Dos golpes contundentes

En su comparecencia ante la JEP, Salvatore Mancuso revivió los fantasmas que siguen persiguiendo al expresidente Álvaro Uribe por el presunto apoyo que recibió de las AUC en sus campañas electorales.

Paralelamente, la juez 41 penal del circuito de Bogotá, Laura Barrera, volvió a negar la preclusión en la investigación por manipulación de testigos y fraude procesal. Señaló que “existen elementos probatorios que permiten afirmar con probabilidad de verdad que el delito de soborno sí existió y que no está desvirtuado que Álvaro Uribe Vélez participó”.

Estos fueron dos embates serios que abren una reflexión sobre las consecuencias de estas acusaciones sobre una de las figuras políticas más influyentes de Colombia, tanto por su beligerancia durante sus dos períodos presidenciales como por su oposición al proceso y al Acuerdo de Paz de 2016.

Aunque se trate de hechos diferentes y de escenarios independientes, ambos acontecimientos, los señalamientos de Mancuso en la JEP y la negación de la preclusión por parte de la juez Barrera, están estrechamente relacionados.

Estos hechos comparten un punto en común ya que afectan la responsabilidad y legitimidad de Uribe en el ejercicio de sus funciones presidenciales, así como su presunta inocencia o culpabilidad personal en el litigio penal que ahora llega a la competencia del Tribunal Penal Superior de Cundinamarca.

Además, hay una responsabilidad en un conflicto armado interméstico en donde se han cometido múltiples y graves delitos. Desde el concierto agravado para delinquir y la parapolítica, hasta la sedición y la rebelión, amalgamadas con el narcotráfico y una secuela de delitos de guerra y lesa humanidad, con los cuales está lidiando hoy la JEP en su busca de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Esto creó organizaciones mutantes como las AUC y las guerrillas, cuya identidad política y criminal cambian según sus necesidades tácticas y estratégicas.

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El origen político del lío judicial

En primer lugar, durante su presidencia, Uribe promovió la Ley 975 de 2005, más conocida como de Justicia y Paz, aunque al final no haya logrado ninguna de estas dos metas. Pero antes de acudir a los estrados judiciales, convocó un referendo constitucional a través de la política mediante la Ley 796 de 2003, en cuyo proyecto incorporó un parágrafo sobre la reducción del tamaño del Congreso.

Dicho parágrafo intentaba “facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz, bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que se realicen antes del 7 de agosto del año 2006, o nombrar directamente, por una sola vez, un número plural de congresistas, diputados y concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados…”

“Los nombres de los congresistas, diputados y concejales a que se refiere este artículo, serán convenidos entre el Gobierno y los grupos armados, y su designación corresponderá al presidente de la República. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista, diputado y concejal”.

Claramente, este parágrafo estaba dirigido a los miembros de las AUC, pues entonces las FARC habían cometido el abominable atentado terrorista contra el club El Nogal y el presidente arreciaba su guerra contra esta guerrilla, sin la más mínima posibilidad de vincularla a un proceso de paz. La Corte Constitucional declaró inexequible ese parágrafo mediante sentencia C-551/03, motivo por el cual no apareció en el texto del referendo sometido a la ciudadanía.

Pero quedaba clara la intención de Uribe de otorgar a miembros de las AUC una favorabilidad política muy amplia, que incluía curules en el Congreso, en Asambleas y Concejos, sin exigencia alguna de verdad, justicia o reparación por las víctimas mortales y los cientos de miles de desplazados dejados por sus crímenes de guerra y lesa humanidad.

Muchos de estos crímenes se cometieron con la complicidad de miembros del Ejército nacional, como lo describió una vez más Salvatore Mancuso en las recientes audiencias públicas ante la JEP.

Posteriormente, los miembros de las AUC se acogerían a la Ley 975 de 2005, pero cuando Mancuso comenzó a revelar cómo las AUC habían contribuido a la elección de por lo menos el 35 % del Congreso en emisión estelar del noticiero RCN del 28 de abril de 2008, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo, —justo veinte días después con casi toda la cúpula de comandantes de las AUC, bajo el cargo de haber seguido delinquiendo desde la cárcel—.

