Chile se ha convertido en un ejemplo para América Latina en este campo. ¿El secreto? Identificación de riesgos y presencia estatal. Colombia tiene mucho que aprender de su experiencia.
Con decisión, con dientes y con recursos
Chile es el único país de América Latina que cuenta con excelente gestión de la política de ciencia, tecnología e innovación (CT+I).
Su estrategia comienza por reconocer la necesidad de una institucionalidad moderna, que incluye un organismo que establezca orientaciones consistentes y de largo plazo para asegurar la pertinencia y la coordinación de las políticas de ciencia e innovación (separando la formulación de la ejecución), y que evalúe el cumplimiento de las políticas adoptadas por los gobiernos de turno.
Una actividad de explotación de recursos no renovables debería alimentar la acumulación de recursos renovables en la forma de conocimiento, ciencia e innovación.
La primera versión de ese modelo fue la de un organismo asesor, pero esta opción fue descartada porque el gobierno no asumiría ningún costo político en el caso de incumplir sus compromisos (lo cual es un ejemplo de la “inconsistencia dinámica”, que analizaré más adelante).
La segunda versión fue un ente autónomo con capacidad técnica y con los recursos para ejecutar la política (similar al Banco de la República en Colombia), pero esta también se descartó porque el ente actuaría como juez y como parte, perdiendo su objetividad. Además, las acciones estatales en ciencia e innovación se ejecutan a través de muchos órganos del Estado.
 La actual Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Foto: UN Women |
En 2006 se optó entonces por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), un organismo autónomo que elabora la estrategia de largo plazo y evalúa el cumplimiento de los compromisos del gobierno de turno.
El Consejo está formado por representantes del sector público, de la academia y del sector privado, seleccionados por meritocracia y con anuencia del presidente de la Republica. Por su parte, el Comité de Ministros de Innovación es el responsable ante el Consejo por el cumplimiento de la política que asuma cada gobierno.
Otro hecho central en la reforma chilena, que tiene gran importancia política, fue la arriesgada decisión de someter, en la campaña electoral de 2002, a consideración de la ciudadanía la propuesta de crear una regalía sobre la renta gravable de las empresas mineras, -nótese la contundente primacía de las próximas generaciones con relación a las próximas elecciones.Esto se hizo bajo la idea de que una actividad de explotación de recursos no renovables debería alimentar la acumulación de recursos renovables en la forma de conocimiento, ciencia e innovación. La ciudadanía chilena lo entendió así y apoyó la propuesta.
De allí nació el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), que se creó en 2006 y que se ha convertido en una fuente muy importante para financiar la investigación y la innovación en Chile.
El primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) continuó el proceso de concertación de la estrategia nacional de ciencia e innovación para la competitividad (ENIC), iniciado bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Este gobierno acordó la reforma institucional del sector, así como el vínculo de la investigación con las necesidades del sector productivo y de la sociedad en su conjunto.
La ENIC chilena se basa en una intensa presencia estatal para apoyar la ciencia y la innovación, lo cual está muy lejos de la visión neoclásica del Consenso de Washington, según la cual el mercado induce de manera automática una inversión óptima en estas materias. En América Latina la realidad ha probado lo contrario: la inversión total en investigación y desarrollo ha sido claramente insuficiente para catalizar el desarrollo y la inclusión social –la inversión colombiana en I&D equivale a la tercera parte del promedio de América Latina y a la undécima de la de los países de la OCDE.
 Viña en Chile equipada con tecnología de punta. Foto: GrahamAndDaime |
Fallas del mercado… y fallas del Estado
En nuestro continente, se ha demostrado que, con relación a las fallas de mercado, junto al problema de la apropiabilidad del conocimiento en la investigación básica –la única falla de mercado aceptada por la visión neoclásica-, la ciencia y la tecnología no son de acceso fácil: este está restringido por un sistema riguroso e intrincado de propiedad intelectual que implica “asimetrías de información” y excesivo poder de mercado por parte del propietario de la tecnología.
Otras fallas de mercado son las asimetrías de información, las fallas de coordinación y la intangibilidad de los activos de conocimiento –imposibilidad que una patente constituya una garantía de un crédito.
