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Cárceles: para desactivar la bomba de tiempo

Escrito por Libardo Ariza

Libardo Ariza

Los estallidos se repiten, el hacinamiento sigue siendo alarmante, el INPEC es incapaz de manejar las cárceles, la política criminal marcha a bandazos y falta decisión en la cumbre.  Pero las soluciones sí existen.

Libardo José Ariza*

Otra tragedia anunciada

La muerte de once personas durante un incendio en la Cárcel Modelo de Barranquilla es el último episodio de la historia de infamia de las prisiones colombianas. Una historia que sigue siendo escrita acudiendo al mismo eufemismo: las cárceles son una bomba de tiempo. Un eufemismo que evita enfrentar con valentía política el problema porque siempre da un compás de espera.


Cárcel del Buen Pastor en Medellín.
Foto: I. D. R. J.

Pero este eufemismo se agotó, la bomba detonó. El fuego que consumió las vidas de los internos de Barranquilla así lo demuestra. Llegó el momento de abandonar la retórica fácil y tomar medidas efectivas para que el incendio no se propague a los demás establecimientos carcelarios del país.

Ya sabemos que las cárceles son una bomba de tiempo. Lo que se necesita es valor para desactivarla antes de que se produzcan más explosiones y tragedias.

Pensar que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tiene la capacidad para evitar una nueva tragedia es una esperanza de tontos. El INPEC tiene a su cargo la resocialización, custodia y vigilancia de las 120.032 personas privadas de la libertad, para lo cual cuenta con 76.066 cupos.

Pero para cumplir esa tarea gigantesca, cuenta con un personal recargado de trabajo, mal pagado y en pésimas condiciones laborales, que no logra atender las exigencias de (i) custodia interna de los pabellones, (ii) remisiones a diligencias judiciales y médicas, y (iii) garantía de las visitas en condiciones de seguridad y dignidad. Parecida es la situación del personal encargado del tratamiento penitenciario.

Ya sabemos que las cárceles son una bomba de tiempo. Lo que se necesita es valor para desactivarla antes de que se produzcan más explosiones y tragedias.

Los esfuerzos loables de un grupo de funcionarios por realizar un buen trabajo se desvanecen en medio de las prácticas de corrupción y privilegio que lastran la institución. El control de los patios lo asumen informalmente los propios internos. Los nuevos cuadros de guardia y custodia son demasiado jóvenes –por lo general vienen de prestar su servicio militar en establecimientos-y reciben una capacitación veloz que deja vacíos en asuntos básicos como el uso de la fuerza y los derechos humanos.

Tamaño del hacinamiento

Estas dificultades adquieren proporciones monumentales cuando el hacinamiento alcanza el 100 por ciento en aquellos establecimientos a donde se puede propagar la tragedia.

Establecimiento

Capacidad Real

Total población

Hacinamiento

Caloto

48

170

254,2 %

Puerto Tejada

66

161

143,9 %

Santander de Quilichao

230

461

100,4 %

Pasto

568

1288

126,8 %

Cali

1667

6367

281,9 %

Barranquilla

454

1.123

147,4 %

Barranquilla

640

1.609

151,4 %

Sabanalarga

50

105

110,0 %

Magangue

56

195

248,2 %

Quibdó

286

717

150.7 %

Medellín

2.424

6.894

184,4 %

Itagüí

328

894

172,6 %

Bucaramanga (ERE)

1.336

2.772

107,5 %

Bucaramanga (RM)

247

521

110,9 %

Aguachica

70

211

201,4 %

Sincelejo

512

1.187

131,8 %

Santa Marta

312

1.238

296,8 %

Riohacha

100

446

346,0 %

Montería

840

2.011

139,4 %

Valledupar

256

1.119

337,1 %

Fuente: INPEC, estadísticas de diciembre de 2013.

 

Soluciones y responables

Con la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC) se pensó que el sector se transformaría. Aunque es pronto para evaluar el desempeño de la Unidad, es claro que los resultados del denominado Plan de Deshacinamiento 2011-2014, cuyo eje fuerte es el Plan 60.000 (por el número de cupos que espera habilitar), han estado por debajo de lo esperado.