Con el nuevo testimonio de Mancuso, quince años después, el expresidente Uribe niega otra vez la veracidad del apoyo de las AUC en sus fulgurantes triunfos electorales, que lo han consagrado como el único candidato que ha ganado la presidencia en primera vuelta en dos ocasiones.

Triunfo en las urnas e impunidad política

En un foro realizado el 23 de febrero de 2005 sobre “Sostenibilidad de la política de seguridad democrática”, el expresidente Andrés Pastrana advirtió la grave sombra para la legitimidad democrática por la negociación que adelantaba Uribe con las AUC:

“Que si el paramilitarismo controla —según sus propios voceros— y, según diversos entendidos, 300 municipios del país, 40 % de las exportaciones de droga, un alto porcentaje de las tierras cultivables y temibles ejércitos privados cuyas estructuras y zonas de influencia se conservan intactas, es una historia de vieja data.”

“Que el paramilitarismo, con sus dineros, sus armas y sus comodines políticos pueden inclinar la balanza electoral, es un hecho notorio. La pregunta, entonces, bajo tales supuestos, es sí es lícito negociar con tal poder electoral mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad… A la reelección inmediata se le han señalado, desde su concepción y por todos los medios, una extensa gama de incompatibilidades.”

“Sin embargo, su incompatibilidad con un proceso o pacto de paz repercute en dos ámbitos esenciales a la supervivencia misma de nuestra democracia: el proceso de paz y el proceso electoral. Mientras proceso de paz, poder político paramilitar y elecciones no se deslinden, se abre el espacio a la suspicacia, riesgo al que no se puede exponer la democracia representativa”.

En efecto, eso sucedió. Pero el triunfo inobjetable de Uribe en las urnas con 7.397. 835 votos, el 62,35 % de los válidos, legitimó lo que tuvo origen en la reforma constitucional de un “articulito” aprobado gracias a la comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer.

Posteriormente, “la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 80 meses de prisión a los exministros Sabas Eduardo Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, así como a 60 meses de prisión al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez Echeverri”. De esta forma el expresidente Uribe se aseguró un triunfo en las urnas y una impunidad política inexpugnable.

De la impunidad a la culpabilidad penal

Pero ahora se encuentra en un escenario diferente.

Está por verse si sale airoso de los cargos penales que se le imputan por incurrir presuntamente en los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, cuyo origen es ni más ni menos el haber intentado desvirtuar los testimonios de Juan Monsalve y Carlos Enrique Vélez, exparamilitares del Bloque Metro, que señalan al expresidente y a su hermano, Santiago, de participar en la formación de dicho bloque.

Esa investigación seguirá en la sala penal del Tribunal Superior de Cundinamarca. Ante esta instancia, la Fiscalía difícilmente podrá solicitar una tercera preclusión, pues deberá recabar más pruebas que le permitan presentar un caso nuevo.

Así, Uribe se encuentra ad-portas de ser llamado a un juicio en su condición de ciudadano y hacendado del Ubérrimo. Al renunciar a su curul en el Senado para eludir la competencia de la Corte Suprema de Justicia, deberá afrontar una sentencia que lo declarará inocente o culpable, como un incriminado más y no como ese líder político y estadista que aspiraba a “entregar una Nación mejor a quienes vienen detrás. No quiero morir con la vergüenza de no dar hasta la última lucha para que mi generación pueda esperar tranquilamente el juicio de la historia”, como lo escribió en el punto 100 de su Manifiesto Democrático.

Pero todo parece indicar que antes tendrá que someterse a una sentencia penal, que no le ha permitido esperar tranquilamente ese juicio de la historia, por su incapacidad para reconocer plenamente sus responsabilidades políticas e innumerables deudas pendientes con la verdad y el dolor de miles de víctimas, como los atroces “falsos positivos”, producto de su pregonada política de “seguridad democrática” y la Directiva 029 del ministerio de Defensa de su ministro Camilo Ospina Bernal.

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