Entre cifras y silencios: un informe con grietas

No podemos ignorar que este informe de 2025 es un recordatorio de que la paz en Colombia no se logra con retórica, sino con la debida diligencia para proteger a los más vulnerables.

El “Informe Mundial 2025”, publicado recientemente por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), deja la amarga sensación de que el tiempo transcurre sin que el mundo logre romper el ciclo de impunidad y atropellos que arrastramos año tras año, década tras década, sin que las promesas de justicia para la dignidad humana se hagan realidad. 

La persistencia del conflicto y el naufragio de la “paz total”

Colombia parece no escapar a esa espiral de desesperanza. Lejano parece el año en que se firmó el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”​ que suscribieron el Estado colombiano y las FARC-EP. Acuerdo que muchos colombianos recibimos como una promesa de reparación para las víctimas del conflicto armado, en particular, y, en general, de justicia social para los millones de colombianos que históricamente han vivido en pobreza, asediados por el abandono y la falta de oportunidades. La promesa de que se pondría fin a la guerra es un propósito fallido.

El informe de HRW da cuenta de un país que sigue fracturado, donde han revivido los atentados mortales contra aspirantes a la Presidencia y ha renacido el reclutamiento forzado de menores de edad. Realidades de una guerra que, reseña el informe, se estrellan contra la ambiciosa política de “paz total”. Esta parece naufragar inexorablemente frente a grupos armados históricos como el ELN y a disidentes que surgieron de la desmovilización de las FARC en 2017, que modernizan su arsenal con drones, vuelven a tomar el control de amplios territorios y fortalecen su capacidad para desplazar forzadamente a numerosas poblaciones.

HRW reseña numerosas estadísticas de diversas fuentes para ilustrar el cuadro de violencia que sigue azotando el país. Así, por ejemplo, indica que más de más de 137.000 personas vivieron situaciones de confinamiento por actividades de grupos armados; que entre 64.000 y 79.500 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, uno de los mayores desplazamientos en décadas según el informe; que 625 menores de edad fueron reclutados (un incremento del 83% interanual respecto a 2023); que se registró un aumento del 145% de personas heridas o muertas por artefactos explosivos respecto a 2024; que los ataques con drones aumentaron 138 % durante el primer semestre del año.

La deuda ética y la omisión institucional

Pero no hay que perderse en esas y otras cifras que contiene el informe. De hecho, debemos recordar que cualquier indicio de violencia, por pequeño que sea, resulta incompatible con valores fundamentales, porque la violencia no admite umbrales. Un solo caso de violencia ya es un fracaso colectivo. Detrás de cada número hay una vida que debió ser protegida.

Esa deuda ética y de justicia con el individuo se convierte en una denuncia política cuando se analiza la gestión de las instituciones y se observa una omisión sistemática de sus deberes básicos. Así, el informe indica que tanto la fuerza pública como la rama judicial han fallado en el cumplimiento de sus obligaciones de reprimir y sancionar a los actores armados, de proteger efectivamente los derechos de la población y de investigar las conductas criminales de dichos actores.

El informe no lo menciona, pero vale la pena señalar que estas omisiones comprometen la responsabilidad internacional del Estado colombiano, pues constituyen un incumplimiento del deber de garantizar la efectividad de los derechos humanos. Tal deber nace de los tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) que Colombia ha suscrito. Conforme a estos tratados, los Estados deben tomar en serio las acciones de investigar y sancionar los delitos y de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia. 

El alcance de la obligación de garantizar implica que el Estado puede ser responsable incluso por actos delictivos cometidos por particulares, ya sean grupos criminales o individuos, si, llegado el caso, se demuestra que el Estado no actuó con la debida diligencia para prevenir el ataque o para investigarlo y sancionarlo una vez ocurrido. 

Por otra parte, la debilidad administrativa y financiera de municipios y departamentos, señala HRW, suele dificultar aún más la respuesta a las crisis humanitarias causadas por las hostilidades en el marco del conflicto armado, dado que carecen de fondos suficientes para asistir a las víctimas y, además, la ayuda del gobierno nacional a menudo resulta lenta e insuficiente. 

