Una mirada desde el interior del movimiento indígena del Cauca: a pesar de una profunda desconfianza mutua, parece abrirse la posibilidad de una negociación con el gobierno. ¿Será éste capaz de aceptar a los indígenas como interlocutores legítimos?
Andrés Chilito* – Zorany Zúñiga Vega**
Se han ganado el respeto
La importancia del movimiento indígena del Cauca no radica solamente en su capacidad de movilización para hacer visibles sus reivindicaciones: también se expresa a la hora de entablar negociaciones con los diversos gobiernos que ha confrontado en el pasado. Esto ha hecho que el movimiento sea reconocido como una de las pocas expresiones de la sociedad civil que es capaz de convertirse en interlocutor directo del Estado, asumiendo vocerías y tratando problemas que ni siquiera la clase política caucana ha estado dispuesta a asumir.
 El movimiento indígena es reconocido como una de las pocas expresiones de la sociedad civil que es capaz de convertirse en interlocutor directo del Estado. Foto: El Liberal. |
La prueba de esta secuencia de negociaciones es bien sencilla: constantemente se habla del incumplimiento de acuerdos pactados y de estrategias para deslegitimar la protesta de los indígenas.
En este escenario, el tema de la guerra es recurrente: el Cauca ha sido un territorio donde grupos armados ilegales han ejercido una presencia histórica y donde el conflicto ha escalado a sus máximas proporciones, resultando sus comunidades campesinas e indígenas las más afectadas.
Sin embargo, estas mismas comunidades hablan hoy en día en forma decidida y consensuada de una salida política negociada al conflicto, basada inicialmente en la humanización de la guerra y en el respeto por la autonomía de sus territorios.
Historia de las movilizaciones
Entre los años setenta y ochenta tuvieron lugar la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) que lograron convertirse en interlocutores válidos frente al Estado, debido a un largo proceso de resistencia.
 El Cauca ha sido un territorio donde grupos armados ilegales han ejercido una presencia histórica.Foto: Tomada de Infolatam. |
En su trasegar, estos movimientos han demostrado que el poder no es un atributo exclusivo del Estado. Sus acciones -principalmente mingas o grandes movilizaciones- revelan una clara intencionalidad política: son expresión de sus propias formas de organización, de desarrollo y de cultura. Por eso alteran el orden político y social constituido.
De esta manera, han sido múltiples las experiencias de movilización, en donde la estrategia del “taponamiento” de la Vía Panamericana aparece como el mecanismo de protesta más conocido a la hora de presionar al gobierno nacional. Entre las más recientes encontramos:
- La movilización de 2004, cuando miles de indígenas marcharon hasta Cali, exigiendo el cumplimiento de acuerdos anteriores, relacionados básicamente con la recuperación de tierras, la calidad de vida, el fomento de la educación propia y la expulsión del conflicto armado de sus territorios. Este proceso se ha fue consolidando en lo que hoy se conoce como “La Minga Social y Comunitaria”, que cuenta con el respaldo de muy amplios sectores.
- En 2008, se movilizan nuevamente, logrando entablar un diálogo directo con uno de sus mayores contradictores: el presidente Uribe. Este encuentro tuvo lugar en La María–Piendamó, territorio declarado por estas comunidades como de “Paz, Convivencia, Diálogo y Negociación”.
- Ante los incumplimientos y la falta de garantías, se toma la decisión de movilizarse a Bogotá el 11 de octubre del mismo año. A pesar de los múltiples esfuerzos por deslegitimar la movilización, la marcha continuó y se hizo más fuerte, logrando la solidaridad y el reconocimiento nacional e internacional de una región y un pueblo que históricamente han sido abandonados por el Estado; en este caso, se reclamaba el respeto del Derecho Internacional Humanitario en el marco de la guerra, el cual había sido ratificado por el gobierno colombiano.
Estas movilizaciones pusieron en escena un contrapoder que le ha representado cierta legitimidad a la hora de servir como vocero y representante de los intereses ya no solo de los pueblos indígenas, sino de todos los ciudadanos colombianos. Aparecen nuevas reivindicaciones y protestas: la oposición a los TLC y el rechazo frente a la explotación de los recursos naturales mediante “megaproyectos” por parte de compañías extranjeras.
Sus exigencias trascienden la línea regional para señalar problemas que afectan directa o indirectamente a todos los colombianos. En el plano regional, el movimiento indígena ha puesto de manifiesto la falta de representatividad de la clase política caucana.
La paz, meta fundamental
La apuesta por la paz siempre ha estado presente: es una de sus reivindicaciones centrales del movimiento indígena, el pilar para conformar y llevar en armonía sus “planes de vida”, pues la guerra desequilibra toda forma natural de convivencia.
