La “seguridad humana” y la “paz total” implicarían grandes cambios en la gestión pública de la seguridad ciudadana y la convivencia. Éstas son las cinco aristas que el gobierno nacional tendría que revisar para que la ciudadanía disfrute de las mejoras.
Luis Ernesto García Hernández* y Carolina Ortega Contreras**
El nuevo año
El 2023 será un año de cambios en gestión pública de la seguridad ciudadana y convivencia.
Se aproximan las elecciones de nuevos alcaldes y gobernadores y, con ello, la formulación de nuevos Planes de Desarrollo Territorial y Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), que deberán inscribirse en el enfoque de seguridad humana y “paz total” del gobierno nacional.
En tal sentido, las relaciones intersectoriales, de gobernanza y coproducción de la seguridad cobran enorme vigencia si se quieren comprender de manera integral los problemas y factores de riesgo generadores de inseguridad, además de atenderlos de forma preventiva y no reactiva.
A continuación, se exponen cinco grandes retos que deberá enfrentar el gobierno nacional y las nuevas autoridades locales para gestionar la convivencia y la seguridad ciudadana.
Tal como lo han demostrado algunas investigaciones, los instrumentos de gestión pública territorial de la seguridad ciudadana diseñados durante estas tres décadas y soportados en normas no han dado suficientes resultados en materia de gobernanza de la seguridad ciudadana en el plano nacional y territorial.
Reto primero
Durante los últimos 30 años, el aumento de la fuerza policial fue el principal recurso de los gobiernos para luchar contra los eventos delincuenciales. Pero esta decisión pública no ha sido suficiente.
Los problemas relacionados con el incumplimiento de normas de convivencia, la delincuencia instrumental y circunstancial, y la criminalidad son cada vez más preocupantes. Además, la descarga de estos problemas en el cuerpo policial afectó considerablemente su imagen y la confianza de las personas en la Institución.
Tal como lo han demostrado algunas investigaciones, los instrumentos de gestión pública territorial de la seguridad ciudadana diseñados durante estas tres décadas y soportados en normas no han dado suficientes resultados en materia de gobernanza de la seguridad ciudadana en el plano nacional y territorial.
Tanto el gobierno nacional como las autoridades locales deberían comprender que la gestión de la seguridad ciudadana no es responsabilidad exclusiva de la policía, sino que existen otros factores igualmente importantes en materia de gobernabilidad y gobernanza.
Reto segundo
La orientación y diversidad de enfoques tanto en el diseño como en la aplicación de leyes, actos administrativos, documentos políticos, planes de gobierno y planeación estratégica de la policía parecen no estar armonizados, persiste una planeación nacional y territorial diacrónica o descoordinada.
Es imprescindible su revisión pues el diseño no obedece a un enfoque intersectorial, más bien es la suma de diferentes miradas políticas en distintos momentos históricos. Se necesita superar esa visión tradicional de elaborar documentos, guías y normas para avanzar en un verdadero proceso de política pública enfocado en las realidades territoriales.
Una de las acciones propuestas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es el diseño y aplicación de un nuevo modelo de convivencia y seguridad ciudadana corresponsable, multisectorial, integral, preventivo que mejore la articulación entre nación y territorio. La adopción de dicho modelo puede ser la oportunidad para renovar la planeación territorial de la seguridad ciudadana, así como para mejorar la coordinación entre las entidades. Se trata de concebir la gestión de la seguridad como un sistema que incluya a instancias subnacionales, conecte agendas, permita la transferencia de información y mejore la toma de decisiones.
Finalmente será fundamental capacitar a los nuevos mandatarios en lo referente al enfoque de seguridad humana, en la medida que el concepto sigue generando confusiones y, hasta el momento no es claro su sistema de ejecución en el nivel nacional ni en el subnacional.
Reto tercero
Focalizar y priorizar la intervención de megaproblemas públicos con políticas que contribuyan a reducir los conflictos sociales relacionados con la delincuencia.
Hay que interrumpir un círculo vicioso sobre la base de una rigurosa identificación territorial de riesgos reales, y no solo riesgos percibidos. No son suficientes los programas orientados a mitigar los temores de la gente, sin modificar las causas que producen estos temores. Por eso, si es que se aplica adecuadamente, la visión de seguridad humana del nuevo gobierno permitiría intervenciones mucho más integrales.
Algunos estudios realizados desde el Departamento Nacional de Planeación concluyen que es un reto para las entidades territoriales planear operativa y financieramente sus PISCC, al igual que generar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan observar resultados, mejorar procesos e institucionalizar acciones.
En este sentido, la asociación entre universidades con trayectoria y los gobiernos es beneficiosa, se ha demostrado en muchos lugares del mundo avances significativos que contribuyen a la planeación estratégica y operativa de los cuerpos policiales y de gobiernos locales.
Otro beneficio de una alianza estratégica entre academia y entidades territoriales podría estar en la recolección de evidencia que fundamente mejor los diagnósticos y por ende la formulación de los PISCC.
No es posible concentrar el análisis y la evaluación del desempeño policial exclusivamente en el número de homicidios, hurtos, abusos sexuales, etcétera, ya que no mide realmente la efectividad del desempeño policial sino la eficiencia de los grupos criminales.
Por eso, la medición del patrullaje policial en corresponsabilidad con la eficiencia de otros servicios públicos para una respuesta integral al ciudadano podría demostrar una mayor eficiencia, aún más que un número de cámaras instaladas.
