Las dificultades de la implementación del Acuerdo de La Habana en una región golpeada por el conflicto vienen a demostrar que la “paz estable y duradera” solo puede construirse desde los territorios y de abajo para arriba.
Alejandra Ciro*
Un futuro sin la guerrilla
La dejación de armas en la zona veredal de Agua Bonita, en Montañita, Caquetá, y en el punto transitorio de normalización de Miravalle, San Vicente del Caguán, constituye uno de los hitos más importantes en la historia de un departamento que ha sido particularmente marcado por el conflicto armado colombiano.
En términos absolutos, los acuerdos de La Habana han permitido una reducción notable en el número de homicidios en Caquetá. Este es un beneficio indudable para la región; pero ¿qué sigue ahora? ¿cuáles retos enfrentan el desarrollo de los acuerdos y la consolidación una “paz estable y duradera” en el departamento?
Para un territorio cuya configuración estuvo intrínsecamente ligada con el conflicto armado, el desarme del actor político, social y militar más importante de las últimas décadas sin duda da lugar a una serie de desafíos, al demandar unos mecanismos de adaptación al escenario “post-insurgente”. ¿Cómo será Caquetá sin las FARC como guerrilla?
“Desarrollo” y posconflicto
 Reunión con habitantes de Montañita y Cartagena del Chairá que están prestos a empezar proyectos como los PDETS Foto: Alta Consejería para el posconflicto |
Pese a los altos índices de victimización, el dominio de las FARC en Caquetá, particularmente en el norte, limitó la proliferación de grupos armados paramilitares o de delincuencia común. La guerrilla se conectó con procesos de organización campesina y, en esta medida, aportó en la construcción de formas de organización comunal que permitieron a los campesinos, aun en medio del conflicto, generar una economía con valiosos niveles de prosperidad.
El papel de las juntas de acción comunal y la existencia de espacios desde los cuales se promovió la convivencia y la construcción de infraestructura hicieron que, por ejemplo, San Vicente del Caguán fuera en el 2016 el municipio con mayor número de bovinos, muy por encima de una reconocida capital ganadera como Montería.
Sin dejar de lado el alto costo ambiental que conllevó esta economía ganadera, puede decirse que – en contravía de los lugares comunes que relacionan la violencia con la pobreza o con la marginalidad-, en Caquetá se reconoce a San Vicente del Caguán como un motor de la economía regional.
Las FARC hicieron entonces parte de unas condiciones de desarrollo económico que, con la dejación de armas, se enfrenta a retos importantes.
Sin duda, parte de lo que le espera al departamento está condicionado por la política que se formule en torno a la economía ganadera del Caguán, que hasta hace pocos días tenía a la población demandando mayor atención del Gobierno.
La seguridad amenazada
El asesinato de líderes como Erley Monroy y Didier Losada en noviembre del 2016, la circulación de panfletos amenazantes, rumores sobre la llegada de hombres armados que buscan imponer un nuevo orden y hechos como el incendio de un camión transportador de leche hace pocos días expresan algunos de los desafíos que enfrenta el territorio ante la dejación de armas por las FARC. A esto se suma la información sobre posibles disidencias que han empezado a moverse en la región, como la de los exintegrantes del Frente 14.
Según Medicina Legal, San Vicente del Caguán, Tumaco (Nariño) y Tibú (Norte de Santander) son los municipios del país donde más se concentra la violencia no asociada con el conflicto armado. Esta situación da cuenta de las consecuencias ligadas a los cambios en la regulación social y en las formas de autoridad en el posconflicto.
Cabe anotar que este fenómeno se concentra principalmente en el área rural, donde se da el 68,6 por ciento de los homicidios totales, y expresa que el marco en el cual se desarrollan estos homicidios obedece probablemente a las transformaciones en la estructura de las FARC, al surgimiento de disidencias y el enfrentamiento entre nuevos grupos que buscan copar el territorio y apropiarse del negocio del narcotráfico. Este es un ejemplo de cómo el acuerdo puede aumentar la violencia en ciertos territorios y cómo urgen adoptar estrategias de intervención focalizada.
Retos para el medio ambiente
Ahora bien, el medio ambiente es otro de los escenarios seriamente amenazados en el posconflicto. Según el Ideam, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán son dos de los tres municipios donde hay mayor deforestación en el país, representando un doce por ciento del total nacional.
La expectativa por el abandono de algunas zonas por las FARC, que en articulación con las comunidades obligaba a respetar un porcentaje de bosque en cada finca y que además disuadía a grandes inversionistas de entrar en el departamento, ha provocado que actualmente se esté tumbando la selva y ampliando la frontera agrícola, efecto totalmente contrario a lo acordado en la Reforma Rural Integral.
Paralelo a esto, la arremetida petrolera en el departamento no solo ha desencadenado, junto con la colonización andina, una de las mayores amenazas al territorio amazónico, sino que también ha generado un proceso de resistencia popular que no se veía desde hace décadas en la región.
