La nueva violencia

El gobierno de Santos le propinó golpes suficientemente duros al Clan del Golfo para hacer que sus cabecillas manifestaran interés en un proceso de sometimiento a la justicia.

Pero el proceso en cuestión no llegó muy lejos, y la guerra prosiguió bajo el gobierno de Duque.  En vez de tomar en serio la Ley de Sometimiento para que organizaciones criminales asociadas con el narcotráfico se acogieran a la justicia, Duque habló de la “paz con legalidad”. Pero esto no fue más que un concepto vacío o una fórmula para desconocer el Acuerdo con las FARC y abandonar las directrices que habían sido trazadas por el gobierno de Santos.

Duque ignoró la existencia de zonas donde emergerían nuevas formas de violencia de no aumentar en serio la presencia del Estado.  Y en efecto: durante los últimos años ha aumentado la capacidad armada de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, como la que encabeza Gentil Duarte, los comandos rearmados por Iván Márquez en el Urabá antioqueño, el bajo Cauca, Chocó y el norte del Cauca.

El esfuerzo de estos grupos por expandir su presencia ha implicado combates con   consecuencias nefastas como decir, desplazamientos de la población civil, masacres indiscriminadas y amenazas de retomar la siembra de coca.

Una estrategia fallida

En la zona andina y en las principales ciudades del país se creyó que la violencia armada era cosa del pasado y que quedaban apenas pequeños grupos criminales que la Fuerza Pública iba a desmantelar sin grandes dificultades. Creían que bastaría con aplicar la lógica militar de la seguridad nacional para incautar sus bienes y capturar o neutralizar a los jefes más visibles de esos grupos armados.

Y esa precisamente fue la estrategia que adoptó el gobierno Duque. Los resultados frente al Clan de Golfo no se hicieron esperar:

• John Freddy Zapata, alias Messi o Candado fue capturado en enero de 2021;
• Alias Mario Bross –el aliado de Otoniel que se encargaba de compararle cocaína a la Segunda Marquetalia– fue capturado en una lujosa finca de Quimbaya, y
• Finalmente, el 23 de octubre de ese mismo año, una operación conjunta entre el ejército y la policía culminó con la captura de Otoniel, el jefe máximo del Clan del Golfo que, hasta entonces, había sido un fantasma para las autoridades.

El gobierno creyó que con esta captura le había “cortado la cabeza a la serpiente” y, por ende, que el Clan del Golfo dejaría de representar una amenaza para la seguridad nacional. Así mismo, pensó que habría disputas internas para determinar quién asumiría el mando, lo cual podría ser aprovechado por la Fuerza Pública para anular la capacidad operativa de este grupo y neutralizarlo por completo.

Pero el triunfalismo del gobierno duró poco porque Jesús Ávila, alias “Chiquito malo” asumió el mando sin pugnas internas, lo cual puso de manifiesto que Otoniel había dejado un sistema de mando organizado de carácter militar que facilitaría la toma de decisiones.

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Hibridación criminal y terrorismo

La hibridación criminal que existe en Colombia no encaja en las viejas tipologías del crimen organizado, porque es producto del largo proceso de aprendizaje criminal o el de antiguos miembros de grupos paramilitares y guerrilleros con amplia formación militar que se aliaron para crear nuevos grupos criminales.

El Clan del Golfo es un grupo dedicado al narcotráfico y otras industrias criminales, que además tiene un componente político que le permite tomar decisiones sobre las vidas de miles de personas que viven en su área de control, es decir, en el Urabá antioqueño, Chocó y Córdoba, zonas caracterizadas por la pobreza y el abandono estatal.

El terrorismo se basa en la psicología del miedo y causa daño emocional para que sus víctimas vivan llenas de angustia e inseguridad. Psicólogos cognitivos como Tversky, Kahneman, Gigenzer y Slovic coinciden en que la percepción de peligro depende del desbalance entre lo que conocemos y el temor frente a lo que desconocemos; el terrorismo acentúa lo segundo y con eso destruye la confianza en el futuro.

Los terroristas se valen del temor para controlar a la población y confinarla en pueblos y veredas donde las únicas autoridades son los grupos criminales. Esto es lo que sucede en el Urabá antioqueño y en el bajo Cauca antioqueño.

El plan pistola

Hace unas semanas el Clan del Golfo puso en marcha un “Plan pistola” contra la Policía en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Atlántico, y en las subregiones del Urabá y el bajo Cauca antioqueño.

Como los terroristas saben que los policías deben dejar su arma de dotación cuando terminan su turno, decidieron atacarlos en sus momentos de descanso o al llegar a casa para demostrar que siguen controlando estas regiones.

Las muertes de policías confirman que fallaron los servicios de inteligencia, porque no fueron capaces de proveer información para que las autoridades anticiparan los ataques y capturaran a los autores de estos crímenes.

El Clan del Golfo replicó la estrategia terrorista que habían empleado “Los Extraditables” cuando el Cartel de Medellín controlaba la producción y exportación de cocaína. Para evitar la extradición de sus miembros, este grupo contrató sicarios para que asesinaran policías e instalaran bombas en edificios y centros comerciales. De ese modo, los extraditables lograron demostrar su poder y obligaron al entonces presidente César Gaviria a negociar con ellos.

La gobernanza criminal

La mayoría de los estudiosos del crimen organizado coinciden en que los Estados deben evitar a toda costa que los grupos criminales se vuelvan proveedores de servicios, garanticen derechos y regulen la vida social, porque todas esas son funciones del Estado y cuando las organizaciones criminales se apropian de ellas, es más fácil que controlen los territorios.

Gambeta, experto en la Mafia Siciliana, afirma que “la mafia crece en entornos que presentan altos niveles de desconfianza”, lo cual implica que en los lugares donde el Estado no ha hecho presente ni se ha encargado de garantizar los derechos de la población y el acceso a bienes y servicios, es más fácil que los grupos criminales cobren fuerza y poderío.

Según Desmond Arias, la gobernanza criminal ocurre cuando un grupo armado tiene el control territorial de un área geográfica delimitada y ningún otro actor –ni siquiera la Policía– puede igualar su poderío. En esta situación, los criminales cobran impuestos, proveen soluciones para la población e imponen reglas de conducta.

Dado que en las subregiones del Urabá y del bajo Cauca una organización delincuencial controla la vida cotidiana de las personas y crean reglas formales e informales que la población adopta sin chistar, es posible afirmar que existe una gobernanza criminal.

El Urabá es clave porque conecta el centro del país con la costa caribe, tiene recursos mineros y frontera con Panamá a través de la selva del Darién. El bajo Cauca también es importante porque la minería ilegal se concentra en municipios como el Bagre, Nechí, Zaragoza y Caucasia. Por estas razones, ambas subregiones son muy codiciadas por los acores armados.

Es importante mencionar que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antioquia es el departamento que presenta más explotación de oro de aluvión en tierra y cerca de la mitad es ilegal. Este dato permite sugerir que el conflicto del bajo Cauca no se debe tan solo a los cultivos de coca, sino que está relacionado con la explotación de minerales preciosos como el oro.

Es un error suponer que el Clan del Golfo vive solamente de los recursos que genera el narcotráfico, pues en realidad tiene un amplio portafolio criminal que le permite moverse entre la legalidad y la ilegalidad, cooptar instituciones del Estado y funcionarios públicos y crear un complejo entramado para seguir gobernando varias zonas del país pese a los golpes que les propinan nuestras Fuerzas Armadas.