Los planes de sustitución y erradicación van avanzando, pero la historia demuestra que sus efectos suelen ser de corta duración. Y la evidencia sugiere que en unas ciertas regiones cocaleras aún tenemos alto riesgo de violencia.
Hernando Zuleta*
¿Cuál es el plan?
La estrategia de sustitución de cultivos viene siendo desarrollada por medio de acuerdos individuales y colectivos con los cultivadores. Estos acuerdos son parte del cuarto punto del Acuerdo de paz con las FARC, que incluye los siguientes compromisos por parte del gobierno:
- Un plan de atención inmediata según el cual durante el primer año cada familia recibe un millón de pesos mensuales por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario;
- Ochocientos mil pesos para proyectos de auto-sostenimiento;
- Nueve millones de pesos para proyectos que ayuden a generar ingreso en el corto plazo, y
- A partir del segundo año, proyectos de desarrollo que incluyen asistencia técnica, infraestructura y bienes públicos, y actividades de construcción de Estado.
El plan inmediato de sustitución de cultivos tiene cinco etapas:
- Firma de los acuerdos;
- Recepción de un pago por parte de los individuos inscritos en el programa;
- Plazo de dos meses para erradicar los cultivos después del primer desembolso;
- Segundo desembolso una vez erradicados los cultivos;
- Desembolsos regulares en la medida en que no haya resiembra.
La erradicación forzosa, por otro lado, puede ocurrir en tres casos:
- Cuando el dueño o responsable de un cultivo o se haya identificado o no se haya inscrito en el programa de sustitución voluntaria;
- Cuando se trata de grandes cultivos tecnificados que no pertenecen a pequeñas familias cocaleras;
- Cuando después de haber suscrito un acuerdo de sustitución los individuos o comunidades incumplan los compromisos adquiridos.
¿Cómo va el proceso?
 Erradicación de cultivos de coca. Foto: Radio Nacional de Colombia |
De acuerdo con el ministro Rafael Pardo, hasta el momento se han inscrito más de 118.000 familias a los pactos colectivos.
Esta cifra es un buen logro, pero hay que tener en cuenta que la sustitución no se produce de manera inmediata y por lo tanto el efecto sobre el área total no se apreciará sino más adelante. Por eso – y a pesar de que los pactos avanzan con relativa rapidez- el gobierno estima que para fines de este año la reducción de cultivos vía sustitución será de alrededor de 20 mil hectáreas, es decir, el 40 por ciento de la meta.
En lo que respecta a la erradicación forzosa se ha logrado el 80 por ciento de la meta esto es, 40 mil hectáreas, y se estima que al finalizar el año se habrá cumplido en su totalidad.
En las regiones donde ha aumentado el área cultivada hay presencia de más de un grupo armado
Si las predicciones de las autoridades son correctas en enero de 2018 se habrán erradicado 90 mil hectáreas, equivalentes a casi la mitad del área cultivada – y a partir de los datos sobre extensión de cultivos que estima el Departamento de Estado de Estados Unidos-.
Las preguntas inquietantes son dos: ¿cuál es la tasa de resiembra?, y ¿cómo prevenir el llamado “efecto globo” es decir, que los cultivos erradicados en una zona sean reemplazados por nuevos cultivos en otra zona.
Pocas estrategias de sustitución de cultivos han tenido efectos duraderos. Esto sucede por dos razones:
- Si los incentivos económicos para el cultivo de la coca no han sido eliminados, los campesinos vuelven a sembrarla una vez que el programa haya dejado de operar.
- El poder económico (disuasorio) y militar (intimidatorio) de las organizaciones narcotraficantes hacen que las familias cultivadoras vuelvan al cultivo de coca o migren de la zona.
Estos dos fenómenos son un gran obstáculo para la reducción de los cultivos en Colombia. Pero dado que el problema de desarrollo y pobreza es bastante conocido, en este artículo aludiré soló al problema de la violencia.
Violencia y cultivos ilícitos
 Sustitución de Cultivos Ilícitos. Foto: Cámara de Representantes |
El Mapa 1 ilustra el cambio en cultivos ilícitos en los municipios entre 2013 a 2016, años en los cuales aumentó considerablemente el área cultivada. Aunque en la mayoría de las regiones se ha dado una reducción en el área cultivada, el aumento registrado en el país como todos se debe a unas pocas regiones, como Catatumbo, Nariño y Putumayo.