Tampoco las medidas adoptadas en virtud de la Emergencia Carcelaria. Dentro de estas se destinaron 6.083.258.487,00 millones de pesos para la rehabilitación de 2.380 cupos. Pero se sigue creyendo que el incendio se  apagará echándole cemento.

Las ingentes sumas de dinero invertidas en el sistema resultan insuficientes para atender el crecimiento de la población interna, fomentado por una política criminal preocupada por satisfacer las emociones mediáticas y sociales que demandan mano dura contra el crimen.

Hasta ahora la falta de liderazgo del Ministerio de Justicia ha permitido que la crisis estalle nuevamente. Los encargados de la política pública en materia penitenciaria y carcelaria deben empezar a actuar de manera responsable.

Y esto empieza por despolitizar las entidades encargadas de dirigir el sistema para convertirlas en instancias técnicas cuyo personal directivo tenga vocación de permanencia, principalmente el Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa y la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, pertenecientes al Ministerio de Justicia. Se necesitan funcionarios que no teman a la reacción mediática desfavorable cuando adopten medidas técnicamente adecuadas aunque impopulares. Los Doce Pasos de la política penitenciaria se están dando a un ritmo cansino.

Los funcionarios directivos apenas permanecen en los cargos o cuentan con escasa o nula experiencia en el sector. Posiciones de alta exigencia técnica son ocupadas por personas que creen que un viceministerio es apenas un paso natural de su promisoria carrera política. La política penitenciaria no tiene rumbo porque no hay quien la dirija.


Hacinamiento de presos.
Foto: ACLU of Southern California

Profesionales jóvenes y valiosos dedican casi todo su tiempo a contestar los cientos de acciones de tutela y derechos de petición causados, precisamente, por la ausencia de la política pública que no logran formular. En medio de su frustración, la respuesta rutinaria al interno es que el asunto no es de su competencia, que su solución le corresponde al Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios o a Caprecom.

Una política criminal responsable debe tener en cuenta que las iniciativas legislativas que tiendan a aumentar el número de personas privadas de la libertad o el tiempo de permanencia intramural deben ir siempre acompañadas de un análisis de sostenibilidad.

Debe asumir que el Estado es responsable de la garantía de condiciones mínimas de vida digna para las personas privadas de la libertad, guste o no, y que por ello no debería encerrar más personas de las que puede sostener. Debe asumir que si el Estado decide excarcelar no es para quitarse un problema de encima –como sucede con la actual reforma- sino que debe implementar programas para la atención y control de las personas que cumplen su pena de manera extramural. Debe asumir que la política criminal empieza con la prevención del delito. La política criminal no significa usar el crimen para hacer política.

Los funcionarios directivos apenas permanecen en los cargos o cuentan con escasa o nula experiencia en el sector. Posiciones de alta exigencia técnica son ocupadas por personas que creen que un viceministerio es apenas un paso natural de su promisoria carrera política.

Salvo contadas excepciones la valentía política también brilla por su ausencia en la Rama Judicial. Los jueces cierran los ojos ante las condiciones infrahumanas de reclusión, asegurando que temen el linchamiento mediático o la investigación disciplinaria que se desata cuando ordenan algo distinto al ingreso y permanencia en prisión. Para defender su carrera defienden el encierro.

Cuando se trata de responder a las acciones de tutela interpuestas por internos e internas, el panorama es igualmente desalentador. Las respuestas judiciales reconocen la violación de sus derechos pero las órdenes concretas son tan ambiguas como su posición política.

Algunos jueces han optado por la suspensión de ingresos a establecimientos para intentar algo nuevo. Pero se encuentran solos cuando sus superiores jerárquicos revocan sus decisiones hurgando el expediente en busca de algún formalismo.

El silencio de la Corte Constitucional, que sigue en mora de intervenir de manera clara y contundente, aumenta el sentimiento de desolación. Hace falta valor para desactivar la bomba penitenciaria. Esperemos que el tribunal encargado de velar por la integridad y supremacía de la Constitución asuma el reto de sofocar el incendio penitenciario. Parece que nadie más tiene la voluntad política de hacerlo.

 

*Director del Grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

 

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