Aquí asocio el concepto de régimen político al campo de los métodos de realización del poder —abiertos o excluyentes, autoritarios o democráticos— y al grado de correspondencia o desvío de la acción de los gobernantes con respecto a los fundamentos jurídico–constitucionales que regulan el sistema.
Cualquier observador desprevenido podría haber recibido como un hecho muy positivo la decisión del presidente Santos de realizar un Consejo de Gobierno en la región convulsionada. Tal observador se sorprendería, sin embargo, al constatar que la reunión del gabinete no previó siquiera la presencia de los voceros de la comunidad. Un sano sentido común sugeriría que el aparatoso desplazamiento del alto gobierno tendría como objetivo llevar confianza a una comunidad alcanzada por conflictos durante decenios.
“Nos preocupa profundamente la presencia de proyectos mineros en territorios de comunidades campesinas, Foto: abcolombia.org.uk |
Al no ser esto así, se impone otra hipótesis: la iniciativa presidencial correspondió a una de las ideas expuestas por el presidente en el reportaje de María Isabel Rueda, donde reconoce autocríticamente que delega mucho y que no interviene suficientemente en la dinámica cotidiana. El presidente reconoce que “debemos aprender de nuestros errores. Le voy a poner más cuidado a lo micro, sin entrar en la microgerencia, porque ese estilo no me parece efectivo”.
El presidente no fue a Toribío a encontrarse con la gente o a explorar las medidas más convenientes con la comunidad, sino a responder los trinos de la franja furiosa del país. No se puede aceptar que al espacio de la controversia política y del debate público se le apremie a entrar en un peligroso lecho de Procusto, acotado entre las conminaciones del expresidente Uribe y las correspondientes respuestas de Santos y Vargas Lleras.
La miopía del actual gobierno frente a situaciones de crisis generadas por el conflicto interno ha conducido al presidente a reiterar la misma solución: el aumento de la presión militar y del pie de fuerza, trasmitidos siempre en un lenguaje intolerante y en tono amenazador.
En julio del 2011, ante una arremetida guerrillera en el Cauca, se aumentó el pie de fuerza; dos meses después se produjo un nuevo aumento, que se reiteraría en febrero del 2012. “No desmilitarizaremos un centímetro” se dice ahora.
No cabria esperar que ante las demandas indígenas se produjera la decisión de retirar la fuerza pública, pero hubiera podido enviarse un gesto comprensivo hacia la comunidad y no a base de afirmaciones tajantes y cerradas. El presidente Santos debería escuchar a la comunidad al menos en proporción similar a como lo hace con las propuestas y planteamientos de los voceros de las mineras trasnacionales.
Otros problemas gravitan en esta región ubicada en el corredor de la droga que arranca en el Tolima y el norte del Valle, conecta con el Pacífico y permite acceder a las rutas internacionales del comercio ilegal.
La opción de los indígenas
Trasladando la mirada del régimen político hacia un paisaje más amplio, se vislumbran alternativas alentadoras. Acostumbrada la opinión pública a la persistencia de la acción indígena, tal vez no repare en ciertos fenómenos sorprendentes: esa población registrada por el censo del 2005 llega a 1’392.623 personas, cifra que representa el 3,4 por ciento del total de los habitantes de Colombia.
La influencia política y la significación simbólica de los indígenas guardan una relación asimétrica con su peso demográfico, brecha que cubren mediante la organización que han sabido mantener gracias a una acción permanente, la tradición de lucha y la fuerza extraída de la defensa de la tierra y de la reivindicación de la autonomía cultural y política.
Los anteriores factores resultan potenciados por el peligro que perciben diversas etnias: existe un riesgo de física extinción como pueblos. Es preciso recordar que el Auto 004 de la Corte Constitucional —citado reiteradamente en los documentos indígenas—reconoce la existencia de treinta y cuatro pueblos indígenas de Colombia —entre los cuales se encuentra el pueblo Nasa (paeces) y Misak (guambianos), hoy protagonistas conscientes de que están en peligro de desaparición.
Durante estos días intensos, tanto los dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como los de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) han reiterado lo siguiente: “Somos claros. Hasta ahora ni la policía, ni la guerrilla de las FARC, ni el ejército nos han cuidado, al contrario nos han amenazado, asesinado y desplazado, nos han traído más problemáticas, con los fuertes combates en la zona”.
Refiriéndose a las medidas oficiales de orden militar, el gobernador Temístocles Ortega consideró necesario declarar ante los medios que “la táctica no ha funcionado y en este momento el Estado no está protegiendo a sus ciudadanos del Cauca”. Por su parte, los indígenas exigen —tanto a la fuerza pública como a la guerrilla— abandonar la región para que la guardia indígena asegure la paz en las comarcas azotadas por la guerra.
