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Casas de Justicia: una buena idea mal administrada

Escrito por Mauricio García
Casa de Justicia en la localidad de Bosa.

Casa de Justicia en la localidad de Bosa.

Mauricio García Carolina Villadiego BurbanoAnte la crisis – y las huelgas- en la rama judicial, estos centros de atención alternativa se vuelven más importantes. En qué consisten, qué han hecho y cómo pueden mejorar sus servicios en Colombia. 

Mauricio García Villegas* – Carolina Villadiego Burbano**

Justicia fuera de la rama judicial

El año pasado la Rama Judicial estuvo en paro durante varios meses. Esto perjudicó tanto a los ciudadanos que estaban privados de su libertad o que necesitaban resolver sus conflictos judiciales, como a las personas y entidades públicas que litigan ante la Rama.

Sin embargo un paro judicial no significa que dejen de prestarse todos los servicios de justicia en Colombia. Es más, una porción importante de dichos servicios está por fuera de la Rama Judicial, y esto sucede con las Casas de Justicia, de las cuales hablaremos aquí.

Según un estudio de Dejusticia a partir de la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (ENNJ), los colombianos recurren más a las autoridades administrativas que a las  judiciales cuando apelan al Estado para la solución de sus conflictos. Así lo hizo un 67,9 por ciento de la población general en el año 2013, un 58,5 por ciento de la población en extrema pobreza y un 72,2 por ciento de la población discapacitada.

Una de tales entidades “administrativas” son las Casas de Justicia. Según la ENNJ, el 77,9 por ciento de la población conocía su existencia.

Casa de Justicia en la ciudad de Villavicencio.
Casa de Justicia en la ciudad de Villavicencio.
Foto: Casas de Justicia

Las casas

Las Casas de Justicia son centros que reúnen distintas agencias del Estado, nacionales y locales, para ofrecer servicios de justicia en forma coordinada.

La idea fue propuesta en 1976 por Frank Sander, un profesor de Harvard especializado en mecanismos para la resolución alternativa de conflictos, y fue adoptada por países como Francia, como una forma de brindar acceso a la justicia en zonas altamente conflictivas.

En otras partes del mundo existen instituciones similares, aunque sus objetivos pueden ser  diferentes En América Latina estos centros se han creado con dos grandes propósitos: concentrar en un solo lugar la oferta de servicios estatales de justicia en zonas vulnerables, y fomentar el uso de mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos.

Por regla general no hay jueces en las Casas de Justicia, lo que no deja de ser paradójico.

En Colombia existen actualmente más de 100 Casas de Justicia. Las primeras fueron creadas durante la década de los noventa y se concentran en zonas estratégicas. Los centros surgen por iniciativa de los gobiernos municipales y son coordinados por el Ministerio de Justicia, que fija sus lineamientos generales.

En 2013, las Casas de Justicia recibieron 183.401 solicitudes. Las mujeres fueron sus usuarias principales y el motivo más común para solicitar servicios ante ellas fueron los conflictos familiares, aunque no es posible precisar de cuáles tipos de conflictos se trataba. Las entidades que recibieron más solicitudes fueron las Comisarías de Familia (con competencia para resolver conflictos de índole familiar) y las Inspecciones de Policía (competentes para promover la convivencia pacífica).

Proceso conciliatorio en la Casa de Justicia de Tumaco en el departamento de Nariño.
Proceso conciliatorio en la Casa de Justicia de Tumaco en el departamento de Nariño.
Foto: Casas de Justicia

Algunas dificultades

La creación de nuevas Casas de Justicia no ha respondido a una planeación seria ni basada en el análisis de la conflictividad territorial. Además, el repertorio  y cobertura de los servicios varían bastante entre uno y otro centros, puesto que dependen de la voluntad de las instituciones involucradas.

En general, las Comisarías de Familia y las Oficinas de Coordinación son las entidades con mayor presencia en las localidades, junto con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo como representantes de la Nación. Pero por regla general no hay jueces en las Casas de Justicia, lo que no deja de ser paradójico.

Agrupar los servicios de justicia tiene grandes ventajas, como concentrar su oferta en un solo lugar. Pero si no existe coordinación efectiva ni hay acuerdos mínimos sobre los servicios que deben brindarse, dicha agrupación tiene desventajas como que:

  • Las Casas  tiendan a convertirse en simples espacios físicos donde confluyen varias  instituciones, pero no en instrumentos para la provisión integrada de los servicios de justicia.
  • No se utilicen modelos adecuados de gestión.
  • No existan incentivos para recolectar información confiable, completa y sistemática, de modo que no es posible evaluar con rigor la eficacia del programa.

Por otro lado, aunque las Casas de Justicia prestan servicios de conciliación en derecho y en equidad que sin duda benefician al usuario, estos servicios tienen varios problemas; por ejemplo:

Las Casas de Justicia reflejan la arquitectura compleja del sistema de justicia en Colombia. 

1. Hay confusión entre la conciliación en derecho y en equidad; 

2. No se articulan debidamente estos dos mecanismos;

3. Falta control en el ejercicio de la conciliación en equidad, pues algunos conciliadores intervienen en controversias sobre las cuales carecen de competencia;  

4. Faltan incentivos adecuados para los conciliadores en equidad que ejercen sus funciones de manera gratuita.

Recomendaciones

Las Casas de Justicia reflejan la arquitectura compleja del sistema de justicia en Colombia. Son una iniciativa especialmente valiosa en un país donde hace tanta falta mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Pero, al igual que cualquier otra herramienta de acción pública, esta idea debe ser analizada con detenimiento, y tanto sus objetivos como sus estrategias y su diseño organizacional deben estar sujetos a revisión permanente.

Además, las Casas deberían rendir cuentas para que la ciudadanía conozca sus funciones y resultados, incluyendo sus costos de inversión y de funcionamiento. Su sistema de información no solo debe ocuparse de las solicitudes y trámites internos sino también del  contexto social, de las necesidades jurídicas de la población local y de la oferta judicial que existe en el territorio donde operan. La información por supuesto necesita ser confiable y detallar el contenido de las solicitudes recibidas, la atención y el seguimiento de los servicios prestados.  

Las Casas deben ser lugares donde se resuelven conflictos ciudadanos mediante acciones concertadas y organizadas, no apenas simples espacios donde  confluyen diversas entidades oficiales, y deben responder a las necesidades jurídicas específicas del territorio donde se encuentren. Bien orientadas, las Casas podrían mejorar la prevención, aumentar la oferta de justicia, coordinar los servicios y fortalecer la justicia en equidad.

No menos, importa repensar el diseño organizacional de las Casas de Justicia, para lo cual convendría:

1. Pensar en un sistema de coordinación efectiva entre las Casas de Justicia del país, que tenga facultades de planeación estratégica.

2. Pensar en modelos diversos para adaptarse mejor a las cambiantes necesidades de justicia local.  

3. Coordinar estas acciones con otros programas o políticas relacionadas.

Las acciones antedichas permitirían que las Casas ayuden a consolidar la presencia estatal en el territorio, particularmente en la periferia, donde es fundamental fortalecer las instituciones de justicia.
 

*Doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Louvain-La-Neuve (Bélgica), profesor de la Universidad Nacional e investigador principal y director de investigaciones del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (DJS).

twitter1-1@mgarciavillegas

**Abogada de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de la Universidad de George Washington, magister en Ciencia Política y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) e investigadora principal de Dejusticia.

 

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