Dos cifras

Según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, en 2020 Colombia llegó a la cifra récord de 254.000 hectáreas de coca, lo que representa un aumento del 19 % respecto del año anterior.

La cifra contrasta con la que presentó semanas antes la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Según esta oficina, los cultivos de coca en Colombia disminuyeron un 7 %, al llegar a 143.000 hectáreas.

Durante más de dos décadas, los gobiernos colombianos se han encontrado ante ese mismo escenario: las cifras de la Casa Blanca no coinciden con las de la ONU. Pero este año la diferencia es particularmente pronunciada ¿Cómo se explica y quién tiene la razón?

El extraño programa de la ONU

Las cifras de la ONU se desprenden del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). Aunque el SIMCI es operado por la ONU, su financiación corre exclusivamente por cuenta del Estado colombiano.

El programa comenzó con una donación de la Unión Europea y fue confiado a la ONU porque Colombia no estaba en condiciones de operarlo; sin embargo, por tratarse de un programa de cooperación técnica, se estableció al principio que, con el tiempo, pasaría a ser administrado por el propio gobierno colombiano.

Han transcurrido veinte años de operación del programa y todavía no ha sido entregado al gobierno: todo indica que ningún presidente ha querido asumir esa responsabilidad. Sin embargo, más o menos cada cuatro años, la ONU solicita fondos para operar el SIMCI y sus oficinas; para esto se envía una misión de alto nivel que nos visita desde Viena y se reúne con el presidente.

Estos recursos se usan para adquirir imágenes de satélites comerciales, contratar personal especializado y realizar publicaciones, entre otras cosas. Además de lo cual el SIMCI se beneficia de la capacidad aérea de la Policía para fotografías de ciertas regiones de interés y de oficinas asignadas por el gobierno. Finalmente, una parte de esos recursos son enviados a Viena para la operación de la UNODC.

Para el cuatrienio que termina en 2022, el gobierno de Santos le aprobó 315 millones de dólares a la UNODC. Se sabe que el 7 % o poco más de 22 millones se fueron para Viena y que el resto se dedicó a operaciones en Colombia.

Cabe aclarar que el programa también funciona en Bolivia y Perú, pero las contribuciones de esos países se han reducido y son muy limitadas. Es más, a menudo dichos países vetan las publicaciones del SIMCI por considerarlas contrarias a sus intereses.

Le recomendamos: Aumento de la producción de cocaína en Colombia

El sistema de la Casa Blanca

Por su parte, la cifra de la Casa Blanca ha sido obtenida, desde 1990, mediante satélites especiales y proyecciones estadísticas para medir las hectáreas de coca sembradas.

Además, desde 1999, Estados Unidos ha cooperado con la Policía colombiana para medir la productividad y el contenido de alcaloide de las distintas variedades de coca que se siembran en el país. A mediados de la primera década de este siglo, la financiación estadounidense permitió establecer cultivos experimentales en los que se sembraron las 14 variedades de coca que se encontraron en Colombia.

Los cultivos experimentales también sirvieron para calibrar los satélites, imágenes espectrográficas, evaluación de técnicas y tecnologías de procesamiento de hoja de coca, así como el impacto de labores culturales sobre la producción de hoja y amapola.

Si bien los datos de la Casa Blanca se basan en un análisis parcial de las zonas cultivadoras, también se apoyan en información estadística, complementada con trabajos de campo.

Los datos se complementan

Desde 2003 contamos con cifras de ambas fuentes. Como se ve en la Gráfica 1, ambas agencias han mantenido una tendencia que podría describirse como paralela.

Gráfica 1. Evolución histórica de cultivos de coca según el SIMCI y la ONDCP (hectáreas)

Fuente: Informes de la Casa Blanca y de ONDCP, elaboración propia

Aun cuando tradicionalmente se han presentado discrepancias en los estimativos, los datos se han movido de manera uniforme, con dos excepciones: la del año 2005-2006 y la actual, en 2020.

Desde mediados de la década del 2000 se dio una colaboración entre las dos agencias. La mayoría de los investigadores, incluyéndome, hablamos de rangos en los que la cifra de la Casa Blanca es la superior y la de la ONU la inferior. Intentar formular políticas con un número absoluto es arriesgado y absurdo. Además, la llegar a cero hectáreas de coca es imposible.

Las diferencias

En el informe del 2020 las metodologías no cambiaron, pero los intereses del SIMCI de la ONU sí.