 Las mingas una clara intencionalidad política: son expresión de sus propias formas de organización, de desarrollo y de cultura. Foto: mfpic.org |
Por tanto, es lógico que se quiera evitar y sacar todo aquello que irrumpa y atente con la unidad de los territorios de estos pueblos indígenas: en varias ocasiones se ha expulsado a la guerrilla, y como en el caso actual de Toribío, se ha acudido a la destrucción directa de las trincheras de la Policía y del Ejército instaladas en la cabecera municipal y en zonas cercanas a escuelas y a hospitales.
Esta decisión no es más que el acto de un pueblo organizado que hace uso de su autonomía —reconocida por el mismo Estado— y que es coherente con la apuesta por la paz desde las bases: quienes viven en constante interacción con los grupos armados tienen toda la potestad a la hora de acordar un marco y unas vías para el logro de la misma, mediante un trabajo previo en múltiples asambleas comunitarias.
Reaprender el diálogo civilizado
Los acontecimientos de Toribío han puesto de manifiesto un conflicto que ya no solo es del Cauca —como la mayoría de los medios pretenden presentarlo— sino de todo el país y que está lejos de acabarse por la vía armada frente a una guerrilla históricamente enquistada en estos territorios.
A lo largo de este proceso, el movimiento indígena y otros sectores que lo acompañan han propuesto una agenda para intentar negociar nuevamente con el gobierno, a pesar del diálogo fallido cuando el presidente Santos se presentó con sus ministros en Toribío, desconociendo toda lógica de participación comunitaria.
Los representantes del gobierno central resaltan tres mandatos constitucionales:
- por un lado, el monopolio legítimo de la fuerza del Estado;
- en segundo lugar, la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios;
- y por último, en el marco del conflicto armado, el respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte, el movimiento indígena aclara que no desconoce el monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado, pero discute su proceder o los métodos utilizados en sus territorios. Piden un diálogo humanitario, que los puestos de Policía y Ejército se instalen por fuera de las cabeceras y de los territorios sagrados. Exigen unas condiciones mínimas: que los niños y niñas sean sacados del conflicto, que se evite el desplazamiento forzado, que se erradiquen las minas antipersonales y que desaparezca la violencia sexual contra sus mujeres por parte de los actores armados.
El cumplimiento de la obligación de respetar su autonomía territorial —de origen constitucional— ha quedado refrendada con la última sentencia de la Corte Constitucional: mediante el fallo a favor de las comunidades indígenas del Guaviare y del Meta, las bases militares deberán ser retiradas de estos territorios por atentar contra el buen vivir, el desarrollo y la supervivencia de estas etnias.
Aunque a simple vista, la agenda propuesta por el movimiento indígena no parece incluir nada que esté por fuera de la ley —como muchos han tratado de hacer creer— el gobierno parece dispuesto a ceder: al igual que su antecesor, insiste en que no puede haber territorio vedado para las fuerzas militares y ordenó retomar el control del cerro Berlín, en Toribío.
El avance de las negociaciones
El panorama de las nuevas negociaciones está ya marcado por el primer intento fallido de acercamiento y por la presión ejercida por el movimiento indígena a través de la minga. Desde el 10 de julio, se movilizan hacia La María-Piendamó para buscar un diálogo directo con el presidente Santos y sus ministros, pero esta vez en su territorio y bajo sus propias medidas de seguridad.
Es posible que no se consigan mayores acuerdos dada la evidente desconfianza entre las partes y ante la negativa del gobierno de ceder el manejo de la seguridad a la guardia indígena.
Desde la perspectiva del movimiento indígena, el conflicto se debe analizar bajo tres ejes conceptuales: la cooperación, la percepción y el poder. De ahí que intente ganar espacio, buscando el equilibrio de fuerzas, mediante la cooperación de múltiples sectores sociales, para hacer contrapeso a la percepción negativa de la opinión pública derivada del episodio de “las lágrimas del sargento García” y buscando proyectar su poder como comunidad mediante la minga.
En fin, para que el proceso sea exitoso, las partes deben considerarse como interlocutores legítimos, los puntos de la agenda deben estar claros, y debe existir una voluntad real de negociación para alcanzar a intereses comunes razonables.
La negociación actual es atípica frente a otras experiencias: por un lado, el movimiento indígena desconfía profundamente del gobierno debido a las promesas incumplidas en el pasado, y a su vez, el gobierno descalifica el proceso porque favorece a la guerrilla, insinuando una infiltración de guerrilleros en el movimiento indígena.
El reto consiste en impulsar un proceso de paz que empiece por atender a quienes padecen el conflicto diariamente: dar la oportunidad al movimiento indígena y al propio departamento del Cauca de construir colectivamente un proyecto de futuro.
* Politólogo, magister y estudiante de doctorado en Ciencia Política de la Universidad General San Martín en Argentina, profesor de la Universidad del Cauca.
** Politóloga, estudiante de la maestría en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universidad de Jaume I en España.