Pese a la magnitud del escándalo, la ministra se niega a renunciar, el presidente respalda su decisión y la procuradora guarda silencio. La poca decencia que le quedaba al gobierno parece haberse esfumado.
Libardo Espitia*
¿En qué va el escándalo?
El contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados por 1,07 billones de pesos sigue dando de qué hablar.
La semana pasada, después de que MinTIC confirmó la caducidad del contrato y ordenó el embargo de las cuentas de los integrantes de la Unión Temporal, Fernando Duque, el representante legal de Centros Poblados, anunció que la empresa interpondrá una demanda y buscará una indemnización si no prospera la tutela por violación al debido proceso que está en manos del Juzgado Civil de Barranquilla.
Pese a la magnitud del escándalo, la ministra Karen Abudinen se niega a renunciar y está a la espera de la moción de censura que se llevará a cabo el próximo viernes 3 de septiembre.
La licitación
El 12 de agosto de 2020 el Comité de Contratación del MinTIC aprobó el proceso licitatorio FTIC-LP-038-2020 y publicó el anuncio de convocatoria del proyecto de Centros Digitales con un valor estimado de $2.138.117.270.477. El proyecto estaba divido en dos regiones (A y B) y su objetivo era llevar conexión de internet a más de 7.000 colegios de distintas zonas rurales del país.
El 23 de septiembre del mismo año, la Secretaría General del MinTIC abrió el proceso y recibió las postulaciones de diez proponentes: UT Conectando a Colombia, Comcel S.A., UT SES INRED, Chica Great Wall Industry Corporation, UT Centros Poblados Colombia 2020, UT Red Iris, U-Red, EMDEMSATEL, UT ETB NET y UT Conexo TIC.
El 6 de noviembre MinTIC publicó el informe de evaluación preliminar y el 9 de diciembre adjudicó a Comcel S.A. la región A por una cuantía de $1.065.564.968.972 y la región B a Centros Poblados por un valor de $1.072.552.301.475.
La región B abarca los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Para proteger los recursos del proceso, se suscribieron las siguientes pólizas:
| PÓLIZAS Y/O GARANTIAS BANCARIAS | |||
| Amparo | Número de póliza | Vigencia | Compañía aseguradora |
| Buen manejo y correcta inversión anticipo | Garantía Bancaria No. 202-1156-01001 | 18-12-2020 al 31-07-2022 | Banco Itaú Corpobanca |
| Cumplimiento incluido multas y penal pecuaria | Garantía bancaria No. 2020-1056-01002 | 18-12-2020 al 31-07-2022 | Banco Itaú Corpobanca |
| Pago de salarios y prestaciones sociales | Garantía bancaria No. 2020-1156-01003 | 18-12-2020 al 31-07-2025 | Banco Itaú Corpobanca |
| Responsabilidad civil extracontractual | RE012537 | 12-12-2020 al 31-07-2022 | Confianza |
Fuente: FUTIC-Secop II
La interventoría, por un valor de $19.454.583.271, fue adjudicada al Consorcio P2020 C Digitales conformado por las empresas Telemediciones SAS, PMO SOLYCOM SAS Y Eurocontrol S.A. Sucursal Colombia.
Quienes son los contratistas
Según el contrato estatal de aportes No. 1043 de 2020, la Unión Temporal Centros Poblados está integrada de esta forma:
| Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 | Representante Legal
Luis Fernando Duque Torres |
Porcentaje % | Municipio |
| Fundación de Telecomunicaciones,
Ingeniería, Seguridad e Innovación |
Carlos Enrique Páramo Samper | 35% | Barranquilla |
| ICM Ingenieros SAS | Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera | 35% | Bogotá |
| INTEC de la Costa SAS | Hugo Armando Canabal Hoyos | 15% | Barranquilla |
| Omega Building Constructora SAS | Juan Sebastián Vergara Ortega | 15% | Barranquilla |
Fuente: FUTIC-Secop II
El Registro Único Empresarial (RUES) contiene la siguiente información sobre los integrantes de la UT Centros Poblados:
| Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 | Objeto social/actividades económicas | Fecha de matrícula |
| Fundación de Telecomunicaciones,
Ingeniería, Seguridad e Innovación |
Actividades de telecomunicaciones inalámbricas/ Actividades de consultoría informática/ Comercio al por mayor de computadores | 2011 |
| ICM Ingenieros SAS | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril/ Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas | 1994 |
| INTEC de la Costa SAS | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril/ Fabricación de muebles | 2004 |
| Omega Building Constructora SAS | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería/ Construcción de edificios residenciales | 2016 |
Fuente: RUES
Las irregularidades
Al poco tiempo de adjudicarse el contrato a Centros Poblados, el Banco Itaú reveló que no había suscrito ninguna de las tres pólizas que garantizaban los riesgos de la contratación. Además, se supo que el anticipo de los $70.243.279.599 concedido al contratista había ido a parar en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos).