El informe de HRW es otro de aquellos informes que denuncian de manera reiterada la crítica situación de violencia que enfrentan los defensores de derechos humanos. Según estos informes, Colombia es uno de los países con el mayor número de defensores asesinados en el mundo. HRW recoge cifras de la Defensoría del Pueblo según las cuales al menos 1.500 defensores han sido asesinados desde 2016. También incorpora datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, según las cuales recibió 157 nuevas denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos entre enero y septiembre del año correspondiente al informe.

Los silencios del informe: masacres y asesinatos de líderes

Llama poderosamente la atención que el informe guarde silencio sobre los múltiples homicidios, o masacres, y sobre la mortal violencia sistemática que están padeciendo líderes sociales y líderes comunitarios desmovilizados de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz, cuando se trata de una de las peores formas de violencia que más contribuyen a la ruptura del tejido social y que registran altísimos niveles de impunidad. 

El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz documentó entre 2023 y 2025 un total de 247 masacres, que el Observatorio define como el “homicidio intencional y simultáneo de varias personas —3 o más personas— en estado de indefensión, por un mismo autor, y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar”. 

También ha documentado el homicidio de 477 firmantes de paz entre 2017 y 2025. Asimismo, ha registrado el asesinato de 1.906 líderes sociales, comunitarios, LGBTQ+, periodistas, ambientalistas, entre otras víctimas, durante 2016 y 2026. Estos crímenes han ocurrido en todo el país.

Resulta comprensible que el informe de HRW no aborde todas las formas de violencia que amenazan o violan los derechos humanos y que, por las razones que considere válidas, dé prioridad a aquellas que valora como más graves o críticas. Por ello desconcierta el silencio sobre los hechos de violencia mortal que documenta el Observatorio de Indepaz. Omitir estos hechos no solo invisibiliza a las víctimas, sino que también resta validez analítica y ética a un documento que pretende dar cuenta de la situación de crisis humanitaria, de seguridad y de paz en el país.

Crímenes contra personas protegidas: más que simples “abusos”

Otra debilidad del informe radica en su tradicional reticencia a llamar a los actos de violencia que cometen la fuerza pública y los grupos que tienen el carácter de combatientes en el marco del conflicto armado. Cuando estos actos son atribuibles a las autoridades, constituyen violaciones de derechos humanos según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cuando son atribuibles a las partes en el conflicto armado, asumen la naturaleza de infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario. 

Esos actos no constituyen simples “abusos”, como eufemísticamente los llama HRW en su informe. Un abuso es solo un exceso o una extralimitación. Asesinar, secuestrar y desaparecer civiles acusados de tener vínculos con un frente de las FARC no es un simple exceso del ELN. Disparar contra una embarcación en la que viajaba la alcaldesa de Mosquera y causar la muerte de un líder comunitario que viajaba con ella está muy lejos de ser una simple extralimitación de la fuerza pública. Estos son esa clase de actos que contravienen flagrantemente las normas de derechos humanos y las normas humanitarias que protegen a los civiles no combatientes y deberían ser llamados por su nombre.

Dimensiones diferenciadas: género, diversidad y derechos sociales

A pesar de las omisiones que pueda presentar, se debe resaltar que el informe también aborda dimensiones de la violencia que requieren un análisis diferenciado: el impacto devastador de la violencia sexual y de género; la persecución basada en la orientación sexual e identidad de género, y la vulneración sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Según el informe, los feminicidios y la violencia sexual aumentaron en 2024 y 2025, en comparación con años anteriores. También se reportó un incremento de casos de trata de personas. El 75% de las víctimas de este crimen son mujeres. HRW hace eco de datos de la organización Caribe Afirmativo según los cuales, durante 2024, fueron asesinadas 164 personas LGBT. Por último, se observa que los altos niveles de pobreza afectan en mayor proporción a las mujeres que a los hombres y las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.

Aunque parezca un informe de rutina, no podemos ignorar que este informe de 2025 es un recordatorio de que la paz en Colombia no se logra con retórica, sino con la debida diligencia para proteger a los más vulnerables. Superar esta crisis humanitaria exige que el Estado asuma su responsabilidad internacional y que la sociedad combata el adormecimiento ante cifras de horror que son, en última instancia, un fracaso colectivo. 

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