Lo novedoso en esta ocasión fue haber llevado sus exigencias hasta los campamentos de la guerrilla y a los diversos puestos de la fuerza pública. Mientras el consejo de ministros sesionaba en Toribio el pasado 11 de julio, comisiones indígenas se desplazaron buscando encarar en la región a los actores directos de la guerra, con exigencias de desalojo y discursos de paz. “Nosotros no vamos a desarmar a nadie, sino que les exigimos que se vayan” así resumió la posición indígena Feliciano Valencia, asesor y vocero de ACIN.
Indígenas y guerrilla
El movimiento indígena caucano ha dejado registro gráfico de los diagnósticos, exigencias y propuestas surgidos de este capítulo de su larga lucha: sin duda, documentos valiosos en la búsqueda de una salida política al conflicto. Las piezas más importantes de esa actividad discursiva están representadas por el documento de trece páginas que la comunidad indígena entregó al presidente el 11 de julio y la carta que ACIN le dirigió al comandante de las FARC, Timoleón Jiménez.
 Un sano sentido común sugeriría que el aparatoso desplazamiento del alto gobierno tendría como objetivo llevar confianza a una comunidad alcanzada por conflictos durante decenios. Foto: Presidencia |
Conviene que el gobierno modifique su percepción: el movimiento indígena, sus exigencias y su disponibilidad para la acción pacífica son un valioso potencial para la solución y no un obstáculo.
A las FARC les convendría admitir que quienes hoy les piden que abandonen el Cauca vienen de un movimiento históricamente denso y antiguo. A quienes hoy convocan al fortalecimiento de un partido comunista clandestino les convendría enterarse de que muchos indígenas abrazaron la causa del PC desde muy temprano:
- En Jambaló, el siete de noviembre de 1931, indígenas arrendatarios organizaron un homenaje a la Revolución de Octubre. Por ello fueron atacados por bandidos al servicio de terratenientes y por la policía, con saldo de un muerto y varios heridos.
- El 31 de julio de 1935, también en Jambaló, en la vereda del Trapiche, el alcalde y la policía atacaron un festival que se realizaba para recoger fondos de apoyo al periódico Tierra, órgano central del partido comunista. El saldo de esa acción fue el de ocho indígenas muertos. El año anterior, en enero, el poeta Luis Vidales, secretario general del PC había lanzado en Cali la candidatura presidencial del indígena Eutiquio Timoté[i].
Ese apoyo indígena al comunismo de los años treinta se explica por la política de la defensa de la propiedad agraria de campesinos e indígenas que enarbolaban los comunistas, pero también por la proclamación que hacía el PC del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Se lee en el punto cuarto del programa agrario “reconocimiento de las comunidades indígenas, de su completa libertad y de la autodeterminación de sus propios gobiernos”. Son los mismos términos con los que hoy los indígenas abordan a los actores armados.
El presidente no fue a Toribío a encontrarse con la gente o a explorar las medidas más convenientes con la comunidad, sino a responder los trinos de la franja furiosa del país.
El llamado de otra víctima
Hay voces que pulsan los registros de la cordura en medio del dolor y que deben ser escuchadas, no solo por el destinatario de la dramática interpelación sino por los hombres y mujeres de buena voluntad en el país.
Don Gustavo Serrano reveló el contenido de mensajes de su hijo, el oficial de la FAC que piloteaba el avión Super Tucano que cayó en las montañas del Cauca: “El dijo que eso estaba muy caliente, que le estaban disparando ráfagas por todos lados…..El me dijo: “Papi esto está muy duro” y fue la primera vez que me dijo “Padrecito tengo miedo, esto está muy verraco”…”.
Don Gustavo añadió “Le pido especialmente al presidente de la Republica que sea humano. Él también tiene hijos, que sea humano, que ponga de su parte para arreglar este conflicto. Yo pienso que esto no es con balas, que esto es con diálogo y él puede hacerlo, yo creo que él puede hacerlo. Que tenga consideración con estos padres que estamos destrozados. Que así como yo, yo creo que hay muchos".
Los acontecimientos del Cauca constituyen un mensaje claro para los colombianos y para quienes en el mundo se interesan por comprenderlos: no puede haber más dilaciones, es preciso buscar el camino de la solución consensuada del conflicto y esa solución no podrá llegar mediante el escalamiento de la guerra, sino por los caminos de la política.
* El perfil del autor lo encuentra en este link.
[1] El Tiempo, 14 de julio de 2012, p.4
