Un texto para dudar de la legitimidad del centralismo y la hegemonía del Estado en las zonas ¨apartadas¨, donde las luchas políticas, el clientelismo y la extracción ilegal de recursos naturales son el pan de cada día ¿Quiénes entran en juego ahora?
Julián Eduardo Barbosa*
Configuraciones locales del Estado. Titulación colectiva, economías de enclave y etnicidad en el pacífico colombiano
Sandra Patricia Martínez Basallo
Programa Editorial Universidad del Valle
2013, 301 págs.
La acción estadual desde una mirada local
El Estado colombiano, como muchos otros, se ha presentado como un agente efectivo y coherente en el proyecto hegemónico y centralizado que busca trasladar su foco de acción hacia las diferentes regiones del país. Sin embargo ¿es esta acción del Estado realmente efectiva? ¿Cómo se puede ver afectada por los intereses, disputas y negociaciones de distintos agentes?
En su libro, Sandra Martínez pone en juicio este gran proyecto hegemónico examinando las configuraciones locales del Estado en las cuales intervienen diferentes agentes en la lucha por el poder económico y territorial.
La autora centra su estudio en las interacciones entre las comunidades y el Estado en algunas zonas separadas del foco de atención, como lo es el Alto Atrato de la región del Pacífico, en las cuales intervienen diferentes luchas y negociaciones de líderes locales, burócratas y agentes del Estado en contextos de minería ilegal, clientelismo, corrupción y conflicto armado.
Sin embargo, el análisis no es nada prometedor en términos de inclusión multicultural y sostenibilidad ambiental: zonas como el Alto Atrato sufren de la falta de políticas efectivas de reconocimiento a las comunidades negras que busquen la superación de las difíciles condiciones de vida que aqueja la región.
Tres puntos centrales
 Restitución de Tierras en el Chocó Foto: Unidad de Restitución de Tierras |
El estudio de Sandra Martínez lleva a cabo el análisis de tres circunstancias puntuales:
- la organización campesina en el Alto Atrato en el marco del proceso histórico de la titulación colectiva de tierras;
- los impactos de las economías de enclave en los procesos organizativos, y
- las configuraciones locales de la política de titulación colectiva.
Sobre el primer punto, Sandra Martínez muestra cómo las reformas del Estado en favor de la titulación colectiva de tierras han generado interacciones entre la organización campesina, la burocracia regional o nacional y las organizaciones no gubernamentales.
La propuesta en definitiva es entender al Estado como un “modelo de ordenamiento social” construido a partir de disputas y negociaciones en diversos niveles de la sociedad.
La autora señala cómo la organización campesina no es nueva en el territorio, ni fue promovida por la ley 70 de 1993 pues desde mucho antes han existido formas tradicionales de autoridad e instancias institucionales de representación asociadas con las Juntas de Acción Comunal. Esto muestra que el proceso de formación de líderes no fue espontáneo.
Además, las iglesias y las universidades jugaron un papel central en el acompañamiento y profesionalización de líderes que se fueron vinculando a los procesos organizativos de comunidades negras.
El segundo punto analiza el impacto de la explotación minera y forestal sobre la soberanía económica que las poblaciones buscan conseguir, y hace énfasis sobre la autonomía de los procesos organizativos de las comunidades negras.
En este punto, la autora muestra que más allá del discurso de defensa del medio ambiente que se ha ido imponiendo sobre algunas organizaciones, la gente del territorio se enfrenta día a día a necesidades que logran suplir a partir de la explotación de las tierras.
Finalmente, en el tercer punto del análisis la autora sostiene que suele haber una desconfianza por parte de la población local hacia el poder central del Estado. Y demuestra cómo hay un funcionamiento desorganizado de la burocracia que muestra cómo el Estado no es coherente y unitario.
Aun así, el estudio de Sandra Martínez pone al desnudo el poder de las burocracias locales y cómo este se conecta con la autoridad estatal central en la destinación de las tierras a las comunidades.
Disputas y relaciones de poder
 Río Atrato Foto: Asoatrato |
El análisis de Sandra Martínez muestra que hay un excesivo apego por lo legal coordinado desde Bogotá y tramitado por la burocracia local, lo que demostraría las relaciones asimétricas de poder y dominación entre las burocracias (que representan al Estado) y las comunidades negras. Esto supondría, para la autora, que las políticas están siendo encaminadas a favor de uno de esos dos actores.
La burocracia no sería entonces neutral y, más bien, obedecería a una clientela que actúa conforme a las decisiones políticas tomadas por los altos mandos. Sandra Martínez expone algunos ejemplos que sustentan estas afirmaciones los cuales se concretan con los títulos otorgados de forma expedita a multinacionales mineras, en contraste con las demoras y procesos dilatorios de la titulación colectiva de las comunidades negras.
La población del Pacífico colombiano se enfrenta hoy en día con relaciones de poder en las cuales la extracción ilegal de recursos y la burocracia estadual terminan siendo los agentes dominantes de tal relación.
Debe tenerse en cuenta también el papel de la política tradicional local y las disputas con los campesinos negros organizados, pues estos últimos acaban por disputarles “los fundamentos de su poder”.
Además, la población se enfrenta a una relación desigual de poder con los dueños de las economías ilegales que se asientan sobre su territorio, lo que hace más difícil aún la política de titulación colectiva. Nuevamente la población se encuentra en desventaja, lo que la lleva intensificar la extracción, generalmente ilegal, de recursos naturales al ser la única opción de sobrevivencia.
Esta economía de extracción no solo afecta al medio ambiente y a los sistemas productivos, sino que también tiene impactos sociales reflejados en la entrada de actores armados legales e ilegales que en ocasiones custodian los negocios de los dueños de esas economías.
Zonas como el Alto Atrato sufren de la falta de implementación de políticas efectivas de reconocimiento a las comunidades negras que busquen la superación de las difíciles condiciones de vida que aqueja la región.
En general, cada miembro del consejo comunitario recibe alguna contraprestación económica por parte de los empresarios mineros que termina por convertirse en el sostén de las economías locales. Estos procesos económicos no fueron necesariamente impuestos de manera violenta en el territorio, de ahí que algunos hayan contado con el consentimiento de las comunidades.
Así, se pueden rastrear principalmente dos retos que enfrentan las comunidades:
– Superar las disputas internas por la defensa del medio ambiente y el territorio
– La búsqueda de la comunidad de convertirse en la autoridad ambiental del territorio
Tal vez el aporte más significativo del texto es la invitación a repensar la mirada tradicional de la relación de disputa entre las “comunidades subalternas” (que encarnan proyectos de resistencia) y “el Estado que tiene un proyecto de dominación” (defensor del statu quo).
La propuesta en definitiva es entender al Estado como un “modelo de ordenamiento social” construido a partir de disputas y negociaciones en diversos niveles de la sociedad. La presencia del Estado sobre el territorio chocoano supone un carácter ambiguo, y algunas veces contradictorio, pues no siempre logra imponer su dominio hegemónico, pero sí produce efectos de poder, en palabras de la autora, sobre el único territorio colombiano con una reforma agraria implementada.
*Investigador del Centro de Pensamiento www.AlaOrilladelRío.com. Historiador y politólogo de la Universidad de los Andes. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Investigator y docente de la Universidad de San Buenaventura.