La UNODC necesita refinanciar sus trabajos en Colombia para el próximo cuatrienio. No quiere que se repita lo que ocurrió en Perú, donde se perdió la financiación del gobierno. Quienes hemos visitado la sede de Lima vimos que la UNODC pasó de tener una oficina vibrante a una casona solitaria. Para asegurar que eso no ocurra hay que mantener a los políticos contentos y hay que buscar satisfacer a todos, tanto a la izquierda como a la derecha.

La reducción de hectáreas le está dando munición a la izquierda para rechazar las fumigaciones aéreas. Para la derecha, la cifra es una buena excusa para intentar financiar el presupuesto UNODC antes de las elecciones, con la posible llegada de un gobierno de izquierda para el cual la agencia sobraría.

En cambio, la Casa Blanca no tiene interés en exagerar las cifras, pues la cocaína ya no es la droga predilecta de sus adictos. Hoy, Colombia le compra el glifosato a China; las organizaciones criminales de la región están en Brasil, México y Venezuela, y los colombianos juegan un papel secundario. Además, la Casa Blanca utiliza una metodología comprobada y basada en series estadísticas con treinta años de historia.

Puede leer: ¿Quién tiene la razón en las cifras sobre coca? ¿La ONU o la Casa Blanca?

Los datos sobre producción de cocaína

Un segundo dato relevante es el de la oferta neta de cocaína:

• Según la Casa Blanca, Colombia pasó de 936 toneladas de producción potencial de cocaína en 2019 a 1.010 en 2020.
• Según la ONU, la cifra pasó de 1.137 toneladas en 2019 a 1.228 en 2020.

Debo aclarar que ambas agencias utilizan la metodología desarrollada por la UNODC en 2001 para determinar el rendimiento de hoja de coca por hectárea. Esto es relevante porque el volumen de hoja más las cultivariedades de coca estudiada determinan el volumen de base y cocaína que se producirá.

La Gráfica 2 muestra el potencial en toneladas métrica de cocaína pura que se puede ofertar con las hectáreas sembradas en el país. Es curioso que, a pesar de aplicar la misma metodología para recopilar la información, el SIMCI siempre registra una mayor oferta potencial de cocaína, incluso cuando hay menos hectáreas de hoja de coca.

Gráfica 2. Potencial de producción clorhidrato según el SIMCI y la ONDCP

Fuente: Informes de la Casa Blanca y de ONDCP, elaboración propia

Esto se puede explicar porque el SIMCI tiene una limitada capacidad de auditoría de su personal, como no hace pruebas de campo ni aprovecha los cultivos experimentales que tiene la Policía colombiana, proyecta el rendimiento con los datos registrados en entrevistas. Cabe agregar que los cultivadores tienden a exagerar sus rendimientos, pensando que por ello la ONU va a traer programas de desarrollo alternativo.

En cambio, los datos recopilados por la Casa Blanca son verificados tanto con un análisis del contenido de alcaloide de hoja, como por los rendimientos proyectados de hoja de coca y la verificación de las tecnologías usadas en la extracción de la base.

Hacia un sistema propio

Aunque las dos agencias usan la misma metodología para presentar sus conclusiones anuales, este año, el SIMCI parece anteponer sus intereses económicos a los técnicos. Las diferencias con las proyecciones de la Casa Banca son tan grandes que el analista y en general los ciudadanos debemos preguntarnos si las mismas son basadas en evidencias o en su propia conveniencia.

Lo verdaderamente insólito es que el gobierno, que carece de personal especializado, esté programando una visita a Washington para discutir estos temas con la Casa Blanca, así como con las agencias que apoyan sus trabajos. Debemos suponer que funcionarios de la ONU acompañarán la misión, pero ellos no son funcionarios del gobierno. Esto no se resuelve con una corta visita: el Estado colombiano necesita de equipos interdisciplinarios, que dispongan de amplios conocimientos sobre el tema.

El SIMCI pertenece al gobierno colombiano cuando sus datos le son favorables, pero pertenece a la ONU cuando le son contarios. Esto es cómodo para el gobierno de turno, pero contraproducente en el momento de formular nuestras políticas.

El problema se puede resolver si se le entrega esta función a la Dirección Antinarcóticos de la Policía, pero los conflictos dentro del ministerio de Defensa no han permitido que esto ocurra. En manos de la Policía, el problema de intereses políticos y económicos se solucionará parcialmente.