Chocó está en una situación alarmante y angustiante, con miles de personas afectadas. El gobierno debe involucrarse activamente para ayudar solventar la situación.
Juan Manuel Palacios* y Freddy Abadía**
Paro armado
Desde el 13 de julio el departamento del Chocó está sumido en un nuevo Paro Armado convocado por el frente de guerra occidental Omar Gómez en la subregión del San Juan. El paro se suma a los cinco anteriores convocados por el ELN.
La medida ha mantenido confinadas a más de 14.000 personas durante 9 días en comunidades de los municipios de Sipí, Medio San Juan, Istmina y Nóvita.
Las acciones han consistido en bloqueos de carreteras, restricciones al tránsito por los ríos San Juan y Sipí, hostigamientos y amenazas a la población civil. Además todo el conflicto se enmarca en el creciente conflicto entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas, por lo que se ha exacerbado la violencia en la región.
Durante el año 2023, la Defensoría del Pueblo estima que alrededor de 23.000 personas se encuentran confinadas en 52 comunidades de todo el departamento y más de 5.000 personas han sido desplazadas, pertenecientes a 20 comunidades de los pueblos étnicos.
En los últimos meses las zonas más afectadas han sido las comunidades rurales de los municipios de Sipí y Nóvita. Nóvita ha sido el escenario principal de los conflictos entre el ELN y las Autodefensas, por lo que las comunidades sufren confinamientos constantes. Aquellos que han sido desplazados y se refugian en los límites del municipio con Sipí ven escasas posibilidades de retornar a sus territorios.
Sipí, por su parte, se ha convertido en el epicentro del conflicto en el Chocó. Solo en los meses de abril, mayo y junio, más de 800 familias de las comunidades de Charco Largo, Barrancón, Charco Hondo y la más reciente, Chambacú, han sido desplazadas de manera forzada.
la Defensoría del Pueblo estima que alrededor de 23.000 personas se encuentran confinadas en 52 comunidades de todo el departamento y más de 5.000 personas han sido desplazadas
Además, seis comunidades más, como Teatino, Chupey, Marqueza, Santa Rosa, Tanando y el Resguardo Indígena de Sanandocito, han estado confinadas durante más de 30 días debido a los continuos enfrentamientos.
Un problema creciente
El impacto de esta situación no se limita únicamente a las comunidades rurales. De hecho, las cabeceras municipales de varios municipios del sur del departamento se han visto paralizadas temporalmente debido a las amenazas de los grupos armados, dirigidas principalmente a comerciantes, agricultores y pescadores, quienes se han visto obligados a suspender sus actividades.
Incluso las autoridades de los entes territoriales, como los alcaldes de Sipí, San José del Palmar y Río Iró, se han visto obligados a ejercer sus funciones desde fuera de sus municipios por las amenazas recibidas.
Además de las pérdidas humanas y el desplazamiento forzado, la economía del Chocó ha sufrido un impacto considerable. La región depende en gran medida de la actividad agrícola, la pesca y el turismo, sectores que se han visto afectados por la inseguridad y la violencia.
Los bloqueos de carreteras han dificultado el transporte de productos, y las suspensiones de actividades comerciales y gubernamentales han generado un deterioro general de las condiciones de vida, reflejado en una baja generación de ingresos, inseguridad alimentaria e imposibilidad para acceder a servicios de salud y educación en condiciones dignas y normales.
Lo que comenzó como un recrudecimiento del enfrentamiento entre dos grupos armados en el Medio San Juan en 2022 y principios de 2023 se ha extendido a otras zonas de la subregión del San Juan, donde estos grupos disputan el control territorial.
Hoy en día, aquellos que optan por no desplazarse permanecen confinados sin poder entrar o regresar a sus municipios.
Intervenciones truncadas
Las medidas tomadas hasta ahora han sido lideradas principalmente por las autoridades locales, como las alcaldías, la personería y las casas de justicia, con el apoyo de la cooperación internacional encabezada por el Consejo Noruego, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Defensoría del Pueblo a nivel departamental.
Aunque se han convocado consejos de seguridad y comités de prevención y protección, y se han instalado mesas de atención y seguimiento de las emergencias humanitarias con el respaldo de los organismos internacionales, la respuesta por parte de la gobernación del Chocó y la Unidad de Víctimas ha sido limitada.
Un hecho destacable que evidencia la crudeza del conflicto en esta zona del Chocó ha sido el intento del Comité de la Cruz Roja de entablar diálogos con los grupos armados para habilitar corredores humanitarios.
Aunque el ELN anunció la habilitación de un corredor, según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), un hecho violatorio del Derecho Internacional Humanitario impidió la llegada de ayuda a las comunidades más afectadas por los confinamientos.
Una caravana de 20 lanchas con ayuda y atención de las personerías de la zona que se dirigía a las comunidades de Chambacú y Noanamá debió dar vuelta atrás a la altura de Bocas del Rio Sipí, al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado.
Estos sucesos reflejan la alarmante situación que vive la región en términos de seguridad, agravada por la persistente crisis social en el único departamento de Colombia con salida a dos mares.
No debemos olvidar que el Chocó lidera las cifras de pobreza monetaria, con una incidencia del 64,6% en todo el territorio y una incidencia aún mayor en su capital, Quibdó, con un 64,8%, según las cifras más recientes del DANE.
Es fundamental buscar soluciones políticas y sociales que aborden las causas subyacentes de la guerra en la región, a través de un diálogo inclusivo con los diversos actores involucrados, incluyendo a las comunidades étnicas.
Además, el departamento ha experimentado una inestabilidad política y administrativa debido al período de gobierno legalmente complicado del actual gobernador, que no ha completado ni la mitad de los tres años y medio de su cargo.
El papel del gobierno
Ante esta situación estructural, es crucial que el gobierno colombiano tome medidas urgentes que contribuyan a una pronta salida de la emergencia en materia de seguridad.
Es necesario un despliegue efectivo de las fuerzas armadas para recuperar el control de los territorios disputados por los grupos armados en el departamento. Además, se deben comunicar claramente los avances y logros reales de la política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro, así como el papel que desempeñará el Chocó en las instancias, mecanismos, fondos y otros instrumentos de construcción de paz derivados de estas negociaciones.
Además, se requiere una intervención especial y contingente que articule los diferentes niveles de gobierno en beneficio del Chocó.
Es fundamental buscar soluciones políticas y sociales que aborden las causas subyacentes de la guerra en la región, a través de un diálogo inclusivo con los diversos actores involucrados, incluyendo a las comunidades étnicas. Se debe trabajar en la construcción de confianza y acelerar los acuerdos derivados del Paro Cívico de 2017.
El pueblo chocoano, que día a día alimenta su desesperanza, pero sigue resistiendo con dignidad y valentía, merece que se atiendan sus necesidades y se construya una paz duradera y justa.
En conclusión, la situación en el departamento del Chocó es desgarradora y demanda una acción inmediata. El conflicto armado, los paros armados y los confinamientos han sumido a las comunidades en un estado de sufrimiento y angustia.
Es necesario un enfoque integral que combine la fuerza militar para restaurar la seguridad y el orden, junto con el diálogo inclusivo y soluciones políticas y sociales para abordar las causas subyacentes del conflicto.