Ahora bien, no contar con datos de calidad en convivencia y seguridad ciudadana es una preocupación que cada día tiene consecuencias nefastas en la toma de decisiones políticas.
En Colombia existen cada vez más sistemas de información que capturan y sistematizan datos de múltiples sectores. Pese a ello, se evidencia una ausencia de información de calidad, cuantitativa y cualitativa sobre factores de riesgo, violencias y conflictos a nivel de unidades barriales en zonas urbanas y corregimientos y veredas en zonas rurales.
No se puede pensar en tener mejores políticas públicas si no hay datos sobre los problemas relacionados con las distintas formas de violencia, delincuencia y conflictos de convivencia.
Es claro que no necesariamente tener más datos resulta conveniente porque no todos se utilizan, pero sí es necesario saber cuál información mínima es indispensable para tener brújula al momento de orientar los programas y proyectos.
La necesidad de recopilar y analizar datos permite incluir los problemas a nivel territorial y otros delitos que hoy no están en las agendas políticas. Por ejemplo, la extorsión, riñas, violencia basada en género, cibercrimen, corrupción, entre otros.
En Colombia existen cada vez más sistemas de información que capturan y sistematizan datos de múltiples sectores. Pese a ello, se evidencia una ausencia de información de calidad, cuantitativa y cualitativa sobre factores de riesgo, violencias y conflictos a nivel de unidades barriales en zonas urbanas y corregimientos y veredas en zonas rurales.
Hoy en día se trabaja con datos de las entidades del orden nacional, especialmente de la Policía Nacional, los cuales si bien es cierto son de alta calidad y con buena cobertura, también son muy generales y no contienen el detalle de todas las realidades locales.
Los nuevos gobernantes deberían saber que la efectividad de sus mandatos dependerá de encontrar nuevas fuentes de financiación de sus PISCC (como lo contempla la nueva ley de seguridad ciudadana) y de mejorar la articulación intersectorial para fortalecer la capacidad logística, el entrenamiento, los incentivos y el bienestar de los policías, así como los sistemas locales de justicia para atender los problemas de convivencia, la efectividad de la persecución penal, judicial y carcelaria.
Reto cuarto
Sin lugar a duda, la producción, distribución, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas está en el centro de los orígenes de muchas de las conflictividades, delitos y dinámicas criminales que se manifiestan en lo urbano y lo rural.
Uno de los efectos que conlleva este problema es que condiciona la gestión policial, pues los mandatos de los gobiernos y las diferentes disposiciones y regulaciones legales y administrativas dificultan el desarrollo de un servicio de policía orientado a otras necesidades o demandas del ciudadano.
Será necesario, por tanto, generar estrategias de mayor coordinación entre la nación y los entes territoriales, que permitan aproximarse a la visión que trae el nuevo Plan Nacional de Desarrollo frente al problema de las drogas: atender las causas estructurales de este fenómeno, generar cambios culturales y promover la regulación.
Reto quinto
Uno de los desafíos más apremiantes está en las capacidades técnicas, humanas y financieras de las entidades territoriales para atender los problemas de seguridad ciudadana y convivencia.
Por eso, se requiere una mejor formación humana, presupuesto y optimización de las herramientas creadas para la toma de decisiones efectivas.
Actualmente hay un desborde de las entidades titulares como alcaldes, secretarios de gobierno y seguridad, inspectores, corregidores, policías, fiscales, comisarios de familia para atender los problemas de seguridad y convivencia.
Sin embargo, en la actualidad no existe una propuesta clara para los actores no estatales, es decir, se requiere un modelo de gobernanza en el cual se articulen las capacidades estatales con las no estatales provenientes de diversos actores que en la actualidad participan de manera dispersa, desorganizada y con múltiples intereses.
Los territorios crecen y por ende los problemas de convivencia aumentan, por ello las capacidades institucionales deben crecer de manera ordenada.
Todas estas realidades y retos de las últimas tres décadas siguen develando, como en el célebre cuento,[1] la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado, tanto en el orden nacional como territorial, para gobernar bajo un enfoque que beneficie la vida de los colombianos.
Se tiene la esperanza de que los nuevos y renovados liderazgos políticos cuenten con mayor conciencia sobre la complejidad de estas realidades, que ya no son invisibles y que no son exclusivamente policiales.
El gobierno debe hacer un esfuerzo por entender y atender las verdaderas necesidades ciudadanas, de lo contrario la magnitud del fracaso estatal tendrá graves consecuencias en la vida de los colombianos, aún más de las vividas históricamente.
[1] Un rey convoca a todos los mejores sastres de su reino para hacerle un traje especial con motivo de su coronación. De entre todos los sastres un listillo con mucha labia y una arrolladora personalidad convence al rey y a sus dignatarios para que se lo encargue. El traje que él diseñaría, dice, iba a ser tan especial que sería verdaderamente mágico. Pero con una advertencia importante: este traje no podrá ser visto por los necios, solamente las personas inteligentes serán capaces de apreciarlo.
En el día señalado para la prueba, el rey contempla la mirada imperturbable y sonriente de sus ministros, ninguno de los cuales quiere parecer necio aunque, por supuesto, nadie ve ningún traje. El rey se pregunta ¿seré yo un necio? -y como tampoco quiere parecerlo premia y felicita al sastre por la maravilla del traje invisible.