Unos días antes, Centros Poblados aseguró que los recursos habían sido usados para comprar equipos a la empresa Nuovo Security LLC, pero uno de los socios denunció que su firma había sido falsificada por otros miembros de la empresa.
La decisión del MinTIC
Estas irregularidades llevaron a MinTIC a declarar la caducidad del contrato y a imponer una multa de $39 mil millones a Centros Poblados. La empresa decidió imponer una tutela con el fin de revertir la decisión del Ministerio.
Mientras no haya una decisión oficial, ninguno de los integrantes de Centros Poblados puede ejecutar los contratos que tienen con otras entidades estatales como el INVIAS, el IDU y el FUTIC.
Además de decretar la caducidad del contrato, Abudinen ordenó:
- Interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para empezar las investigaciones pertinentes;
- Trasladar el proceso a los entes de control, es decir, a la Procuraduría y la Contraloría;
- Empezar el proceso de control interno para establecer fallas en el interior del Ministerio;
- Investigar a Consorcio PE 2020 C Digitales, la firma interventora responsable de supervisar la ejecución del contrato y avalar los giros y anticipos;
- Investigar a SESCOLOMBIA, la entidad contratada por el Ministerio para evaluar los riesgos y las garantías del proceso que dio el concepto favorable para contratar a Centros Poblados;
- Revisar las bodegas y los colegios donde Centros Poblados asegura que están los insumos tecnológicos necesarios para hacer un levantamiento.
Los vínculos de la ministra con el charismo
La ministra llegó al cargo el 5 de mayo de 2020 en reemplazo de Sylvia Constaín. Algo de lo que se ha hablado poco es que Abudinen es muy cercana a la casa Char: además de pertenecer a Cambio Radical, Alejandro Char la nombró Secretaria de Educación en su segunda administración y unos años después el Presidente la designó Consejera Presidencial para las Regiones.
En principio, la Procuraduría General de la Nación tiene la responsabilidad de vigilar la conducta de cualquier servidor público, incluyendo a quienes desempeñan funciones públicas o prestan un servicio público de forma temporal, pero en este caso la objetividad de la institución podría verse comprometida por la cercanía de la procuradora Margarita Cabello con el charismo.
Varios familiares de Cabello firmaron contratos con la alcaldía de Alejandro Char, con la de Jaime Pumarejo y con la gobernadora Elsa Noguera. Recientemente la procuradora fue recusada, alegando que debería apartarse de la investigación por su cercanía con la ministra. Hasta el momento, Cabello no se ha pronunciado.
Igualmente no se puede olvidar que la barranquillera Margarita Cabello hizo parte del Gobierno actual siendo Ministra de Justicia hasta el año 2019, para luego ser postulada por el Presidente para el cargo de Procuradora General y como era previsible el Senado bajo la presidencia de Arturo Char Chaljub, su nombramiento no tuvo talanquera alguna obteniendo un total de 83 votos en plenaria. Por tales razones se pone en tela de juicio su independencia y objetividad para adelantar cualquier investigación contra algún alfil del gobierno, en especial la Mintic y más aún cuando ella misma una vez elegida Procuradora se ha referido “a nuestro gobierno”.
El Mintic administra el Fondo Único de las Tecnologías de la información y las Tecnologías-FUTIC cuyo representante legal es la secretaria general Adriana Vanessa Mesa Consuegra (barranquillera), quien también ha prestado sus servicios en la Alcaldía de Barranquilla y en la Alta Consejería para las Regiones. Con la ley 1341 de 2009 se definieron las funciones del Fondo consistentes en la financiación de planes, programas y proyectos para facilitar el acceso universal de todos los ciudadanos a las tecnologías de la información y las comunicaciones; el fortalecimiento de la televisión pública y la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y cultural, entre otras.
Por ello es que ante semejante escándalo resulta inaceptable que Duque haya salido a respaldar a la ministra. ¿Acaso se evaporó la poca ética que le quedaba al gobierno nacional?