En el Mapa 2 se muestran dos paneles. En el panel A están los municipios señalados según distintas combinaciones en materia de presencia de cultivos ilícitos, FARC y ELN y en el panel B se muestran las distintas combinaciones de presencia de cultivos ilícitos, FARC y Bacrim. Al cruzar la información de cultivos ilícitos con la de presencia de grupos armados es evidente que en las regiones donde ha aumentado el área cultivada hay presencia de más de un grupo armado. Bacrim y FARC están en todas estas zonas y el ELN en la mayoría de ellas.
Durante los primeros siete meses del año aumentó el número de homicidios en los municipios con cultivos de coca
Estos hechos son una señal de alerta con respecto a la violencia que se puede desencadenar en las zonas de cultivos. En efecto, la evidencia empírica presentada por Daniel Mejía y Pascual Restrepo indica que entre 1994 y 2008 el aumento de 10 por ciento en el valor de la coca cultivada produjo un incremento del 1,25 por ciento en la tasa de homicidios de un municipio. Si esta correlación se mantiene un aumento de 100 por ciento en el valor de los cultivos podría llevar a un aumento de 12,5 por ciento en la tasa de homicidios.
No obstante, como lo mostró Juan Carlos Garzón, entre 2012 y 2016 la tasa de homicidios disminuyó en los municipios cocaleros. Aunque la tasa sigue siendo mayor en estos municipios, su caída es más acentuada allí que en los municipios no cocaleros y la diferencia entre ambos se estaba reduciendo.
Infortunadamente esta tendencia parece estar cambiando en 2017. Durante los primeros siete meses del año aumentó el número de homicidios en los municipios con cultivos de coca en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, la violencia varía mucho de una región a otra. Los siguientes ejemplos ilustran la heterogeneidad del problema:
- En el Bajo Cauca Antioqueño los homicidios vienen disminuyendo desde 2013 y la caída entre 2016 y 2017 fue de 28 por ciento.
- En el Urabá Antioqueño la tasa de homicidios ha sido cambiante y no hay una correlación clara entre cultivos ilícitos y asesinatos. Para el periodo enero-septiembre hubo un aumento de 104 por ciento en el número de homicidios entre 2015 y 2017.
- En la Macarena entre 2007 y 2013 se observó una tendencia similar en el número de hectáreas cultivadas y muertes violentas. Sin embargo, a partir de 2014 se perdió esta correlación. Entre 2014 y 2016 los homicidios disminuyeron y para el período enero-septiembre de 2016 y de 2017 hay 8 homicidios.
- En Nariño entre 2007 y 2011 se vio una tendencia similar en el número de hectáreas cultivadas y la tasa de homicidios. Esta correlación parece haberse roto en 2012 y desde 2013 los homicidios han disminuido. No obstante, entre el período enero-septiembre de 2015 y de 2017 hubo un aumento del 6 por ciento en los homicidios.
- En Catatumbo en 2003 la tasa de homicidios fue de 127 por cada cien mil hombres. Después, hasta 2007, hubo una disminución radical que puede deberse a la desmovilización de las AUC. A partir de 2008 la cifra se mantuvo con una leve tendencia creciente y sin una correlación evidente entre cantidad de cultivos ilícitos y homicidios. Entre 2015 y 2016 para el período enero-septiembre hubo un aumento de 46 por ciento en los homicidios, y 2016 fue el año más violento entre estos dos.
El comportamiento de la violencia en los municipios cocaleros durante los últimos cinco años sugiere que la relación que existía entre coca y violencia se rompió entre 2012 y 2016 y que el resurgimiento de la violencia en zonas cocaleras no es homogéneo. En estas circunstancias es útil estudiar las características de las regiones a las cuales está retornando la violencia.
Otro punto que llama la atención es que el repunte de la violencia ha ocurrido en 2017, cuando comenzó el desarrollo de los acuerdos de sustitución de cultivos y los esfuerzos de erradicación forzosa. Por ese motivo es necesario también un estudio riguroso para determinar si existe o no una relación entre el tipo de política de drogas que se implementa en los municipios y la tasa de homicidios.
* Doctor en Economía (Universitat Pompeu Fabra), economista (Universidad de los Andes) y profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
