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¿Cárcel para niños, niñas y adolescentes?

Escrito por Viviana Vargas Vives
Cárcel para niños

Decidir sobre los mecanismos de justica que se deben implementar a los menores de 18 años que están en conflicto con la ley, no puede reducirse a una disputa entre sectores políticos. Este asunto requiere reflexiones más responsables.

Viviana Vargas Vives*

Un debate opacado

Para quienes queremos dar una discusión seria y técnica sobre los derechos de las infancias y adolescencias, es indignante y agotador que el debate siempre se vea opacado y reducido a la controversia política que los adultos crean alrededor de estas.

Tal es el caso del Centro de Atención Especializado “Campo Verde”, ubicado en la localidad de Bosa en Bogotá, que se destinaría a la reclusión de niños, niñas y adolescentes que hayan cometido hechos contrarios a la ley.

El gobierno nacional, en cabeza de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, rechazó la entrega de esta instalación por parte del distrito de Bogotá. El hecho ha sido ampliamente divulgado y criticado en redes sociales y medios de comunicación, desde lógicas principalmente adulto-céntricas que fallan de manera preocupante, al no abordar la conversación desde el enfoque de los derechos.

¿Cómo nació el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia?

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se crea en el marco de la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia en el 2006. Su pertinencia respondía a la necesidad de ajustar la legislación colombiana a las normas, reglas y directrices acogidas desde las instancias internacionales y regionales sobre la materia, en las cuales se exhortaba a los Estados a promover un sistema de justicia penal diferencial para niños, niñas y adolescentes, diseñado desde el reconocimiento y la protección de sus derechos humanos como un interés superior de los Estados.

Le ha resultado útil a gran parte de la sociedad el conveniente desinterés que produce deshumanizar “al otro”, poniéndole calificativos y rótulos en razón a sus acciones, negando a ver el vínculo que existe entre el delito y las circunstancias de vida de quien lo comete.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, reconoce que “el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad” (artículo 40.1).

La CDN, así como todas las disposiciones del Sistema de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, se convirtieron en un referente internacional para diseñar los sistemas de justicia juvenil y alientan a concebirlos en perspectiva de la justicia restaurativa.

Los programas de justicia restaurativa para niños, niñas y adolescentes deberían pensarse desde un enfoque integral y multisectorial, concentrase en proteger y potenciar sus proyectos de vida y sus capacidades, tomando en especial consideración sus contextos sociales, culturales y territoriales. Este enfoque trascendería las evidentes limitaciones del sistema de justicia penal que conocemos ya que garantizaría un acceso continuo a los servicios del estado en el marco de la garantía de derechos, lo que reduciría de manera importante los índices de reincidencia.

Como dijo la oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños en 2013, “En lugar de determinar cuánto castigo se inflige, la justicia restaurativa mide cuánto daño se repara o cuánta recurrencia de violencia se previene mediante un proceso efectivo de reintegración de los niños, adolescentes y jóvenes a la sociedad.”

Violencia contra las infancias en el contexto de la privación de su libertad

El Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños de 2006 puso de manifiesto la incidencia del maltrato y el abuso ejercido contra los niños, niñas y adolescentes involucrados en el sistema de justicia y dejó en evidencia los altos índices de violencia psicológica, física y sexual a los que eran sometidos durante la reclusión y la privación de su libertad.

Esta violencia recae de manera exacerbada sobre las niñas, quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, producto de las lógicas machistas y misóginas que se perpetúan, al igual que en la sociedad, dentro de los centros de detención.

Es de importancia mencionar que muchos jóvenes y adolescentes que ingresan a los centros especializados de atención, cumplen penas en años, lo que genera que muchos de ellos y ellas lleguen a la adultez durante su aprisionamiento, implicando esto un riesgo para los niños y niñas que habitan las mismas instalaciones.

Atendiendo a esta misma reflexión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda a los Estados “(…) incorporar en sus legislaciones la obligación de aplicar, como primera opción, una amplia gama de medidas sustitutivas a la privación de libertad”.

La justicia restaurativa

En muchos países de tradición punitivista, como el nuestro, el concepto de la justicia restaurativa puede ser nuevo, desconocido y confundirse bajo una falsa percepción de impunidad.

Pero en muchas sociedades tradicionales, los valores de la justicia restaurativa tales como la reconciliación, la reparación y el respeto mutuo, han servido para resolver conflictos y consolidar los vínculos en la comunidad, así como para restaurar la armonía social.

