Los dos casos

El juicio contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez es un hito en la historia colombiana. Por eso no puede comprenderse ni limitarse a un simple proceso judicial de carácter penal. 

Por el contrario, se encuentra inscrito en una coyuntura política donde lo que está en juego es mucho más trascendental. Está en juego un asunto de responsabilidad política que va más allá de un veredicto de inocencia o culpabilidad personal. No es tanto un asunto penal sino más bien uno profundamente político con trascendencia histórica. 

Le recomendamos: Álvaro Uribe y los falsos positivos

La prescripción del caso penal 

La acción penal por parte del Estado prescribe a los seis años a partir de la indagatoria, y en este caso la indagatoria tuvo lugar el 8 de octubre de 2019; no queda entonces mucho tiempo para que prescriba el proceso. 

De esta manera según los expertos penalistas, como Francisco Bernate en esta misma edición de Razón Pública, el desenlace de la llamada a juicio no será otro que la prescripción, porque “las tres diligencias que restan, acusación, preparatoria y juicio antes del 8 de octubre de 2025 no es algo que se vea siquiera como posible”.

La impunidad de Ernesto Samper

Si se presenta este desenlace, estaríamos ante una situación similar a la del presidente Ernesto Samper, cuyo juicio político ante el Senado por el proceso 8.000 y la financiación de su campaña por parte del narcotráfico nunca se inició.

De hecho, la Cámara de Representantes emitió una resolución de preclusión por falta de pruebas: “Por 111 votos contra 43 se archivaron los cargos contra el presidente de la República. Ni culpable, ni inocente, el proceso fue precluido”.

No obstante, el mismo expresidente Samper reconocería en declaraciones para el especial “Colombia Vive, 25 años de resistencia”: “Yo acepto que dicha infiltración se produjo” por falta de diligencia, algo corroborado por fallos judiciales contra su exministro de defensa Fernando Botero Zea y el excontralor General de la República, Francisco Becerra Barney, cercanos colaboradores.

En efecto, Samper fue precluido. No se puede negar la verdad y la realidad del ingreso de millones de pesos procedentes del narcotráfico a su campaña presidencial. 

Uribe impune, pero responsable

En el caso del expresidente Uribe lo más seguro es que la preclusión confirme una de las máximas paradojas de la vida política y judicial colombianas: la no correspondencia entre la realidad política de sus actuaciones y la verdad judicial sobre las investigaciones en que han estado incursos. 

Sin embargo, en el caso del expresidente Uribe, la prescripción penal no podrá cubrir y menos eludir su responsabilidad política en la promoción de organizaciones legales como las CONVIVIR, que sirvieron de mampara al crecimiento y la consolidación criminal de las AUC. Lo más lamentable y grave fue que durante su presidencia se desbordaría esa nefasta relación entre grupos paramili tares y miembros de la Fuerza Pública con la ejecución de miles de “falsos positivos”, aupados por la Directiva 29 de 2005 del ministro de defensa Camilo Ospina, en desarrollo de la llamada política de “seguridad democrática”.

Así lo revelan los informes de la Comisión de la Verdad y los recientes testimonios de Salvatore Mancuso y del mismo Otoniel ante la JEP.

En el peor de los casos se confirmaría el lúcido aserto de García Márquez sobre la perversa utilización de la ley para burlar la justicia y del derecho para eludir las penas. Así lo expresó magistralmente en su proclama “Por un país al alcance de los niños” al decir que “en cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. 

De manera que el juicio de última instancia sobre las responsabilidades políticas de los expresidentes, incluidos todos ellos y no solo Samper o Uribe, será siempre una competencia indelegable e imprescriptible de cada ciudadano. 

No le podemos exigir al poder judicial condenas que no está en capacidad de impartir, bien por preclusión como sucedió en el 8000 o por prescripción, como seguramente sucederá con el expresidente Uribe. 

Tendremos, pues, como ciudadanía que situarnos más allá de los procesos judiciales y de las penas, superando intereses y simpatías personales, para emitir un juicio político de responsabilidades y quizás así lanzar fuera de la vida política nacional a quienes incurran en acciones ilegales.

De hecho, hoy todavía son protagonistas de la política muchos de ellos y continúan, sin rubor alguno, decidiendo el destino de todos con absoluta inmunidad judicial e impunidad política.

Puede Leer: Convergencias: Álvaro Uribe y Salvatore Mancuso