Además de las fallas de mercado, en materia de ciencia e innovación existen las fallas “sistémicas”: brechas entre las necesidades de los actores y la pertinencia o dimensión de los servicios disponibles dentro del sistema –en Colombia un ejemplo es el déficit en la oferta de educación técnica y tecnológica frente a la demanda actual y potencial para impulsar la innovación.
Pero además el trabajo chileno, con José Miguel Benavente a la cabeza, se ha ocupado de las fallas del Estado: por ejemplo, la “inconsistencia dinámica” o la dificultad que enfrenta una autoridad para adoptar y mantener políticas que implican costos en el corto plazo y cuyos beneficios se ven en el largo plazo. Un indicador de esta falla es la poca inversión pública en CT&I.
Otra falla del Estado es la “captura” esto es, el abuso de los subsidios a la CT&I por parte de actores que en realidad no investigan ni innovan. Otros son los problemas de “agencia”, o resistencias de intereses creados a los cambios que buscan las políticas.
Estas fallas de mercado, de sistema y de Estado justifican la regulación cuidadosa, la acción directa del Estado y la vigilancia cercana de la ciudadanía y de todos los sectores que se ven afectados por el avance o no avance en materia de CT&I.
Mirando al futuro
Los chilenos consideran como mediano plazo los próximos diez años y extienden el largo plazo hasta el 2050.
En 2006 se decidió adelantar un estudio de competitividad en clústeres de la economía chilena con el apoyo de una consultora internacional escogida por licitación pública. Esta consultora identificó los 100 sectores más promisorios de Chile ante el mundo en la siguiente década, así como los ocho clústeres de mayor potencial y las cinco grandes plataformas habilitadoras del crecimiento económico futuro.
Además, en 2010, el CNIC contrató una evaluación externa de la estrategia nacional de innovación, dirigida por el profesor Morris Teubal. Esta evaluación recomendó adoptar programas e instrumentos para fortalecer la capacidad de innovación de las empresas, y aumentar las investigaciones aplicadas para mejor adaptarse a las necesidades del país.
A mediano y largo plazo se recomendó impulsar un sector robusto de capital de riesgo en las etapas tempranas de las pymes innovadoras, así como un entorno que ayude a fortalecer los clústeres y a diversificar la producción en áreas de alto potencial industrial.
Para ello, el CNIC elaboró la Agenda de Innovación y Competitividad 2010-2020, cuyo objetivo es promover la innovación empresarial, con la ciencia, la tecnología y la innovación como factores fundamentales. Se recomienda el desarrollo de un ecosistema para la innovación empresarial y el apoyo a la innovación empresarial en sectores con ventajas competitivas. Lamentablemente, estas recomendaciones no fueron tenidas en cuenta por el gobierno de Sebastián Piñera.
Otro documento guía del futuro chileno son las Orientaciones Estratégicas para la Innovación (2013). Aquí se identifican seis horizontes, desde lo inmediato hasta el futuro de largo plazo. Los chilenos consideran como mediano plazo los próximos diez años y extienden el largo plazo hasta el 2050.
Apelando a la metáfora del surfeo, dice el documento: “En una era en que todo cambia como si se tratara de un mar agitado –el poder, las reglas, las instituciones, las tecnologías, los productos, las necesidades y los deseos– lo que queda como trasfondo permanente consiste en seres humanos conversando entre sí de diversas maneras en una larga conversación interminable en la que hacen emerger sus mundos”.
(Para el caso de Colombia, por ejemplo, podría decirse que debido a su diversidad cultural es preciso tener en cuenta en esa conversación los conocimientos tradicionales).
El segundo gobierno de Bachelet está comprometido a retomar la política de clústeres, e impulsará la sanción legal del Consejo Nacional de Innovación y del Fondo de Innovación para la Competitividad. Estas medidas se conectarán con la reforma educativa –que merece una reflexión aparte- y buscarán estimular la formación en ingenierías y los vínculos transnacionales. También se impulsarán la innovación con alto impacto social, y será fortalecido un ecosistema de emprendimiento dinámico.
También los colombianos deberíamos sentipensarlo y proyectarnos al futuro desde el complejo presente. Para ello el modelo chileno es una guía.
* Ingeniero Industrial, magíster en Estudios Latinoamericanos, especialista en política de ciencia e innovación, gestión tecnológica, propiedad industrial, desarrollo regional y cooperación tecnológica internacional.