Campesinos de todos los municipios de Caquetá se han organizado para oponerse a la llegada de las petroleras y es probable que parte de este rechazo se haya manifestado en alguna medida a través del voto por el “No” en el plebiscito del 2 de octubre, pues no era fácil para los manifestantes recién ultrajados por el ESMAD entender en qué iba a consistir la paz de Santos.
La paz territorial
 Caquetá es un centro ganadero importante Foto: IGAC |
La movilización social en Caquetá manifiesta los retos que para la paz representa la democracia local y la participación de las comunidades en el orden político colombiano.
La posibilidad de la construcción de la paz territorial pasa por respetar y promover los mecanismos de participación de las comunidades. El futuro de la implementación de los acuerdos de paz depende de que esta surja desde el territorio. Sin embargo, la población no ha sido oída.
Esta desatención de las exigencias de los territorios es patente en los programas de sustitución de cultivos ilícitos, ya que, tras los acuerdos firmados entre cultivadores y el Gobierno en Montañita y en San José del Fragua, el Gobierno no parece ver ninguna incoherencia en seguir ejecutando la erradicación forzada.
Según denuncia el medio alternativo Recpsur, dos días después de la firma del acuerdo en San José del Fragua y del compromiso de las comunidades con el Plan Nacional Integral, la policía irrumpió con erradicación forzada.
Así mismo, Caquetá, como otras regiones de Colombia, ha sido escenario de lo que los pobladores llaman la “feria de los chalecos”. Numerosas ONG y operadores que han aprendido a usufructuar la palabra paz gastan cuantiosos recursos en múltiples proyectos que no representan un cambio real en las estructuras políticas, económicas y sociales que están en el trasfondo del conflicto en el departamento.
No solo las comunidades están cansadas de los talleres y de los proyectos que se desarrollan solo para tomar la foto y legalizar recursos, sino que la construcción de la paz territorial fracasará si sigue imperando esta misma lógica de acción.
La academia regional y los políticos locales
 Florencia, Caquetá Foto: Wikimedia commons |
Por su parte, la Universidad de la Amazonía, que debería ser un importante centro de pensamiento, sufre la crisis de muchas universidades regionales y públicas, envueltas en el clientelismo y escándalos de corrupción. El último estalló hace pocas semanas.
La academia, que debería ser un actor relevante a la hora de hacer recomendaciones, seguimiento y promoción de la implementación de los acuerdos de paz, es en la región una voz casi inaudible.
A su vez, si se revisan los pronunciamientos de los líderes políticos locales, en el mejor de los casos su apoyo a la paz se relaciona con el clientelismo, y no con una defensa de los acuerdos de la Habana.
Los argumentos de los políticos locales a favor del “Sí” en el plebiscito tenían más que ver con la posibilidad de que las FARC dejaran de existir y provocar víctimas, que con un compromiso real con la región. De ahí que, dejadas las armas, habría poco interés en la implementación de los acuerdos, lo cual es preocupante si se considera que el proceso de paz contempla puntos para el campo y demás territorios afectados por el conflicto.
Sin duda, los enfrentamientos entre las FARC y la dirigencia local durante décadas y la falta de visión frente a lo que significa la paz hacen que no se vea en el notablato local un liderazgo que impulse el desarrollo de los acuerdos.
Además, mientras la articulación del departamento al sistema político nacional siga atada al clientelismo, en el que lo que prima es el interés electoral, es muy difícil pensar en la paz territorial.
Como lo presentaba el centro de pensamiento AlaOrilladelRío, Florencia es una ciudad que concentra el mayor caudal electoral de Caquetá y su tendencia política reciente, cercana a la derecha, hace que los políticos no tengan incentivos para promover la paz.
Caquetá, un escenario para la reconciliación
Por último, quizás el reto más importante sea la reconciliación. El territorio fue por mucho tiempo escenario de un conflicto armado con graves niveles de degradación. Diversos ciclos de violencia hacen que haya todavía muchas heridas abiertas e incertidumbres frente a lo que significa la paz.
Frente a la persecución de los movimientos sociales en la década de los setenta y ochenta, el genocidio de la Unión Patriótica, el ataque al liberalismo turbayista, la violencia contra las autoridades locales en los noventa, la represión contra los campesinos y lo que significó la arremetida paramilitar y del Plan Colombia, los caqueteños no saben aún cómo tramitar la paz.
Pese a que es posible que parte del rechazo a los acuerdos se debió a la posibilidad de la entrada de las petroleras, no se debe olvidar que Caquetá fue quizás el único departamento del país azotado por el conflicto armado en el que triunfó el “No”.
Lo que muestran los análisis electorales es que el territorio está dividido: una parte está representada por Florencia, que no cree en la paz, y la otra, por las comunidades campesinas del norte y oriente, con una tradición de resistencia y organización, que esperan salir del ciclo de violencia gracias al proceso de paz.
Caquetá debe creer en la paz y debe apropiarse de este acuerdo. Ese quizás es el reto más grande y también el más importante.
* Historiadora de la Universidad de los Andes, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, investigadora del Centro de Pensamiento AlaOrilladelRío, Florencia-Caquetá.