Promover y hablar de la justicia restaurativa no es novedad ni experimentación, pero sí sería una inmensa equivocación, seguir insistiendo en un modelo penal represivo, cuya finalidad es meramente retributiva y que no le aporta nada a una sociedad fragmentada por la polarización, por la estigmatización y por la insuficiente e incipiente doctrina del castigo como principal recurso de aprendizaje y aleccionamiento.

Aunque una de las principales características y finalidades de nuestro Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es la justicia restaurativa, la practica dista mucho de este objetivo. De manera reiterada vemos cómo la sociedad y las instituciones colombianas se resisten a la idea de un crimen sin un castigo, en el sentido estricto del concepto. Esta visión excesivamente paternalista y proteccionista de la justicia le resta importancia a la corresponsabilidad que existe entre el Estado, la sociedad y la familia en asegurar el bienestar de niños y niñas desde su primera infancia, lo que evitaría que lleguen a los sistemas de justicia penal con proyectos de vida interrumpidos y con pocas o nulas posibilidades de salir de una vida en la ilegalidad.

Como escribe Llobet Rodríguez, “Uno de los principios fundamentales del Derecho Penal Juvenil, que surge de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, es que debe dársele prioridad a la prevención antes que a la represión, se hace énfasis en el carácter excepcional que debe tener la privación de la libertad, la cual debe ser usada como último recurso y por el periodo más breve posible”.

Las voces que falta incluir en el debate

Frente a la polémica que se ha desatado en estos días, vale la pena plantear las siguientes preguntas:

¿En qué momento nos pareció admisible hacer a un lado las voces y experiencias de aquellos jóvenes y adolescentes que infortunadamente ingresan al sistema de responsabilidad penal?, ¿qué encontraríamos en común si conociéramos sus historias de vida? Probablemente: ausencia de oportunidades; abandono del Estado, de la sociedad y de la familia; y exposición, en la mayoría de los casos, a múltiples tipos de violencia y explotación.

Foto: ICBF - Los programas de justicia restaurativa para niños, niñas y adolescentes deberían ofrecer el apoyo para evitar que se repitan modelos de comportamientos anteriores y conductas que lleven a la reincidencia.

Los programas de justicia restaurativa para niños, niñas y adolescentes deberían pensarse desde un enfoque integral y multisectorial, concentrase en proteger y potenciar sus proyectos de vida y sus capacidades, tomando en especial consideración sus contextos sociales, culturales y territoriales.

¿Por qué en este debate la tensión entre el Distrito y la Nación —o entre López y Petro—ha tenido mayor relevancia que las consideraciones que deberían hacerse sobre el impacto que tendría para la vida de una comunidad que busca reparación y reconciliación, la existencia de un centro de reclusión que aísle y aparte a niños, niñas y adolescentes del seno de sus familias, de su lugar en la sociedad, de las lógicas de su comunidad?

Le ha resultado útil a gran parte de la sociedad el conveniente desinterés que produce deshumanizar “al otro”, poniéndole calificativos y rótulos en razón a sus acciones, negando a ver el vínculo que existe entre el delito y las circunstancias de vida de quien lo comete. De esta manera, la conveniencia está en esquivar cualquier responsabilidad individual o colectiva que nos competa, por décadas y siglos de negligencia con los más frágiles, por tanta desidia ante la injusticia y desigualdad que de manera desproporcionada recae sobre ellos, ante nuestros ojos.

Entonces, deberíamos cerrar esta conversación con el más importante de los cuestionamientos:

¿Cuánto de lo que nos lleva a defender la idea de que niñas, niños y adolescentes puedan ser catalogados como criminales sin consideración de sus contextos, y privados de su libertad en consecuencia de aquello, responde verdaderamente a la necesidad de eliminarlos tajantemente de nuestra vista, escondiéndoles tras muros, rejas y edificaciones para evitar confrontarnos con nuestra propia indiferencia?

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1 Comentario

Anónimo diciembre 6, 2023 - 8:54 am

la autora desconoce un hecho y es que la edad adolescente ya no es hasta 18 años, en la practica. Asi por jemplo le da patente de corzo a los niños de la primera linea que destruyen la protesta digna y civilizada con el vandalismo, justificando su actura de unos pocos frente a la gran mayoria de los jovenes. Mucha permisividad y comprension forzada sin desconocer tambien los contextos de los jovenes. Debe haber un equilibrio

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