El Cauca no tiene un solo día de paz, la muerte ronda en cada esquina. ¿Por qué la firma del Acuerdo con las FARC no frenó la violencia?
Camilo González Posso*
Una violencia confusa
El Cauca sigue siendo el departamento número uno en cuanto a asesinatos de líderes sociales y amenazas a organizaciones y comunidades. Pero la información sobre este drama es bastante confusa:
- Según la Procuraduría, en el Cauca sólo ha tenido lugar uno de los 45 asesinatos de defensores de los reclamantes de tierras en el país.
- Según la Fiscalía, la mayoría de los asesinatos en el departamento obedecen a choques entre particulares y una buena parte del resto se atribuye a grupos delincuenciales menores, residuales de las FARC o al ELN.
- En su lista de riesgos, la Defensoría del Pueblo sólo alerta por la presencia de disidentes de las FARC, comandos del ELN y grupos pos-desmovilización en 22 municipios del Cauca.
- En contraste, la Red por la Vida y la Marcha Patriótica señalan que la mayoría de las veces los perpetradores son grupos paramilitares o neo-paramilitares.
- Los dirigentes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) indican que los hechos violentos en el norte del departamento están asociados sobre todo con disputas entre grupos armados por negocios del narcotráfico en sus rutas hacia el Pacífico y con respuestas criminales a los conflictos territoriales.
La terminación del conflicto con las FARC, aunque era la columna vertebral, no significaba el cese total de los conflictos sociales ni la no aparición de nuevos conflictos.
Todo lo anterior parece un galimatías. Pero -como sugeriré a continuación- es posible inferir algunas pistas sobre por qué persiste la violencia en una región que esperó ansiosa la paz después de décadas de confrontaciones armadas. Estas pistas son incompletas, porque falta profundizar sobre los patrones y conflictos de fondo que explicarían el aumento de la violencia en 32 de los 42 municipios del Cauca después de ser firmado el Acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.
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Nueva etapa de violencia
Los informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) muestran los mapas de los últimos años: 53 líderes asesinados y centenares amenazados con posterioridad a la firma del Acuerdo. Las situaciones más graves se presentan en los municipios del norte del Cauca y en la Costa Pacífica, así:
Mapa 1. Cauca: Asesinatos contra líderes sociales y defensores de DD.HH. 2017 Y 2018
Fuente: Indepaz
Las descripciones que hacen autoridades o voceros de las organizaciones apuntan hacia una nueva etapa del conflicto, que comenzó con la firma de los acuerdos en La Habana. El giro hacia una recomposición en el control territorial se aceleró cuando recibieron señales de la irreversibilidad del proceso de paz. Entonces comenzó el reacomodo, que se volvió turbulento cuando se pasó la prueba de la renegociación y se firmó el acuerdo definitivo en diciembre de 2016.
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La disputa por las rentas
 Marcha de la población del Cauc en rechazo a la violencia. Foto: Alcaldía de Miranda- Cauca |
La terminación del conflicto con las FARC, aunque era la columna vertebral, no significaba el cese total de los conflictos sociales ni la no aparición de nuevos conflictos con los grupos armados ajenos al pacto o con fracciones interesadas en continuar con negocios ilícitos, oportunidades de lucro para algunos.
La persistencia de grupos armados y de la violencia contra comunidades y líderes sociales está ligada a la disputa por rentas de los negocios de marihuana, hoja de coca o pasta básica como insumo para la cocaína.
Bastaría con observar las veredas de los municipios de Corinto, Caloto, Miranda y Toribío, donde se encuentra el centro de producción de marihuana más grande de Colombia. Se habla de 4.000 hectáreas o de 7.000 hectáreas de marihuana crispi que tiene mota con alta concentración de THC y que es comercializada por grupos cuyos centros de operación y distribución nacional e internacional están en Medellín y Bogotá.
Campesinos e indígenas de esa zona -mujeres en su mayoría- se encargan de las tareas productivas, los grupos armados se ocupan de la seguridad y cobran cuotas a los traficantes. Parte de ese negocio de cobros estaba controlado por las FARC, pero después de su repliegue algunos excombatientes y exmilicianos se reagruparon bajo diversos nombres como Nueva Generación, Farc-EP o EPL.
Campesinos e indígenas de esa zona, mujeres en su mayoría, se encargan de las tareas productivas, los grupos armados se ocupan de la seguridad y cobran cuotas a los traficantes.
La retoma de control y cobros se da en medio de choques armados y con nuevos métodos para intimidar a las comunidades, a los pequeños productores y a las organizaciones en el área de influencia como las rutas hacia el Pacífico por los municipios de Suárez, Buenos Aires y la cuenca del río Naya.
