La Paz Total pasó la primera prueba en la plenaria de la Cámara. Pero hay al menos dos claridades y seis claves importantes para evitar que este proceso acabe por crear nuevas violencias en Colombia.
César Niño*
Buen comienzo
La Cámara de Representantes aprobó esta semana el proyecto que prorroga y modifica la Ley 418 de 1997 que permite llevar a cabo diálogos de paz con cualquier grupo armado que servirá como marco jurídico para la Paz Total del gobierno Petro.
Durante la plenaria, el debate se centró en la posibilidad de entablar negociaciones de paz con las disidencias de las FARC-EP, como la encabezada por Iván Márquez. Algunos representantes se opusieron a esta propuesta, pero el ministro de Interior, Alfonso Prada, la defendió con el argumento de que no puede excluirse a ningún grupo al margen de la ley de las negociaciones de paz.
Por otra parte, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley que sustituye el servicio militar obligatorio por “el servicio social para la paz”, lo cual sería un primer paso hacia el modelo de “seguridad humana” del actual gobierno.
A todas luces, la Paz Total parece ser el camino para alcanzar las grandes metas en materia de reducción de violencia en Colombia. Pero existen riesgos preocupantes que necesitan prevenirse desde distintos frentes.
Claridades importantes
La Paz Total es un proyecto ambicioso y, por lo mismo, despierta muchas preocupaciones que exigen cálculo y prudencia para atenderlas, así como elementos de filigrana que deben ser resueltos con urgencia.
La primera claridad que deben tener el Estado y sus instituciones es que la violencia territorial se ha agravado por no saber leer de manera acertada las particularidades de los grupos armados y de los territorios.
La segunda claridad es entender que no todos los criminales pueden entrar en la agenda de la Paz Total. Quienes han sido desertores de viejos acuerdos, como las disidencias o como los que seguramente habrá en el ELN, no pueden volver a una conversación política. El crimen no puede politizarse porque entonces el Estado dejaría de ser lo que debe ser.
Una mala paz puede convertirse en una violencia total.
La Paz Total puede ser la puerta para superar la violencia en Colombia. Pero puede ser también el acelerador de otras nuevas y más sofisticadas violencias si no se ejecuta adecuadamente y no se atienden los problemas de fondo en los territorios.
Cinco elementos críticos
- Hay que impulsar nuevamente la propuesta de una ley de seguridad y defensa; el Estado colombiano necesita definir con toda precisión qué entiende por seguridad y cuáles son los parámetros jurídicos, políticos y estratégicos de su futura actuación en este campo.
De hecho, si el propósito central del gobierno Petro es la Paz Total, ésta debería construirse a partir de una noción muy clara sobre qué es la seguridad; en otras palabras, el gobierno debió haber empezado su proyecto con una ley de seguridad y defensa.
- El gobierno no debe poner a todos los grupos armados ilegales en el mismo saco. Cada grupo criminal obedece a distintas motivaciones económicas y territoriales. Es más: puede que algunas de estos grupos no quieran dejar las armas. En otras palabras, un proyecto que pretende abarcarlo todo, puede quedarse en nada y crear nuevas violencias en los territorios.
En Colombia existen alrededor de cincuenta grupos criminales; somos el segundo país del mundo con mayor número de grupos y mercados ilegales después de la República del Congo. Aquí coexisten gobernanzas criminales, legitimidades criminales y soberanías compartidas que imperan como instituciones paralelas —algunas, incluso, son de naturaleza multinacional—. Por esa razón, agruparlas en de forma homogénea puede ser muy peligroso.
La negociación con esos muchos grupos podría implicar la reducción de las violencias en el corto plazo. Pero, si las políticas de paz y seguridad no se ejecutan de manera adecuada, pueden reciclarse viejas formas de crimen en el largo plazo.
Además, los grupos criminales pueden y suelen ser capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias, lo cual haría todavía más difícil la de por sí precaria gestión del Estado en los territorios.
Es más: el hecho de apenas uno de esos grupos se fracture o que algunos de sus miembros renuncien a las negociaciones con el gobierno puede dar pie a nuevas o más intensas violencias.
- El Estado debe cambiar su narrativa sobre los grupos criminales, porque esta narrativa suele ser rígida, estática, simplista y binaria.
El gobierno tendría que pensar si existen en efecto incentivos diversos para que todas las agrupaciones armadas y criminales decidan negociar con la intención firme de dejar las armas y entregar sus mercados ilegales.
Si la conclusión de ese ejercicio de reflexión institucional es negativa, habría que replantear a fondo la idea misma de la Paz Total: una mala paz puede convertirse en una violencia total.
- Conviene considerar el tiempo como un asunto central para la Paz Total. Para las instituciones éste es el principal enemigo, para el gobierno es el principal obstáculo y para las fuerzas criminales e irregulares es una oportunidad de supervivencia y cumplimiento de metas particulares. Para la administración Petro, cuatro años son el límite, pero para los grupos ilegales este tiempo no es preocupación.
- La idea del servicio social para la paz como alternativa al servicio obligatorio militar es fundamental para crear una cultura de seguridad en Colombia. La obligatoriedad del servicio militar no implica mayor seguridad.
En cambio, la alternativa de servicio social puede ayudar a construir seguridades y paces cotidianas, a cambiar las lógicas de los gobiernos criminales en los territorios y a romper las legitimidades criminales que son más peligrosas que las simples agrupaciones criminales.
- Finalmente, la Paz Total debe ser selectica, progresiva y continua para que sea total.
El gobierno debe dar prioridad a los elementos que garanticen el desarme definitivo de cada grupo armado, según cuáles sean su naturaleza y su respuesta a la invitación a negociar.
Varias agendas abiertas al mismo tiempo puede ser un palo en la rueda porque, de fallar una, pueden fallar todas.
La paz debe ser la suma de soluciones a los problemas de los territorios para que sea total, con fórmulas particulares, agendas claras, tiempos estrictos, reglas de juego fijas, líneas rojas inquebrantables y conocimiento de causas subyacentes que originan criminalidad.
Definir la seguridad y la paz es el primero de los pasos para llevar a cabo esta ambiciosa propuesta.