En lo tocante a la coca, la Costa Pacífica del Cauca es parte de la infraestructura que han montado los narcotraficantes desde la frontera con Ecuador a Panamá y en particular desde Tumaco a Buenaventura; a ella se encadenan los cultivos en Guapí, Timbiquí, Argelia y El Tambo que aumentaron geométricamente, desde 3.300 hectáreas en 2013 a más de 15.000 en 2017.
El reemplazo de las FARC en eslabones de ese negocio parece haber comenzado desde 2014, cuando se firmó el borrador de pacto sobre drogas y cultivos de uso ilícito.
El ELN se fortaleció en El Tambo y pequeños grupos residuales o disidentes de las FARC han tratado de retomar controles y rentas ilícitas; también entraron en la disputa bandas de sicarios al servicio de narcotraficantes, integrantes del Clan del Golfo y eslabones de los carteles mexicanos que tienen agentes en Tumaco y otros municipios de Nariño.
Aunque con menor peso también han aumentado los conflictos violentos por minería de oro hacia los municipios del Macizo, en Suárez, Buenos Aires y en los ríos del Pacifico especialmente en la cuenca del López de Micay. Allí operan mafias protegidas por sicarios, y el ELN también hace presencia.
Rechazo, polarización y carencias estatales
 Habitantes del Cauca discutiendo sobre la violencia que azota a su región. Foto: Centro de Memoria Histórica |
La reconfiguración territorial para la economía de la cocaína, de la marihuana o de la minería choca con los intereses y derechos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y con sus expectativas sobre planes de vida, desarrollo territorial o reconversión de economías ilegales.
En concordancia con el Acuerdo de Paz, las autoridades y líderes de las organizaciones quieren desterrar definitivamente los grupos armados de sus territorios, dar solución a las economías declaradas ilícitas y a la vinculación de indígenas, afros o campesinos que siguen siendo cooptados por grupos armados o redes de narcotraficantes.
Los reacomodos en el post-acuerdo incluyen mayor movimiento de conflictos por la tierra relacionados con los reclamos indígenas y las demandas de los consejos de comunidades negras. Al menos 3 de los 19 indígenas asesinados en el Cauca entre enero de 2017 y julio de 2018 estaban en disputa territorial.
Este problema se suma a la polarización política que mezcla rechazo a las pretensiones territoriales étnicas y oscilación entre pactos de convivencia y estigmatización de las organizaciones sociales y políticas que respaldan aquellas pretensiones.
Al menos 3 de los 19 indígenas asesinados en el Cauca desde enero de 2017 a julio de 2018 estaban en disputa territorial.
Los panfletos con amenazas de muerte llevan los nombres de dirigentes sociales y políticos, así como de funcionarios encargados de protección o de proyectos de desarrollo territorial. La mayoría de esos panfletos pretenden crear zozobra.
En el Cauca se han ensayado todas las estrategias estatales contrainsurgentes, planes de consolidación y de erradicación de cultivos de coca. El Estado tiene una presencia débil en la zona, aunque con alta militarización y cubrimiento para la protección de ingenios e infraestructura.
- Las Brigadas III y XXIV tienen presencia en 23 municipios del departamento con 10 batallones, el Gaula y 5 Brigadas Móviles de la Fuerza de Tarea Apolo; la Policía Nacional cubre todo el departamento con 40 estaciones y sus subestaciones, más carabineros y grupos de operaciones especiales, de inteligencia y hasta de erradicadores de cultivos ilícitos. La Fiscalía ha ampliado su presencia.
Pero la persistencia de la violencia y las agresiones criminales contra las comunidades y organizaciones indican que el enfoque de seguridad ha sido insuficiente y desarticulado respecto de los planes de desarrollo territorial.
- Los programas de reconversión no han llegado a las zonas de la marihuana y se han quedado en expectativa en municipios cocaleros como El Tambo, Argelia o Guapi. Han llegado más rápido las nuevas ofertas de la mafia y sus grupos armados que los programas oficiales.
- Los recursos adicionales para programas integrales en el post-acuerdo no han llegado realmente a la gente.
- La seguridad en esas condiciones llega a los líderes con apuestas de protección individual o con promesas de investigación cuando los hechos ya han sido consumados.
En medio de semejante desastre, desde el Cauca todo se comunica: las redes sociales replican, las protestas comienzan a organizarse y los comunicados empiezan a circular.
Tantas historias de violencia han llevado a la sociedad a un estado permanente de indignación y disposición a la acción colectiva. Todos los días hay asambleas y reuniones para organizar alguna minga, un acto de resistencia o un encuentro cultural e intercultural.
Todas las semanas se entierra un líder y en ese mismo evento de duelo solemne se hace el relevo para finalizar las tareas pendientes. Son miles los líderes en alerta cotidiana y en formas de protección colectiva, las cuales no exoneran la responsabilidad al Estado por la crisis de violencia permanente.
*Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
